Los motivos son más que evidentes. El propio papa ha sido protagonista de tres hechos que colmaron el vaso.
El primero, el lapidario informe de la Corte del Estado de Pensilvania, donde se informaron más de mil casos de abusos sexuales contra infantes, perpetrados por unos 300 clérigos.
El segundo, el impacto que causó en la opinión pública estadounidense la noticia de que uno de los principales jerarcas católicos de Estados Unidos, el cardenal Theodore Edgar McCarrick, era un consumado predador sexual.
El tercero, la noticia del nombramiento en un organismo vaticano, efectuado por el propio Bergoglio, del obispo argentino Gustavo Zanchetta, acusado y denunciado también como abusador.
El escenario social en el que comenzaron las deliberaciones no puede ser peor para las huestes de Francisco. Y la realidad puertas adentro de la institución tampoco.
El mantenimiento del sistema de encubrimiento de abusadores, enquistado en la estructura de la institución, goza de muy buena salud. Se suma a ello, el funcionamiento y organización donde el abuso de poder, la denegación de justicia para las víctimas y la vulneración de derechos, son una constante.
Así llegan a la cumbre.
Declaraciones previas, la obsesión de la credibilidad y el barniz inquisitorial
Las declaraciones previas no han sido muy afortunadas. El coordinador de la Cumbre, Federico Lombardi, sostuvo que por el flagelo de los abusos “la Iglesia está herida en su credibilidad”, signo inconfundible de que la prioridad de la cumbre no es la elaboración de lineamientos eficaces para prevenir y reparar el daño ocasionado a las víctimas, sino la supervivencia de la propia institución. Como se dice en el lenguaje popular, “mantener el negocio”.
Reconocimiento implacable de que las víctimas siempre vendrán detrás de la institución, nunca antes.
“Quienes se pasan la vida acusando a la Iglesia son parientes del diablo”. La frase no es del maestro de inquisidores Tomás de Torquemada, sino del papa Francisco, quien la pronunció horas previas al comienzo de las deliberaciones.
La invectiva inquisitorial, propia de un jesuita con incontinencia verbal, fue lanzada a raíz de las críticas que recibe la Iglesia desde hace tiempo por la no extirpación del flagelo.
De inmediato, viene a la mente la frase que lanzó en Argentina en 2010 cuando se estaba debatiendo el matrimonio igualitario. En ese entonces dijo que el “matrimonio homosexual era un pacto con el diablo”.
El destrato a las víctimas
Golpeándose el pecho, fingiendo arrepentimiento, dolor, congoja; lanzando súplicas al cielo para obtener la misericordia que ellos mismos han negado por siglos a las víctimas, vejándolas sin piedad y en un clima de sensiblería, comenzaron el evento.
Y lo empezaron con un descomunal acto de cobardía, no permitiendo que las víctimas participen, cara a cara, de debate alguno.
La participación de los abusados se reduce a un video, donde cuatro o cinco víctimas relatan los terribles tormentos que padecieron, o el testimonio personal al final de las deliberaciones, nunca dentro de ellas.
Rúbrica que confirma que los carniceros de la humanidad no tienen los cojones necesarios para soportar un debate “mano a mano”.
Este destrato también es la ratificación que, para la Iglesia, las víctimas siempre han sido parias, “infectados” que no merecen un lugar (el que en justicia les corresponde), por lo tanto, se los reduce a su mínima expresión.
El criterio para discernir la sinceridad o la deshonestidad de la cumbre
No es otro que el legal, en especial, si de una buena vez la Iglesia católica cumplirá las exhortaciones urgentes que en 2014 el Comité de los Derechos del Niño le hizo a la Santa Sede.
El documento llamado “Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede”, contiene nueve advertencias. Entre ellas, “modificar el derecho canónico para que el abuso sexual de los niños se considere un delito y no una simple infracción moral y que se deroguen todas las disposiciones que podrían imponer la obligación de guardar silencio a las víctimas y a todas las personas que tienen conocimiento de estos delitos”.
El Comité advierte al Vaticano sobre la necesidad de que establezca “normas, mecanismos y procedimientos claros para que se denuncien todos los casos en que se sospecha el abuso y la explotación sexuales de niños a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”.
De modo tal que si deciden encuadrar el funcionamiento institucional al derecho internacional de los derechos humanos, podrá hablarse de un proceder ajustado a derecho.
De lo contrario, se ratificará el estado de corrupción y criminalidad vigentes, marca registrada del catolicismo romano.
El autor es abogado de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en derecho canónico y asesor letrado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico | 
