La patronal del campo andaluz y sus pregoneros de los medios de comunicación afines vienen pregonando en esta última semana una supuesta “escasez” de trabajadores para la recogida de la fresa en Huelva. Lo que no dicen es que el sistema de contratación de la patronal agraria se basa en el colonialismo y la vulneración sistemática de los convenios agrarios y abusos como las que se dieron en el caso de las trabajadoras de la fresa que intentaron deportar ilegalmente en junio de 2018.
Esta patronal lleva 20 años empleando el sistema de contratación en origen (Europa del Este y Marruecos). Este año el Gobierno central ha autorizado 19.200 nuevos contratos de trabajadores de Marruecos para la recogida de los frutos rojos y cítricos en la provincia (mil más que en 2018). No contamos con datos de otras nacionalidades, pero las cifras pueden ser mucho más altas. Una contratación planificada en base a las políticas de contratación que llevan haciendo a lo largo de 20 años, no como fruto de una repentina escasez de trabajadores.
¿Qué consiguen con este sistema de contratación? Una mano de obra más dócil puesto que genera una gran indefensión en las trabajadoras contratadas. Éstas son más vulnerables a las presiones de sus patrones porque en cualquier momento se las puede amenazar con devolverlas a sus países, ser coaccionadas con el típico “al año que viene no te llamaremos”, además tienen un mayor desconocimiento del idioma y, por supuesto de la legalidad, convenios o derechos fundamentales.
A estas condiciones muy ventajosas para los terratenientes, se añaden otras basadas en el género para poder explotar más impunemente a estas mujeres: “Los requisitos para contratar de origen a estas mujeres son: ser originaria de un medio rural con experiencia en la agricultura, estar casada, viuda o divorciada y tener al menos un hijo menor de 14 años. En definitiva, lo que buscan es población femenina más vulnerable para condicionarlas, no solamente a que regresen a su país de origen una vez acabe la temporada de recogida, sino que también someterlas a peores condiciones.”
El trato vejatorio o los abusos sexuales acompañan las condiciones de semiesclavitud en el trabajo como pudimos ver en el caso de las jornaleras marroquíes que habían sufrido abusos sexuales y “deportación ilegal” por parte de empresarios y capataces en Junio de 2018. Una lucha iniciada por el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) que indignó a miles de personas a lo largo del territorio español.
¿Por qué le dan voz los medios a estas afirmaciones de la patronal agraria?, para estigmatizar a los trabajadores y justificar futuras reformas laborales.
El latifundio 2.0 y sus consecuencias para los trabajadores andaluces.
Este modelo de explotación laboral, herencia del Antiguo Régimen, cubre bien las necesidades del empresariado agrario andaluz que se ha centrado en la producción de frutas y hortalizas. Esta producción la colocan en mercados europeos y tiene sus epicentros en Huelva, Almería y Granada.
El aumento de más del 11% de superficie de frutos rojos cultivada en 2018 permite hacernos idea de los enormes beneficios que obtienen los terratenientes.
La enorme concentración de la propiedad de la tierra característica del latifundio es el problema histórico de Andalucía. De hecho, en la Andalucía actual la tierra está concentrada en menos manos que en los años 30. En 1930, 5.400 fincas tenían unos 3. 377.515 hectáreas, el 42,24% de las tierras de Andalucía. En 1990, 5.980 fincas acaparan 4.181.860 hectáreas, el 55,05% del total de tierras cultivables de Andalucía (7.595.609 has). Una extrema concentración de la tierra que viene acompañada de los 7.913 cotos privados que hay en Andalucía, tierras que no se cultivan, pero que son necesarias para el ocio de los “señoritos”.
Ahora los terratenientes han dado con una útil herramienta, la importación de mano de obra barata, y sin posibilidad de estrechar lazos de solidaridad en el ámbito local que es fundamental para mantener las tasas de ganancia de esta burguesía agraria. Las contrataciones son la mejor herramienta para imponer este “ambiente laboral” regulado por la arbitrariedad patronal.
Este modelo económico supuestamente reinventado en el s. XXI es la principal causa de la larga lista de problemas que sufren los trabajadores andaluces.
Paro Estructural: En Andalucía se sufren tasas de paro estructural que doblan o triplican las de otras Comunidades Autónomas y triplican las de otras naciones de la UE. El desarrollo de un tupido tejido industrial iba contra los intereses de la burguesía agraria andaluza y de las otras burguesías regionales que sacaban tajada de sus productos agrícolas. Se creó así una situación similar a la del sur de Italia en la que el norte industrial utilizaba al sur como si fuera una especie de “colonia” de la que sacar materias primas y en la que vender sus manufacturas.
Emigración Forzosa: La emigración forzosa en Andalucía, alrededor de 2 millones de personas de origen andaluz viven fuera de su Comunidad Autónoma, de las cuales casi 250.000 residen en el extranjero, según datos de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. En el caso de Huelva, al comienzo de la crisis 57.528 personas nacidas en la provincia habían establecido su residencia en otras comunidades autónomas, con lo que actualmente es plausible un incremento de estas cifras.
Una esperanza de vida más reducida: los trabajadores andaluces vivirán 5 años menos que los de Madrid u otras regiones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y debemos recordar que en estos datos son medias de las esperanzas de vida de andaluces ricos y trabajadores, con lo cual en el caso de los trabajadores las diferencias pueden ser mayores.
La pobreza: Un 37,3% de la población en Andalucía está en riesgo de pobreza, en la provincia de Huelva (la tierra de la fresa) un 36,3% de la población está en riesgo de pobreza, según el Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía.
Agravamiento de la desigualdad y la violencia patriarcal: Una situación que se agrava para las jornaleras tal y como afirma desde el Área de mujer y políticas de Igualdad de CC OO en Huelva, Carmen Arenas: “El 40% de las mujeres trabajadoras onubenses cobramos menos de 370 euros mensuales y un 24% más percibimos menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que es actualmente es de 900 euros”. A esta desigualdad salarial se suman los abusos sexuales y diversas violencias contra las trabajadoras que viene denunciando el sindicato SAT desde hace años.
Esta situación sangrante que se vive en el campo andaluz exige que se lleve a término de una vez una verdadera Reforma Agraria, colectivizando la tierra tal y como demandan los jornaleros en lucha en Andalucía, una reforma que otorgue la tierra a quien la trabaja. La solidaridad y la organización entre los trabajadores, las mujeres, las inmigrantes son las herramientas fundamentales para acabar con los “males históricos” que sufren los trabajadores andaluces. | 
