Son más de 30 comunidades indígenas las que integran la Asamblea Permanente de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ubicados en la puna jujeña están en conflicto con el gobierno y el estado provincial por el avance del negocio empresarial del litio en sus territorios ancestrales. Ante esta situación realizaron días atrás medidas de protesta como el corte de la intersección de las rutas provinciales n°52 y n°79, las cuales, retomaron durante el día miércoles.
El reclamo no es nuevo sino que antecede al gobierno de Gerardo Morales. Durante el gobierno del peronista Eduardo Fellner, las comunidades salineras realizaron distintas medidas de protesta, y llevaron su denuncia a la Corte Suprema de Justicia, y ante las Naciones Unidas en el año 2012. Aseguran que el gobierno y el estado, como también las multinacionales no respetan sus derechos preexistentes reconocidos en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Como parte del proceso de organización y ejercicio de sus derechos adquiridos que tienen las comunidades nucleadas en la Asamblea, elaboraron, años atrás, un Protocolo a quien denominaron Kachi Yupi, y marca el Procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre, informado, de las Comunidades de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. El mismo es de carácter vinculante y obligatorio y establece procedimientos que debe respetar el Estado y las empresas en proyectos que afecten sus recursos naturales, salud, educación, subsuelo, actividades extractivas, etc. Es este protocolo el que Gerardo Morales y los responsables del JEMSE y la Secretaría de Minería que las comunidades denuncian que se ha violado.
No nos interesa JEMSE, no nos interesa el litio.
Son varias las comunidades indígenas ubicadas en esos territorios que rechazan este tipo de emprendimientos ya que impacta de manera directa en sus vidas, su producción, afectando un importante recurso como es el agua.
En distintos comunicados de prensa, la Asamblea expresó el rechazo al accionar de la empresa estatal JEMSE y a la explotación del litio en sus territorios. Esta decisión también fue expresada, en medio del corte de ruta realizado en la ruta provincial 52, el pasado miércoles, al presidente del JEMSE, Ing. Carlos Oehler, y al Secretario de Minería e Hidrocarburos, Miguel Soler, que se hicieron presentes producto del corte llevado adelante por los manifestantes.
Como parte del rechazo a la extracción del litio en sus territorios, los integrantes de la Asamblea expresaron, que el gobierno provincial “anule el concurso de oferentes N°1/2018 de la empresa JEMSE con el que pretende entregar las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc a la explotación del litio y que se retiren todos los proyectos de megaminería de la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc”. (Comunicado de prensa de la Asamblea 15/02/2019).
También plantean que se “…reconozca a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, como patrimonio natural, cultural y ancestral de los Pueblos Originarios, y como zona libre de Megaminería, de minería de litio, como cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la pachamama y atenta la forma de vida de las comunidades…”
Intimación policial y chantaje del gobierno
Durante los días que realizaron corte de ruta las comunidades denunciaron el amedrentamiento policial y de efectivos de gendarmería que se hicieron presentes como única respuesta del gobierno. Recién el sábado 16/02 levantaron el corte sobre la ruta provincial n°52 ante el compromiso por parte del gobernador Gerardo Morales de hacerse presente ante la Asamblea el miércoles 20 de febrero en el paraje Saladillo, Salinas Grandes.
Sin embargo, el mismo gobierno provincial, mediante un comunicado de prensa, anunció una reunión no pactada con la Asamblea, para el día de ayer en Casa de Gobierno, lo que generó rechazo por parte de la misma Asamblea, y el anuncio de que si Morales no cumple con la reunión acordada, realizarían nuevas medidas de protesta y el inminente corte de ruta.
Luego de la reunión fallida, el gobierno provincial emitió un comunicado de prensa, difundido en la cuenta oficial de twitter, donde acusa a las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc de No asistir al diálogo, y las convoca nuevamente a una reunión para el próximo martes 26. También afirma que la convocatoria de oferentes no sería realizada hasta que no se llegue a un consenso con las comunidades.
Los negocios de las multinacionales atentan contra la vida de las comunidades
La situación que viven históricamente las comunidades indígenas en la puna jujeña es bastante grave, ya que mayoritariamente son sectores que viven en la pobreza. Las mismas están cada vez más imposibilitadas de poder vivir de sus producciones tradiciones como la ganadería, el tejido, la extracción salina, entre otras actividades, ya que ni siquiera tienen garantizado el acceso a servicios esenciales como es el agua, el gas o la luz eléctrica. El avance de los emprendimientos mineros sobre sus territorios impacta precisamente en sus modos de vida, y muchas veces los expulsa de sus territorios.
Valiéndose del hambre, la pobreza, y la necesidad, el gobierno y el estado, serviles a los grandes negocios de las multinacionales que saquean los recursos, generan todo tipo de divisiones entre los mismos integrantes de las comunidades, enfrentando incluso a quienes sin otra opción terminan vendiendo su fuerza de trabajo a las empresas y al mismo estado, bajo condiciones de extrema precariedad laboral, o una suerte similar, sobre todo, para los jóvenes que migran a las ciudades en busca de un futuro mejor, pero terminan realizando los peores trabajos.
Queda claro que el estado y el gobierno provincial de turno, como el de Gerardo Morales, para garantizar los grandes negocios de las multinacionales deben avasallar los derechos preexistentes de las comunidades indígenas en Jujuy, condenándolas a la pobreza. Sólo una salida de los trabajadores y sectores oprimidos de Jujuy pueden luchar para que los pueblos originarios cuenten con sus tierras comunitarias, que se respeten sus saberes, modos de vida, cuenten con educación intercultural bilingüe y se garantice su derecho a la autodeterminación. |
