El Informe de Accidentes Laborales elaborado por el Ministerio de Trabajo muestra que 2018 ha cerrado con un aumento del registro muertes en el puesto de trabajo con respecto a 2017, pasando de 484 a 506. Los accidentes laborales también han aumentado hasta la cifra de 1.333.002, un aumento de más de 10.000 respecto a los 1.322.009 de 2017.
Según las estadísticas, los colectivos más afectados por la siniestralidad laboral son la juventud y los hombres de mediana edad. Las cifras más altas de accidentes se dan en el sector industrial y el mayor número de fallecimientos en el sector servicios.
Falta de equipamiento de seguridad en los puestos de trabajo, aumento del estrés durante la jornada, rebaja de los controles de calidad en la maquinaria, mayor presión patronal, jornadas laborales maratonianas, pluriempleos para “alcanzar” un sueldo, son sólo algunas de las situaciones generadoras de riesgo con las que lidian millones de trabajadores cada día.
Estas cifras alarmantes, sin embargo, deben ser puestas en cuestión, puesto que la realidad de la siniestralidad laboral ofrece un panorama real más grave. Estas cifras deben ser tomadas como “aproximativas”, puesto que el mundo laboral del Estado español ha impuesto una serie de filtros que reducen con mucho nuestro conocimiento de la siniestralidad real.
En primer lugar, estas cifras no recogen las muertes y accidentes laborales de los trabajadores que tienen que ganarse el pan en la economía sumergida. Para 2014, el Consejo Empresarial para la Competitividad calculaba en 1,8 millones de trabajadores de la economía sumergida, un 11% del PIB del Estado (este organismo fue creado por Cesár Alierta y otros empresarios, entendidos en materia de la creación de “empleo en negro”).
La economía sumergida real, más allá de sus cifras abarca también a los trabajadores precarios que trabajan 8 o más horas, pero con contratos de 2 o 4 horas diarias. Todos estos trabajadores quedan excluidos de las cifras oficiales, con lo que no puede saberse claramente cuántos han padecido siniestralidad laboral.
Otro componente de este “maquillaje” es la ocultación de los accidentes laborales por parte de las empresas, que utilizando el miedo tratan de forzar al trabajador a decir que el accidente no es laboral. Con ello se evitan cargas económicas con la seguridad social.
En otros casos algunas empresas ya lo tienen previsto de antemano y obligan a los parados a firmar “hojas en blanco” bajo amenaza de no contratarlos. Con este método el empresario puede tramitar su baja laboral con anterioridad al accidente y afirmar con relativa seguridad que “ya no trabajaba aquí”.
El enorme negocio de las mutuas: la gallina de oro de las enfermedades laborales
Las mutuas de accidentes de trabajo llevan funcionando unos 118 años desde que se creó este sistema de gestión privada pero que forma parte del sector público. Estas empresas están definidas como colaboradoras de la Seguridad Social sin ánimo de lucro.
Estas 22 entidades tienen un exhorbitante patrimonio neto de más de 6.700 millones de euros (6.730.285.918,42 euros) según las cuentas anuales de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social publicadas el 24 de septiembre de 2018. Entre ellas los mayores patrimonios corresponden a FREMAP 1.773.126.858,75 euros, seguida de Asepeyo con 1.072.876.392,20 euros.
Los contratos de las Mutuas con empresas para realizar la “vigilancia sanitaria” de los trabajadores oscilan entre 40 y 80 euros anuales por trabajador. Abaratan precios a base de no invertir tiempo en detectar las enfermedades laborales.
A esta política de las mutuas de “aqui no hemos visto nada” se une su complicidad en tramas para ocultar accidentes laborales. Casos como el denunciado por el sindicato USO en la empresa Sidenor, situada en Basauri (Vizcaya), muestran el modelo tipo de estas actuaciones.
Algunas páginas aconsejan a los trabajadores acudir con una grabadora a la atención del médico en la mutua muestran la extensión de estas prácticas. Además, resulta sorprendente que en las mutuas sea habitual ver en el despacho del médico placas en las que se menciona que el doctor es “autoridad pública”, algo que no se verá en la Seguridad Social.
Así mismo, muchos trabajadores han padecido en su propio cuerpo las malas atenciones en las mutuas y ejemplos de mala praxis médica hacia ellos, consecuencias del afán de ganancias de la patronal, que incentiva a través de las partidas presupuestarias gubernamentales a las que registran menos accidentes catalogados como laborales.
Esta política de “yo te rasco la espalda y tu me la rascas a mí” de mutuas y empresas tiene consecuencias nefastas para la Sanidad Pública, que asume costes millonarios por el no reconocimiento de muchas enfermedades laborales por parte de las mutuas. No reconocer enfermedades al trabajador y derivarlo a la Sanidad Pública es una de sus principales fuentes de ingresos.
Sanidad no contabiliza los casos de cáncer a nivel estatal. Sin embargo, con las gripes y otras enfermedades se hace. ¿Y qué tiene que ver esto con la mortalidad laboral? Se mostrarían concentraciones insualmente altas de casos de cáncer en determinadas regiones industriales, centros de trabajo, centros médicos, centrales nucleares, etc. Casos como los de la asbestosis muestran que muchas veces la siniestralidad laboral y las muertes no sólo se ciñen a los trabajadores, sino que muchas veces se extienden a sus familias o vecinos a través de la contaminación.
Además de los grandes polos industriales o las centrales nucleares, se conoce también el caso del fibrocemento, (uralita), donde tenemos un ejemplo claro de cómo se extiende la mortalidad dentro de una familia. El padre que trabajaba en la construcción o manipulaba estos elementos enfermaría por inhalar las fibras cancerígenas de este material y la madre, al lavar la ropa de trabajo de su pareja terminaría enfermando y muriendo de cáncer al igual que el hombre.
Las enfermedades laborales en gran medida no son inmediatas, en muchos casos aparecen décadas mas tarde. Las muertes de los trabajadores se dan en muchos casos cuando éstos están a punto de finalizar su vida laboral o ya se han jubilado. Cáncer, silicosis, hipoacusias (sorderas), neumoconiosis son buenos ejemplos de estas patologías. Según Jesús Uzkudun Illarramendi Secretario de Salud Laboral y Medio ambiente de CCOO Euskadi las cifras de reconocimiento de cánceres profesionales deberían multiplicarse por 150 para igualarse a las de la UE.
Estas sangrantes muestras de la ineficiencia del sistema de mutuas y los perjuicios que acarrea para los trabajadores y el erario público (mayoritariamente financiado por la clase trabajadora) exige la liquidación del sistema de mutuas y la expropiación de sus desorbitantes patrimonios. Las enfermedades laborales deben ser gestionadas por servicios sanitarios públicos sin relación alguna con las empresas.
El complemento de esta política sería una adecuada depuración de aquellos gestores políticos del sistema sanitario, frente a su escandaloso “pasotismo” con el problema de los riesgos y enfermedades en el trabajo.
Consecuentemente, los trabajadores debemos dejar claro a la patronal y las administraciones, que la vida y la salud de las personas están muy por encima de la producción y sus beneficios. No podemos seguir dejando que la crisis, y la voracidad sin escrúpulos de los empresarios, nos cueste diariamente nuestra salud e incluso nuestra vida. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. | 
