Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Guardia Nacional sería el equivalente a los Cascos Azules, brazo armado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un Ejército nada ejemplar en el respeto de los derechos humanos, pero sí representativo de la hipocresía y la impunidad imperantes entre quienes forman parte de las distintas Fuerzas Armadas y los gobiernos o administraciones que las comandan de a cuerdo a los intereses que sirven.
Compuesto por casi 90 mil elementos militares y otros 15 mil civiles, las "fuerzas de paz" de la ONU se encuentran dispersas por el globo en al menos catorce misiones, principalmente en territorio africano. Tras 70 años de existencia, los Cascos Azules han protagonizado numerosos escándalos por abuso sexual y trata.
Tan sólo de 2010 a 2018, la ONU (que ha sido garante de la impunidad) registró 600 denuncias, cifra que contrasta con una investigación de The Associated Press, que hacia 2017 reportó más de 2 mil denuncias contra el organismo por abuso y explotación sexual.
Uno de los casos más recientes y escandalosos en los que se ha evidenciado el actuar de los Cascos Azules, ocurrió con la ocupación de 13 años que la ONU mantuvo en Haití. En noviembre de 2010 ocurrieron incendiarias protestas contra esta Fuerza, mismas que dejaron un saldo de dos muertos y decenas de heridos.
El ofrecimiento de la administración obradorista para que organismos internacionales como la ONU fiscalicen las tareas de seguridad en México no es ninguna garantía. La Organización ha demostrado una y otra vez su complicidad con los distintos gobiernos para la ocupación militar, así como para la violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como el genocidio.
Joven en Sierra Leona durante protesta contra Cascos Azules
Uno de los mecanismos de impunidad de los Cascos Azules es la regla que dice que sus soldados y policías sólo pueden ser juzgados en su país de origen, toda vez que la ONU sólo tiene responsabilidad sobre el personal civil. Repatriados, las denuncias quedan sin resolver y, como en el caso de los cascos azules involucrados en una red de trata de menores que operó de 2004 a 2007 en Sri Lanka, ninguno enfrenta la cárcel. De 412 cascos azules acusados desde 2010, apenas 41 han enfrentado algún tipo de proceso penal.
Cascos Azules conteniendo protesta en Paraguay
En lo que fue una nueva defensa de su proyecto de Guardia Nacional, López Obrador insistió en que no tiene ningún "problema de conciencia" y ratificó que lo que busca es extender la participación de las Fuerzas Armadas de la seguridad interior a la seguridad pública y dotarlas de margen legal, por medio de una reforma a la Constitución.
Pese a la inconformidad, el tabasqueño no ha cedido ni un ápice de su propuesta original, rechazando un mando civil, abogando por el mando único y reiterando la determinación de su gobierno para valerse del Ejército y la Marina como piezas clave de su estrategia de seguridad. | 
