Este lunes 04 de marzo se llevó a cabo el litigio por el recurso de protección interpuesto por la profesora despedida Karina Bravo ante la corte de apelaciones de Rancagua, en contra de la Universidad de O’Higgins y su representante el Rector Rafael Correa, quien ha declarado públicamente que fue él quien tomó la decisión de su despido.
El fallo en esta primera instancia fue a favor de la universidad y en contra del recurso presentado por la profesora Karina, la cual tiene plazo para apelar dentro de estos 5 días a la Corte Suprema.
La resolución se dio bajo el cuestionado Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, quien fue acusado de prácticas de nepotismo y trafico de influencias bajo su rol como ministro (su hija trabajo en el tribunal de familia de Santa Cruz).
El despido injustificado se produjo luego de que la profesora Karina presentara una acusación por acoso laboral en contra de sus dos jefes. Posteriormente fue evaluada por ellos mismos, donde el resultado de esas evaluaciones claramente viciadas, llevaron al despido de Karina y la profesora Vania Figueroa, quien fue la única que declaro a favor de Karina en la acusación de acoso.
La resolución del cuestionado Ministro de la Corte, fue a favor de una institución cuyas autoridades autodesignadas en el gobierno de Bachelet destacan por sus prácticas autoritarias y tanto censura política como laboral, política que Piñera y la derecha mantienen.
Las profesoras despedidas sin embargo recibieron el apoyo de diversas carreras y estudiantes de la Universidad O´Higgins, exigiendo su reincorporación inmediata y el rechazo a la arbitraria decisión tomada por las autoridades universitarias. Se hicieron manifestaciones dentro del Campus Rancagua donde hubo una toma del frontis por unas horas, así como también de reconocidas científicas de la Red de Investigadoras y de académicos en todo el país.
A pesar de toda la documentación y respaldos legales presentados que demostraban no solo la vulneración de los Estatutos Administrativos, sino también los principios de imparcialidad, abstención y probidad administrativas definidos en la ley 19.880 y 18.575, respectivamente, la justicia ayer desestimó el recurso de protección interpuesto por la profesora despedida fallando en su contra. En esto, la casta judicial de jueces millonarios y no electos por nadie, favoreció la impunidad autoritaria.
El actual problema estructural que significa un modelo educacional con funcionalidad de mercado heredado de la dictadura de Pinochet, hace que sean miles los profesores y profesoras despedidas año a año, aplicándose métodos de censura, persecución política y vulneración de derechos que terminan siendo ejemplo aleccionador para el resto de sus colegas y trabajadores de empresas y fábricas, como vemos también en los despidos anti-sindicales en DUOC-UC con total impunidad. Las autoridades universitarias, amparadas en el autoritarismo que impuso la dictadura los ven como objetos desechables, a los cuales se les puede callar, mover de un lado para otro, o fácilmente despedir.
Frente a esto es urgente y necesario hacer un llamado a estudiantes, funcionarios y profesores a enfrentar estos abusos y despidos, a luchar por la reincorporación de las profesoras, y unirse para enfrentar el autoritarismo universitario. Hay que avanzar a cuestionar el conjunto de este modelo, luchando por el co-gobierno triestamental para poner las universidades al servicio de los trabajadores y el pueblo, y no de una casta de millonarios autócratas que hacen lo que quieren.
Eso será un paso para conquistar la unidad con trabajadores de distintos sectores que viven día a día estos amedrentamientos y ataques a trabajadores en su conjunto.
¡Ni un despido más, reincorporación inmediata de las profesoras injustamente despedidas!
¡Abajo el autoritarismo en la universidad de O’Higgins! | 
