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25 de febrero de 2019 Twitter Faceboock

INJERENCISMO
El Grupo de Lima tuvo que descartar opción militar y profundiza sanciones a Venezuela
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Este lunes se reunió el Grupo de Lima en Bogotá, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y a la que se incorporó el autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó. En dicha reunión se habría acordado un documento conjunto en el que estaría “excluido” el “uso de la fuerza” (intervención militar extranjera) para derrocar a Maduro.

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Se trata de una reunión luego del fracaso de la ofensiva golpista llevada a cabo este sábado 23 de febrero. En la misma habían concentrado todos sus esfuerzos, en la que se juntaron altos representantes del gobierno de Trump y de países latinoamericanos, incluyendo la presencia del presidente chileno, Sebastián Piñera, y hasta habían hecho viajar a Juan Guaidó a Cúcuta para que entrase “triunfante” al frente de la caravana de “ayuda humanitaria”. Un fiasco. Por eso estaba concentrada la atención de lo que acontecería este lunes en Bogotá con la reunión del grupo de Lima.

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Aunque Trump sigue con sus declaraciones que “todas las opciones están sobre la mesa”, los distintos representantes del grupo de Lima iban declarando durante la jornada que “descartaban” el “uso de la fuerza” en Venezuela. Tal como lo había hecho Perú y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, quien sostuvo que cree "firmemente" que es "posible devolver a Venezuela al concierto democrático de las Américas" sin "cualquier medida extrema". Aunque presiones en este sentido pueden venir más a futuro por parte del imperialismo yanqui, tratándose de escenarios que no se cierran.

Lo que sí estaría contenido en el documento, y en total sintonía con el “pedido” de Mike Pence al grupo de Lima, es en lo referente a que se propone tomar decisiones con la profundización de las sanciones económicas e insistir con la “presión diplomática” contra Maduro.

En dicho texto se instaría a congelar de inmediato los activos de PDVSA en sus respectivos países tal como ya lo ha hecho Estados Unidos con la petrolera venezolana Citgo, “transferir los activos venezolanos al control de Guaidó”, restringir la entrega de visas a los altos miembros del gobierno de Maduro y a votar en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para que reconozcan a Guaidó.

Las resoluciones expresas en dicho documento recogen prácticamente lo que les vino a dictar Mike Pence, y que había declarado horas antes en una conferencia de prensa junto al presidente de Colombia, Iván Duque, y Juan Guaidó.

A su llegada a Bogotá en horas de la mañana de este lunes, Mike Pence declaraba que “Hacemos un llamado a todas las naciones del Grupo de Lima para que congelen de inmediato los activos de PDVSA. En segundo lugar, transferir la propiedad de los activos venezolanos en su país de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente Guaidó”. Remarcando de manera impositiva que “Todos los países del grupo Lima tienen que hacerlo a partir de mañana”.

Al mismo tiempo anunciaba mayores sanciones económicas y diplomáticas contra Venezuela, declarando que "Ha llegado la hora y para respaldarlos (a los países del Grupo de Lima) en estos esfuerzos por instrucciones del presidente Donald Trump a partir de hoy Estados Unidos impondrá sanciones adicionales sobre funcionarios" del gobierno venezolano, entre ellos tres gobernadores de estados vecinos de Colombia. Agregaba también que "En los próximos días (...) Estados Unidos anunciará sanciones aún más fuertes a las redes financieras corruptas del régimen".

Su prédica vino poco después que el gobierno de Estados Unidos estableciera sanciones a cuatro gobernadores venezolanos por supuesta “corrupción y por impedir el ingreso de ayuda humanitaria”. Unas sanciones que se anunciaron en Bogotá cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y representante de la oposición, Juan Guaidó, se reunieron con miembros del Grupo de Lima. Las mismas fueron anunciadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, desde Washington.

“El (Departamento del) Tesoro está sancionando a cuatro gobernadores estatales alineados con el expresidente Maduro por frenar una asistencia humanitaria gravemente necesitada", declaraba Mnuchin. Los sancionados son los gobernadores de los estados Apure, Ramón Carrizalez, y Zulia, Omar José Prieto, ambos fronterizos con Colombia, y los de los costeros de Carabobo, Rafael Lacava, y Vargas, Jorge Luis Garcáa Carneiro. Mnuchin remarcó que "EE.UU. respalda por completo los esfuerzos del líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó”.

Pence, en la conferencia de prensa, repitió la declaración anterior de que habría una amnistía para los miembros de las fuerzas armadas que apoyan a Guaido en los propios Estados Unidos. "Les dejamos en claro que apoyaremos el llamado del presidente interino para una amnistía, un gobierno inclusivo, un futuro inclusivo para los miembros de las Fuerzas Armadas, que han depuesto sus armas y apoyan al gobierno de Guaido", dijo Pence.

En total sintonía con Estados Unidos con las declaraciones de Donald Trumpo que “todas las opciones están sobre la mesa”, Juan Guaidó volvió a insistir en el uso de fuerzas militares extranjeras. Así declaraba que “Es el momento, hermanos, hermanas de toda la región, de actuar determinadamente y seguir construyendo esas capacidades con todos los escenarios internacionales posibles en respeto a la Constitución venezolana, toda la fuerza para poder que cese esa situación dramática en nuestro país”. Recordemos que Guaidó, haciendo alusión a la Constitución hace varias semanas apelaba al uso de fuerzas militares extranjeras en el país.

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Por su parte, el otro títere de Washington, el presidente colombiano, Iván Duque, declaraba que “Tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado”.

Aún estará por verse qué características tendrán las sanciones “mayores” que ha anunciado Mike Pence que buscarán el estrangulamiento económico del gobierno de Maduro para hacerlo caer. Pero hay que ser claros, en verdad son sanciones, como las anteriores anunciadas como el embargo petrolero, que recaerán con fuerza sobre el pueblo venezolano que ya viene padeciendo las grandes calamidades de la catástrofe económica y social por la responsabilidad del gobierno de Maduro. Queda develado así una vez más que lo de la “ayuda humanitaria” es toda una fachada para una escalada intervencionista cuando recurren a medidas de este tipo.

Por su parte Juan Guaidó ha anunciado que volverá a Caracas, aunque esta vez está entre las probabilidades de ser detenido pues tenía una decisión judicial encima que no podía salir del país. Aquí también se medirá la situación de Maduro si avanza en este sentido o se sienta presionado en extremo por las medidas a venir y no lleve a cabo tal opción. Nuevos escenarios están aún por desarrollarse en un momento donde los militares venezolanos se transforman con más fuerza en árbitros en la crisis nacional, y a los que todos apelan.

Mientras tanto es claro que, sin dar ningún apoyo político a Maduro, hay que oponerse férreamente a esta intervención descarada imperialista con sus sanciones incluidas. Si el imperialismo avanza en Venezuela en su escalada injerencista y golpista irán allanado el camino a una ofensiva mayor; por eso los trabajadores y pueblos de América Latina también tienen que hacerle frente a esta ofensiva del imperialismo estadounidense que cuenta con el apoyo de todo el derechismo continental.

 
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