El caso de Coca Cola es toda una muestra de lo que son capaces las grandes empresas, el gobierno y las cúpulas sindicales para descargar el ajuste sobre los trabajadores.
FEMSA es la representante de la multinacional norteamericana en gran parte de América Latina. Pero además se define como la “embotelladora más grande del mundo” de la marca. En 2018 facturó 10 mil millones de pesos, aumentó sus precios 60% y continuó con un plan de inversiones de 1200 millones de dólares. Sin embargo, ante una mínima baja en el consumo, el pasado miércoles presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis para despedir y flexibilizar.
El caso Coca tuvo hoy una primera definición. El gobierno anunció que no abrió el procedimiento, pero acordó con la empresa el despido de decenas de trabajadores. En un comunicado oficial, aseguró que “a partir de la audiencia de hoy, y con la intervención de la cartera de Producción y Trabajo, las partes lograron acordar la disminución del número de desvinculaciones que planteaba la empresa de 75 a 32”. Intenta mostrar como un logro producto del diálogo un pacto para despedir decenas de trabajadores.
El anunció generó malestar entre los trabajadores de la Planta Alcorta y sus familias. La Agrupación Marrón, opositora a la conducción del SUTIAGA (Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines), difundió un comunicando criticando cualquier pacto de despidos y llamando a acompañar la pelea contra el ajuste en Coca y otras empresas.
Comunicado
Ante la negativa por parte del gobierno al pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis, trascendió que Coca Cola Femsa acordó con el sindicato Sutiaga concretar 32 despidos en la planta embotelladora que posee en Pompeya y realizar decenas de traslados. Al respecto, trabajadores de la multinacional manifestaron: “Es un escándalo el acuerdo entre la empresa, el gobierno y el sindicato. El gobierno tuvo que salir a despegarse porque el anuncio del PPC generó un amplio repudio y burla popular ya que nadie puede creer que Coca Cola necesite despedir personal porque "no tiene ganancias. Esto se logró también producto de la respuesta inmediata de los trabajadores y la Comisión de Mujeres que salimos a denunciar que Coca Cola no tiene perdidas, sigue ganando millones y expandiéndose por el mundo, como lo demuestra con la última planta que acaba de adquirir comprar en Uruguay por 250 millones de dólares. En los hechos el gobierno lo que hace es avalar 32 despidos y traslados por parte de una empresa a la que si no le otorga el PPC es porque está haciendo un chantaje burdo y lo que quiere es ajustar y flexibilizar".
Y agregaron: "Este trascendido, además, contradice lo que dijo el sindicato: que no iban a permitir ningún despido. Exigimos al sindicato y a Pablo Fernández, Secretario General del SUTIAGA, que cumpla y que ni un sólo trabajador se quede sin empleo, y que el cuerpo de delegados actúe en consecuencia, convocando a asambleas para votar un plan de lucha ante este nuevo ataque. Coca Cola viene llevando adelante el PPC en los hechos desde el año pasado, con despidos, apertura de retiros "voluntarios" en 2019, aprietes y descuentos compulsivos y persecutorios, vacaciones adelantadas, este nuevo anuncio no es más que un nuevo chantaje de una multinacional imperialista prepotente que quiere imponer sus leyes flexibilizadoras y de ajuste en el país. Además, incumple con los fallos de la justicia que la obligan a reinstalar a despedidos del 2018. Hay que pararle la mano de una vez"
Por último, dijeron: "Si el gobierno rechazó el PPC es por el repudio popular y por la respuesta inmediata que tuvimos trabajadores de la empresa junto a los despedidos, la Comisión de Mujeres y la agrupación Marrón, que además de las denuncias públicas realizamos una protesta frente a la planta de Pompeya con el apoyo de trabajadores de FATE y SIAM, agrupaciones de mujeres y estudiantiles. Desde la agrupación Marrón junto a las mujeres y nuestras familias vamos a seguir en estado de alerta y movilizándonos contra la política de ajuste de la patronal, para que no haya ni un despido ni traslado y que la empresa cumpla con los fallos judiciales. No vamos a bajar a los brazos”. |
