Entrevista a Leónidas "Noni" Ceruti
Historiador.
1. Meses antes del golpe genocida, la clase obrera, durante las heroicas jornadas de junio-julio de 1975, enfrentó y derrotó el proyecto económico de Rodrigo-Isabelita, de distribución contra los trabajadores, que intentaba planificar la crisis capitalista.
El proletariado había acrecentado sus fuerzas de clase, organizándose fabrilmente, comenzando a superar -aunque en forma embrionaria- la constitución sindical. Pero la expresión de su mayor fortalecimiento consistió en debilitar a la burguesía, haciéndole cada vez más difícil gobernar bajo la forma más democrática de la dictadura del capital, la democracia burguesa parlamentaria.
2. Recuperar la autoridad política para usar el Estado, era el medio necesario para recomponer todas las relaciones sociales, restaurar el orden no sólo en la economía sino en la sociedad toda, era la necesidad fundamental de la burguesía.
Disciplina en las fábricas, disciplina en la producción, gritaba el capital.
Desde mediados de 1975, comenzaron a aparecer con frecuencia en el discurso de los militares, empresarios, políticos y sindicalistas, las apelaciones a la lucha contra la "guerrilla fabril", "las huelgas salvajes" y los "infiltrados en el movimiento obrero", tras lo cual toda la potencia represiva del Estado se concentró furiosamente sobre las fábricas, los trabajadores y sus aliados con todos los medios a su alcance.
Meses antes del golpe de 1976 los fenómenos que caracterizaban la situación del país eran los siguientes:
* Imposibilidad de mantener la conciliación de clases en el terreno de la producción.
* Se puso al rojo vivo la contradicción entre economía y política.
* La burguesía se debatía en su impotencia para gobernar, que se expresaba en: debilitamiento del ejecutivo; ruptura de la prescindibilidad de las Fuerzas Armadas; necesidad del reforzamiento de sus instituciones.
* Indisciplina social y productiva. La indisciplina fabril y la anarquía social carcomían el “cuerpo social”.
Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder.
El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares pondrían orden en las fábricas y en la sociedad.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.
¿Qué había sucedido? Desde 1969, en distintas zonas industriales, se habían ido dando formas organizativas democráticas, asambleas masivas, tomas de fábricas con o sin control obrero de la producción, con gran participación de las bases obreras, poder creciente de los cuerpos de delegados. Estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumó la intensificación de los debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fábricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.
Donde debía reinar la dictadura del capital, el orden en la producción, en el interior de las fábricas, allí la clase obrera aumentó la disputa. La burguesía no iba a tolerarlo.
Valga el ejemplo de los petroquímicos del Soepu de Pasa (San Lorenzo, pcia. de Santa Fe), con la toma de fábrica con gestión obrera de la producción durante 26 días en 1974.
Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se había gestado.
Las primeras medidas tomadas por la Junta Militar contra el movimiento obrero fueron claras: la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos –entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera–, la suspensión de la actividad gremial –asambleas, reuniones, congresos–, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. En 1979, la Ley de Asociaciones Profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica –en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6–, se aprobó la libre afiliación –a pesar de que el 95% de los trabajadores ratificaron a sus anteriores sindicatos–, se disolvieron las federaciones de tercer grado y se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder presentarse a trabajar. A esto se sumó la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del golpe se reformó la Ley de Contratos de Trabajo, que anulaba normas en materia de derechos.
Toda esa legislación se combinó con la represión: fueron ocupadas militarmente las fábricas en conflicto, y se reprimió especialmente a distintos gremios industriales y de servicios, a sus delegados y miembros de comisiones internas. Sindicalistas, delegados, militantes fabriles y abogados laborales fueron víctimas de la violencia aplicada desde el poder militar.
Los militares genocidas vinieron a poner disciplina y orden capitalista, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que había roto las jerarquías políticas en todos los planos.
El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, y la organización de la clase obrera. La clase obrera, desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.
El segundo objetivo del golpe militar, fue imponer el proyecto económico, que estuvo encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población.
Los Videla-Massera, al golpear el 24 de marzo de 1976, personificaron en el enfrentamiento capital-trabajo, a la burguesía contra el proletariado: planificación capitalista (plan distributivo contra el proletariado) y represión institucional.
Todo el peso represivo de las Fuerzas Armadas cayó sobre el proletariado. La clase obrera vio cómo uno a uno iban desapareciendo y cayendo sus mejores luchadores.
Por todo eso, es válido volver a recordar esta respuesta de Juan Alemann a un periodista:
“¿Cómo se explica que teniendo tanto poder en sus manos, la Junta Militar avanzara tan poco en las privatizaciones?”
Juan Alemann: “Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor. (La Nación, 9-4-1987, en “Capitalismo e Imperialismo”, Beba C. Balvé)
3. Los juicios iniciados en 1983, hasta la actualidad, me parecen un logro de los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda, y parte de la sociedad.
No están presos todos los culpables, falta enjuiciar a los responsables económicos del golpe, una buena cantidad de colaboracionistas civiles, de la Iglesia, y a muchos miembros de las FF.AA. en actividad: léase Milani.
4. Veo fundamentalmente dos aspectos:
1- Continuidad de planes económicos en contra los intereses de los trabajadores, y donde la concentración económica fue en aumento, beneficiando al capital financiero, y a un conjunto de empresas nacionales y extranjeras.
2- La represión continúa. Que lejos quedó aquella consigna “Desmantelamiento del aparato represivo”, no solo que no se desmanteló, sino que se aprobaron y aplicaron leyes represivas como la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y los planes para espiar, vigilar y reprimir.
Continúa la impunidad, la persecución, los procesamientos, las patotas y el espionaje contra las organizaciones de los trabajadores.
Entre los tantos “debe” de estos años en “democracia”, están los desaparecidos como Julio López, los asesinados como Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, los reprimidos como los obreros de Lear, los juicios a militantes como los petroleros de Las Heras, los asesinados por el gatillo fácil y la represión policial como Luciano Arruga. Esa “maldita costumbre de matar” continúa.
5. Duele y rebela la cooptación por parte del gobierno K de determinados organismos de derechos humanos, y personalidades de los mismos.
Tenemos en el caso Milani y en el silencio ante distintas injusticias que en otros momentos se denunciaban, como los ejemplos más claros a esa obsecuencia.
Pero son muchos los militantes y varios los organismos de derechos humanos, que no han bajado sus banderas. Y son muchos los jóvenes que se suman a la lucha.
Valga el ejemplo de la CORREPI, como un rescate de los tantos que siguen día a día la pelea.
El primer acto de libertad es decir NO frente a lo inaceptable (Albert Camus)
| 
