Según datos del ministerio de Producción y Trabajo, las solicitudes de procedimiento preventivo de crisis fueron 55 casos en 2016; 83 en 2017 y 108 en 2018.

La cartera de Producción y Trabajo, a manos de Dante Sica, reveló un dato alarmante. Desde la asunción de Cambiemos, las solicitudes de procedimientos de preventivos de crisis (PPC) no han parado de aumentar. En 2016 fueron 55 los casos presentados, en 2017, 83 y en 2018, 108. Es decir, que en dos años casi duplicaron.

Estos cifras revelan que en la administración macrista, y sobre todo el año pasado, el PPC se ha convertido en un recurso utilizado por las empresas para “abaratar” sus costos. Es decir, para atacar los derechos de los trabajadores (vía despidos, rebajas salariales, reducción de las indemnizaciones, mayor flexibilización en las condiciones de trabajo, etc). Todo lo que tanto empresarios y como funcionarios gubernamentales quisieron hacer de manera legal, mediante una reforma laboral aprobada en el Congreso, pero no pudieron.

En el 2018, uno de los grupos empresariales que echaron mano a esta maniobra fue Carrefour, una de las cadenas de supermercados más grandes, que tiene unas 500 sucursales y 19.000 empleados en todo el país.

Este año, el PPC se perfila otra vez como uno de los elegidos por los grupos empresarios a la hora de tener que ajustar laboralmente a sus trabajadores, al compás del ajuste llevado por el Gobierno nacional. Recientemente han utilizado este recurso, FATE, propiedad del grupo Madanes que según los balances presentados no atraviesa ninguna crisis económica, la línea aérea low cost Avianca (que antes pertenecía al Grupo Socma de la Macri y la Editorial Atlántida, entre otros.

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Una maniobra patronal al servicio de atacar derechos laborales

Bajo un falso discurso de atravesar algún tipo de crisis económica, las empresas utilizan el PPC para maximizar aun más sus ganancias, aumentando la explotación de sus trabajadores.

Bajo este paraguas, el Estado permite que se vulneren derechos laborales conquistados hace años. Así, abren la puerta para que los trabajadores y sus familias sufran despidos masivos, suspensiones, reducciones de salarios, de montos indemnizatorios y todo tipo de mecanismos felxabilizadores.