Los partidos del Congreso aprobaron por unanimidad el dictamen enviado por el senado. Sólo votó en contra la diputada independiente Ana Lucía Riojas y no hubo ninguna abstención.
El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Encuentro Social (PES), el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Verde Ecologista de México (PVEM) cerraron filas para legalizar el despliegue de militares en las calles, que desde el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico solo trajo muerte, tortura y desplazamientos forzados para las mayorías.
El nuevo cuerpo de las fuerzas represivas del Estado estará conformado por agentes de la policía federal, la policía militar y la policía naval. En forma gradual, en lo que se expide la ley reglamentaria de la Guardia Nacional, ésta se encargará de las tareas que establece la Ley de la Policía Federal.
A su vez, durante los cinco años posteriores a la entrada en vigor del decreto, el presidente podrá echar mano de la Fuerza Armada para tareas de “seguridad pública”, como sofocar la protesta social.
La principal concesión que debió resignar López Obrador es prácticamente de forma: el mando será civil, pero eso sí, el cargo lo ocupará un militar retirado de las fuerzas armadas.
Según dio a conocer Ricardo Gallardo Cardona, coordinador de los diputados sin partido en diputados, informó que la Guardia Nacional será capacitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos. Vaya garantía: una formación impartida por un organismo que sólo entre 2010 y 2018, registró 600 denuncias en contra de sus cuestionadas "Fuerzas de Paz".
El primero el que instauró la militarización y la guerra contra el narcotráfico en 2006 –ordenada y financiada desde Washington–, durante el gobierno de Felipe Calderón, Peña Nieto la continuó y López Obrador la legaliza, un verdadero alarde de bonapartismo que amenaza los derechos democráticos de la mayoría.
Hasta agosto de 2018, la agencia Apro publicó que se contabilizaban 257 mil 556 homicidios en México y más de 35 mil desapariciones según la BBC en junio de ese mismo año. En enero pasado, la secretaría de Gobernación reconoció que había 40 mil desaparecidos. Entre ellos están los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los hechos que aceleraron la caída del PRI y de todos los partidos patronales tradicionales.
Mientras se ventilaron por años los vínculos entre el crimen organizado, las fuerzas represivas y altos funcionarios, para lo único que ha sido útil el despliegue de militares y marinos a lo largo y ancho de México es para promover la industria armamentística de Estados Unidos, provocar el desplazamiento de comunidades en beneficio de mineras trasnacionales, sofocar la protesta social y mantener amedrentada a la población. Se trata de una estrategia de seguridad para garantizar los negocios del gran capital.
Ante la consolidación de la militarización, las trabajadoras y los trabajadores que están luchando, como en Matamoros, los jóvenes que tomaron las calles en 2018 al grito de #Fuera Porros de la UNAM, las mujeres que se organizan y luchan contra la violencia machista, los organismos de derechos humanos y las comunidades que enfrentan los megaproyectos tienen el desafío de poner en pie un amplio movimiento contra la militarización, del que participen los sindicatos que se reivindican democráticos como la NCT, la UNT y la CNTE, y por la inmediata vuelta de los militares a los cuarteles. | 
