El pasado 22 de febrero, tras una mañana de tensión entre cientos de activistas y la policía, la comisión judicial procedió a llevar a cabo el cuádruple desahucio programados en la calle Argumosa 11.
El desahucio tuvo una importante repercusión mediática, a diferencia de la mayoría que transcurren en el anonimato, incluso con salidas a escondidas de los afectados que por “vergüenza” y al verse en la calle sin nada, ni siquiera solicitan ayuda a vecinos o plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La situación en esta calle ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés ha tenido relevancia por tratarse de un edificio que tras su venta a un fondo inmobiliario buitre, puso en “estado de guerra” antidesahucios durante muchos meses a la práctica totalidad de sus vecinos y a numerosas organizaciones sociales y movimientos vecinales.
A pesar de la resistencia solidaria de cientos de vecinos y activistas que intentaron detener estos desalojos entre gritos de “vergüenza” y “no toleraremos ni un desahucio más”, los “lanzamientos” de las cuatro familias, algunas con menores, incluso con un bebé una de ellas, se llevaron finalmente a cabo en lo que podemos calificar de un auténtico e infame “pack desahuciador”.
Desde ningún organismo institucional, ni obviamente desde el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, pero tampoco, como viene siendo una constante, desde del Ayuntamiento de Madrid de Carmena y Podemos, se hizo absolutamente nada útil para impedirlo. Ni siquiera, lo que sería un mínimo a conseguir para cualquier planteamiento social reformista, se ofrecieron alternativas habitacionales adaptadas a las familias y a sus circunstancias sociales, económicas y familiares.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha venido exigiendo, también para este caso, la paralización de cualquier desahucio hasta que las familias desalojadas dispusieran de una alternativa habitacional adecuada. Sin embargo, no solo no se detuvo el desalojo de las viviendas, sino que mediante un despliegue policial inaudito, con una decena de furgones policiales y sin ningún tipo de miramiento, las familias fueron desalojadas.
Hasta ahora se había logrado resistir en otras ocasiones los intentos de desahucio de familias en este edificio, que comenzaba a convertirse en un auténtico emblema de la lucha antidesahucios. Nada menos que entre 7 y 10 intentos de desalojo habían vivido ya algunas de estas familias. Pero el poder económico y judicial, aliado de los grandes propietarios urbanísticos, no podían tolerar que se levantara allí un símbolo de resistencia a los desahucios. Por eso esta vez la determinación del desalojo fue absoluta y la represión contundente, con la detención de seis activistas.
Argumosa 11 se estaba convirtiendo en un lugar emblemático de la lucha antidesahucios puesto que en torno a la lucha de los vecinos de este edificio se había logrado aglutinar un fuerte movimiento de resistencia que ha supuesto el fracaso de los múltiples intentos de desahucio del conjunto de las diferentes familias del inmueble.
La alcaldesa Manuela Carmena, lamentó hipócritamente el desahucio producido indicando que su deseo era que estos fueran los últimos desahucios y que le generaba “muchísima tristeza que desalojen a quienes tienen sus hogares en el centro”. Lo mismo hizo recientemente cuando una mujer, que había acudido al Ayuntamiento solicitando apoyo y sin obtener ninguno, se suicidó ante su inminente desahucio. Como si la cosa no fuera con ella y con su responsabilidad como alcaldesa. Como si no tuviera que ver directamente el problema de la vivienda con un ámbito político y social de su directa competencia municipal. Como si no tuviera que ver nada con su política urbanística de fomento del negocio hotelero y de alquiler elitista de súper-lujo en el centro de Madrid, con su apoyo a las diferentes operaciones urbanísticas especulativas y desequilibradoras del eje norte-sur de la ciudad y favoreciendo la gentrificación de la ciudad con el impulso de escaparates hoteleros y de pisos de alquiler para ricos que han sido las diferentes operaciones urbanísticas aprobadas por el Ayuntamiento (operación Canalejas, Distrito Norte, Plaza España, etc.)
Porque no solo es que Carmena no haya resuelto ninguno de los miles de desahucios producidos durante su mandato. Es que también el Ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS) de su propiedad y carácter totalmente público ha realizado desahucios, como, por ejemplo, el de la familia de Marcia desalojada de la calle Ofelia Nieto, con amenazas incluidas para que abandonara la vivienda. O el caso de una familia que vivía en el barrio de Moratalaz con tres menores y un bebé a la espera que fueron desalojados de su vivienda porque la ocupaban ilegalmente, pero sin que nadie del Ayuntamiento le ofreciera ninguna otra opción a pesar de su situación de extrema vulnerabilidad.
Son solo dos ejemplos de entre otros muchos. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con la Policía Nacional hace meses para facilitar los desalojos exprés de los pisos ocupados por familias desesperadas a las que no se les ofrece ninguna solución de vida para salir de su situación.
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