Un nuevo golpe al bolsillo. Desde este viernes entró en vigencia la segunda parte del incremento en las tarifas de luz. El ajuste fue del 14 % en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El aumento acumulado en lo que va del año es del 43 %, porque ya hubo otra alza en febrero.
Según los anuncios oficiales, aún faltan dos subas más para las tarifas eléctricas de este año, que serán aplicadas en mayo y agosto. En total, el incremento de las facturas de luz será del 55 % durante 2019. El último “regalo” que dejó Iguacel, ex secretario de Energía de la Nación antes de ser eyectado del Gobierno.
La política de Cambiemos con las tarifas de los servicios públicos fue a puro “shock”. Subas exponenciales que se reflejaron en el aumento de las ganancias de las empresas, pero no en una mejora del servicio. Con las altas temperaturas nuevamente hubo cortes de luz que afectaron a miles de usuarios.
Es necesario terminar con el robo de las empresas privatizadas, herencia del menemismo y que el gobierno anterior mantuvo sin remover las compañías ni revisar de conjunto los marcos regulatorios.
Tarifas impagables
Las facturas residenciales en el ámbito del conurbano bonaerense tuvieron subas de entre el 1.053 % y 2.388 % entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2018, dependiendo del nivel de consumo familiar, según estimó el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra).
Los ajustes fueron superiores al nivel general de precios que, en el mismo período, aumentó 158 %.
Lo más alarmante es que los incrementos de las facturas superaron ampliamente a la variación salarial. El salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado tuvo un crecimiento del 124 %, muy por debajo de la inflación.
Con el aumento anunciado por Iguacel la gestión de Cambiemos terminaría con alzas del servicio de luz en torno de 18 y 39 veces dependiendo la categoría, entre los meses octubre de 2015 y de 2019.
Los tarifazos implicaron ganancias para las empresas. Las compañías encargadas de la generación, del transporte y la distribución eléctrica que cotizan en bolsa ganaron U$S 159,3 millones en el tercer trimestre de 2018 (último dato disponible). Proyectados estos números a todo el año, significan ganancias cercanas a los U$S 637 millones.
Todos los segmentos con excepción de las distribuidoras de energía eléctrica, ganaron en 2018 en relación a 2015, en particular el transporte de energía mejoró un 491 %.
Una de las empresas generadoras de energía es Central Puerto que tiene como accionista al amigo de Macri, Nicolás Caputo. Según datos del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) la empresa ganó $ 16.318 millones entre enero y septiembre 2018, un incremento de 710 %.
En tanto, en el caso de las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, cuyo accionista minoritario más importante también es Nicolás Caputo, obtuvo ganancias en los primeros nueve meses de 2018 por $ 1.939 millones, un 437 % más respecto del mismo período de 2017.
Edenor es propiedad de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía (también empresario cercano del presidente) y ganó en los primeros nueve meses del 2018 $ 3.256 millones, un 226 % de mejora respecto del mismo período de 2017, según cálculos de OETEC.
¿Por qué tienen que dar ganancia los servicios públicos?
Las empresas que proveen los servicios públicos reclaman por aumento de tarifas y compensaciones por la devaluación del 2018. Pero la electricidad, así como también el gas, el agua y el transporte son servicios esenciales, no tienen que dar ganancias para las empresas.
Es necesario la estatización del sistema energético nacional de todas sus etapas productivas, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y la distribución a los usuarios.
Que se abran los libros de contabilidad de las empresas que gestionaron los servicios en estos años para realizar una auditoría de las compañías como Edesur, Edenor, Metrogas, y el resto para que demuestren lo que hicieron con los subsidios en estos años. Durante el Gobierno anterior, entre 2004 y 2015 se entregó a las empresas U$S 162 mil millones en subsidios de todo tipo a la energía, el transporte y otros sectores productivos a través de las llamadas “transferencias corrientes al sector privado”.
El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que voten los órganos de dirección y administración. También tiene que incorporar la participación de comités de usuarios populares.
Con esta perspectiva los trabajadores y sectores populares podrían acceder a tarifas bajas, en camino a una reducción de los costos energéticos en base al desarrollo productivo, y ofrecer un servicio de calidad.
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