Hay algo en que coinciden los partidos de la Nueva Mayoría, el gobierno, la oposición y los empresarios: es necesario llegar a un acuerdo amplio para encauzar la crisis de legitimidad del régimen político. Esta crisis se mostró con fuerza a partir del ciclo de movilizaciones abierto desde el 2011. Los diversos “casos” y escándalos políticos volvieron a ponerla en el centro del debate nacional.
Este acuerdo amplio contempla, por un lado, realizar reformas institucionales que busquen re oxigenar un régimen político masivamente cuestionado. Por otro lado, es necesario que en el terreno judicial exista un “caso emblema”. Alguien tiene que quedar tras las rejas. Que caigan unos pocos para que se salven los demás.
Este acuerdo estratégico, sin embargo, no resuelve las tensiones políticas del día a día. Por el contrario, las multiplica. Como todos están involucrados, todos quieren aparecer activos y con iniciativa. Nadie se cuadra detrás de una propuesta en específico. Al mismo tiempo, se movilizan las diversas instituciones y empiezan a chocar entre sí, como lo mostró el gallito entre el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Servicio de Impuestos Internos. Veamos.
La vía política: tensiones en los partidos
Bachelet anunció con bombos y platillos el Consejo Asesor “anti corrupción” y personalmente llamó a los diversos partidos a cuadrarse detrás de la iniciativa. Sin embargo, rápidamente surgieron las tensiones. Diversos personeros calificaron de “insuficiente” la medida y advirtieron que el Congreso no esperará los resultados del Consejo. A su vez, los diversos partidos de manera paralela empezaron a presentar sus propuestas de reformas institucionales. Incluso Ignacio Walker “recomendó” a Engel a que se informara, tras que éste criticara los sueldos de los parlamentarios.
La derecha por su parte sigue atravesada por las disputas internas. Destacaron los dichos de Evelyn Matthei quien planteó que Jovino Nova debería apartarse del partido. Las reacciones no se hicieron esperar. Javier Macaya, presidente interino de la UDI, se encargó de quitarle el piso a Matthei. A su vez, sigue abierto el debate sobre la próxima directiva, lo que acrecienta los roces entre las diversas alas del gremialismo.
La vía judicial: el gallito entre instituciones
Esta semana estuvo marcada por las tensiones entre el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. A su vez, diversos dirigentes salieron a criticar abiertamente el rol que ha jugado el Servicio de Impuestos Internos en la arista SQM, mientras que el ministro Arenas trata de llamar al orden sin grandes resultados.
El Tribunal Constitucional decidió intervenir directamente en la crisis abierta por la arista SQM y se alineó detrás del ex gerente general Patricio Contesse, íntimo de Ponce Lerou. El ambiente estuvo marcado por maniobras y contramaniobras judiciales. El Ministerio Público sorteó la paralización de la investigación decretada por el Tribunal Constitucional oficiando al Servicio de Impuestos Internos. Éste tuvo que enmendar el rumbo y mostrarse más activo en la crisis Penta, entregando los antecedentes contables de SQM y afirmando que estarían en condiciones de ampliar la querella. Todo mientras el Tribunal Constitucional, guardián de la institucionalidad heredada de Pinochet, le exigía explicaciones a la Fiscalía.
Pero no sólo los políticos de la casta y las instituciones se tensionan, también los empresarios. El directorio de SQM se quebró y las acciones de la minera no metálica se derrumbaron. Hasta la bolsa acusa recibo de la crisis Penta.
Primeras muestras activas de indignación
Hasta el momento, el protagonismo lo ha tenido la casta política, los empresarios y sus instituciones. Como hemos venido planteando, pese a que por ahora no se avizora una salida estable a la crisis política, el punto de apoyo que tiene el gobierno y los partidos del régimen es que la masiva indignación aún no se activa.
Pero ya empezamos a ver los primeros signos de activación. Diversas marchas, concentraciones y funas se han realizado en repudio a la corrupción de los empresarios y sus políticos. Incluso la Iglesia sintió los efectos de la deslegitimación, con la funa al Obsipo Barros al momento de su asunción. Por otra parte, el CONFECH anunció su primera marcha del año, incluyendo dentro de la caracterización de la misma un repudio a los casos de corrupción.
Es un camino que recién comienza. Si los poderosos quieren encauzar la crisis a su favor (para evitar que se fortalezcan salidas extra institucionales o los temidos “populismos”), deben ser los trabajadores, los estudiantes y los demás sectores movilizados quienes busquen encauzarla a su favor. Si las organizaciones sindicales y estudiantiles no se ponen a la cabeza, la casta política tendrá mayor espacio para que prospere su incierto consenso. No es el momento de evitar la política. Todo lo contrario, más necesario que nunca resulta una política propia de los trabajadores para que esta crisis de legitimidad no se vaya en contra de quienes han luchado durante todos estos años contra los diversos aspectos de la herencia de la dictadura. | 
