En la mañana de este viernes, como cada año, familiares y amigos de las víctimas, junto a sobrevivientes y organizaciones solidarias, se dieron cita en la Estación de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, para homenajear a quienes dejaron su vida en ese crimen social ocurrido el 22 de febrero de 2012.
Aquella mañana la formación 3772 de la línea Sarmiento llegaba a la terminal de Once pero no frenó a tiempo y terminó chocando contra los paragolpes de contención. Las imágenes del horror y la desesperación de quienes buscaban familiares entre las listas de fallecidos, registrada por todos los móviles periodísticos, quedarán para siempre en la memoria colectiva.
Un nutrido grupo de familiares, apoyados por organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, no cesaron en su reclamo de juicio y castigo para los responsables. Así lograron sentar en el banquillo de los acusados a empresarios que se enriquecieron con los subsidios estatales descontrolados y con el vaciamiento del ferrocarril, así como a funcionarios y exfuncionarios responsables por las políticas de transporte.
La causa tuvo 21 condenas en primera instancia, de las cuales 20 fueron ratificadas en la apelación.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido (con múltiples acusaciones por diversas causas) fue condenado el año pasado a cinco años y ocho meses de prisión solo por “administración fraudulenta”, al tiempo que fue sobreseído por el delito de “estrago”. Los familiares de las víctimas pelean para que sea condenado también por el cargo del cual fue absuelto.
Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte de la Nación al momento del choque del tren, había sido condenado a ocho años y la Cámara de Casación le redujo la pena a cinco años y seis meses. En tanto que su antecesor Ricardo Jaime había sido condenado a seis años de prisión y luego la Cámara elevó la pena a ocho.
Sergio Claudio Cirigliano, presidente de la empresa TBA, recibió nueve años de prisión (luego reducidos a siete) y Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans (empresa que debía controlar a TBA), recibió ocho años de prisión pero luego le redujeron la pena a seis.
Por TBA también fueron condenados Sergio Tempone (cinco años), Carlo Ferrari (cinco años), Jorge De Los Reyes (cinco años), Carlos Pont Verges (cinco años), Roque Cirigliano (tres años y medio), Antonio Suárez (cuatro años), Laura Aída Ballesteros (cuatro años), Guillermo D’Abeningo (cuatro años), Francisco Pafumi (cuatro años), Víctor Astrella (cuatro años), Pedro Raineri (tres años).
De Cometrans también fueron condenados Alejandro Rubén Lopardo (tres años), Oscar Gariboglio (tres años) y José Doce Portas (tres años).
Daniel Lodola, gerente de la Línea Sarmiento, había sido condenado en primera instancia y luego fue absuelto por un fallo de Cámara. Y el maquinista del tren que chocó, Marcos Córdoba, también recibió una condena de tres años y tres meses.
Luego de la masacre de Once el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de su ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, buscó darle una salida a la crisis abierta en su administración nacionalizando la gestión de los ferrocarriles e invirtiendo en renovación de trenes y mejora de infraestructura ferroviaria.
Sin embargo muchos problemas continuaron y la persecución estatal y de la burocracia sindical a los trabajadores ferroviarios que sistemáticamente denunciaron antes, durante y después de la masacre las condiciones laborares y de funcionamiento de los trenes no se detuvo.
Claramente, de no haberse producido ese crimen social de pasajeros aquel 22 de febrero (que fue el corolario de otros hechos trágicos anteriores ocurridos en la misma línea) el kirchnerismo hubiera continuado el festival de subsidios en beneficio exclusivo de sus empresarios amigos.
¿Qué se hizo desde entonces para obligar a los Cirigliano y compañía a devolver hasta el último peso entregado por el Estado para sus negociados? Tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri deben coincidir en la respuesta: “esa también te la debo”. | 
