"El Estado alentó la mentira en este caso. Reconocemos que el Estado falló a las familias. Todos deben saber que elementos de seguridad del estado detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos, dejándoles un inmenso dolor. Fallamos en la respuesta que les dimos. Una respuesta que les pudiera acercar a la justicia. Por eso, reconocemos públicamente la responsabilidad del Estado y su gobierno" sostuvo el gobernador de Veracruz en el acto que tuvo lugar en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad de México.
La respuesta fue implacable: Bernardo Benítez, padre de Bernardo, uno de los jóvenes ejecutados, exigió a las autoridades justicia pues “si hubiera justicia nuestros hijos hoy vivirían”. “No creo en la justicia del Estado mexicano”, subrayó, y demandó “que se juzgue a los culpables porque a 3 años de lo sucedido no hay sentenciados”.
Hace casi tres años y tres meses, el 11 de enero de 2016, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz, todos originarios de Playa Vicente, emprendieron el regreso desde el puerto de Veracruz a su pueblo. La policía municipal de Tierra Blanca los detuvo y los entregó al crimen organizado. Los desaparecieron y los ejecutaron.
Las autoridades estatales, a través de los medios locales, criminalizaron a los jóvenes, una práctica muy habitual. Cuestionaban que si estaban con un grupo criminal contrario, que porqué andaban en Tierra Blanca si eran de otro pueblo. Como si ser joven fuera un delito, como si andar de paseo o salir a divertirse fuera un crimen.
Fue durante el gobierno de Javier Duarte, hoy preso, acusado por malversación de fondos públicos. Arturo Bermúdez, su ex jefe de policía, también estuvo detenido por varios crímenes, entre ellos desaparición forzada, pero un juez lo liberó en diciembre pasado.
Por el caso de Tierra Blanca hay 21 detenidos, ocho policías y 13 civiles. La hipótesis oficial es que los policías confundieron a los jóvenes con integrantes de un grupo rival del que ellos estaban asociados. Los altos funcionarios, responsables políticos de los nexos con el crimen organizado que lleva, entre otras aberraciones a las desapariciones forzadas, siguen impunes. Según declaró el abogado de los familiares a El País, un escenario posible es que los 21 podrían quedar absueltos del delito de delincuencia organizada.
Este caso evidenció una vez más los nexos entre la policía y el crimen organizado, así como lo hizo la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa.
Evidencia también las nefastas consecuencias de la militarización y la guerra contra el narcotráfico, ordenada y financiada desde Washington, que sólo llevó al florecimiento de los cárteles, del tráfico de armas, de drogas, de personas. Que al pueblo mexicano le costó más de 257 mil ejecuciones, más de 40 mil desapariciones forzadas, un alza exponencial de los feminicidios y los desplazamientos forzados de familias y hasta comunidades enteras, en beneficio de mineras y otras trasnacionales.
Lo chocante es que el gobierno del Morena, mientras organiza actos oficiales como éste del caso de Tierra Blanca y hace un “mea culpa” público, promueve la continuidad de la militarización en México, y rompe así una de las promesas de campaña que lo llevaron al poder ante el hartazgo de millones de los partidos patronales tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD.
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