¿Alguien se acuerda de cómo empezó el mandato de Barcelona en Comú hace ya 4 años? El incumplimiento del “compromiso de las escaleras” con los trabajadores de la marea azul de Movistar nada más ganar las elecciones municipales y la consiguiente alfombra roja para que se siguiera realizando el Mobile World Congress en Barcelona fue el primer aviso de que poco o nada iba a cambiar respecto a la gestión capitalista de la ciudad, al estilo de los años de PSC y PP.
Luego llegaría el mantenimiento de los sueldazos y las puertas giratorias de los directivos de TMB o las concesiones de los servicios sociales a grandes empresas como Clece o Suara. El drama de los desahucios, por su parte, no hizo más que aumentar. Y esto solo en los primeros meses de gobierno municipal de BeC.
Sin embargo, si hay algo que haya caracterizado al equipo de Ada Colau en estos 4 años, algo en lo que han sido más que constantes, es en la represión a los vendedores ambulantes, uno de los sectores más desprotegidos de la ciudad.
A pocos meses de la llegada de BeC al Ayuntamiento se presentaba el código de actuación policial Víctor Alfa, incrementando la presencia y las intervenciones policiales en determinadas “zonas calientes” de la ciudad.
Más tarde, la autoorganización y la formación del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona ante la persecución y criminalización por parte de la Guàrdia Urbana, llevó al momento de mayor agudización del conflicto. Se intensificaban entonces los registros y confiscaciones; las persecuciones, intimidaciones y palizas a los portavoces del sindicato se convirtieron en una constante y llegaron los primeros presos sociales de Ada Colau.
Hoy, 4 años después, todo sigue igual. Esta semana se hacía efectivo un nuevo dispositivo de seguridad para desalojar a los vendedores de “top manta” de la plaza Catalunya, uno de los puntos de mayor venta.
En este caso, el dispositivo permanente, está cargo de la Guàrdia Urbana, los Mossos d’Esquadra y personal de seguridad de del propio metro (TMB) y cercanías (Renfe). El objetivo, según el propio Ayuntamiento es que tras las hacerse efectivo el operativo, los vendedores ambulantes “no vuelvan a ocupar el espacio público”.
Es decir, que tras las redadas policiales, se mantenga un destacamento que impida nuevamente el acercamiento de los “manteros”. Además, el Comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, declaraba hace pocos días que desde el operativo “se intervendrá con la fuerza necesaria para que dejen de hacer la actividad”.
El mismo Recasens, que como la principal autoridad policial del gobierno municipal de BeC, afirmó nada más ocupar el cargo que “disolver totalmente los antidisturbios de la policía municipal de Barcelona no es una tarea fácil”, dejando así en papel mojado otra de las principales medidas que proponía el equipo de Colau en su programa electoral.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el conflicto con los “manteros” entró en una guerra de baja intensidad pero sin cuartel, tal y como pusieron de manifiesto desde el propio Ayuntamiento cuando se anunció el Código Victor Alfa, “el conflicto debe estar centrado en una mayor intervención social y laboral por una parte, mientras por la otra reforzar la seguridad”, incrementando así una persecución cotidiana de menor magnitud pero permanente en el tiempo. Todo ello bajo el manto de mesas sociales de negociación o cooperativas que no llevan a ningún sitio cuando no se dispone de "papeles".
Sin embargo, para los grandes medios, el lobby turístico y la oposición en el Ayuntamiento, la represión ejercida por parte de BeC hacia los “manteros” ha sido insuficiente durante estos 4 años.
Y es que son muchas las asociaciones de comerciantes de Barcelona que vienen incrementando desde hace años la presión para demandar aún más “mano dura”. Comerciantes que, aunque se quieran disfrazar de “comercio de proximidad”, forman parte de un auténtico lobby como es el turístico de Barcelona. O lo que es lo mismo, los grandes magnates del comercio de la Barcelona cosmopolita dedicada al turismo y a los ricachones.
No es casualidad tampoco que, a pocos meses de las elecciones municipales, Ada Colau y Barcelona en Comú decidan dar un nuevo salto en la criminalización de un sector como el de la venta ambulante. “Barriendo” la ciudad como ya ha hecho en innumerables ocasiones al servicio de los negocios capitalistas.
Sin duda, la política de Barcelona en Comú, durante estos 4 años, choca con los límites del neorreformismo de Podemos y sus confluencias de la ilusión de que se puede gestionar las instituciones de esta democracia para ricos y ponerlas “al servicio de la gente”. | 
