En 2014, diputados del congreso de Nuevo León del PRI, PAN y PRD habían impulsado una iniciativa de ley para la reforma al Art. 1 de la Constitución del Estado mediante la cual buscaban penalizar el derecho al aborto.
La reforma haría que dicho artículo se leyera de la siguiente manera:
“El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León”.
La iniciativa contó en su momento con la votación a favor de 33 diputados del PRI, PAN y PRD, tres votos en contra de diputados del PRD, PT y en aquel entonces del hoy extinto PANAL y seis abstenciones. Bajo la consigna de "Nuevo León ama la vida", organizaciones religiosas y de derecha organizadas entonces en el HT #YoSoyVoz presionaron para que dicha reforma, impulsada por los diputados panistas Francisco Treviño, Imelda Alejandro de la Garza y Fernando Elizondo Ortiz, fuera aprobada.
Si bien la reforma fue aprobada en la primera vuelta de votación, el dictamen fue congelado por cinco años hasta que el día de hoy fue revivida por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso neoleonés. Según activistas en favor del derecho a decidir y de miembros de la comunidad sexodiversa, la aprobación del dictamen habría sido una compensación luego de que el pasado 26 de febrero fuera legalizado el matrimonio igualitario en la entidad.
Algunos como Mario Rodríguez Platas, activista de la diversidad sexogenérica, llegaron a esta conclusión "porque los conservadores están encabronados porque perdieron la batalla sobre el tema del matrimonio igualitario; para calmarlos, quieren darles ese ’juguete’ a costa de la salud de la mujer", comentó.
Esto porque en días anteriores, organizaciones religiosas y de derecha como Con Participación y el Frente Nacional por la Familia realizaron declaraciones en contra del matrimonio igualitario y en favor de "priorizar a la familia", ya que el matrimonio igualitario "disuelve la familia natural". El botín de canje sería aprobar la continuidad de la persecución a las mujeres que tiene que abortar, principal fuente de abortos clandestinos en Nuevo León.
Si bien el dictamen aún tiene que votarse ante el pleno del congreso de Nuevo León, es altamente probable que sea aprobada, ya que la mayoría de los diputados locales (15 para ser exactos) son del PAN, ocho son del PRI, dos pertenecen al evangélico PES.
Además siete son del Morena, que no podemos descartar que se sumen a la iniciativa más aún después de que Ceila Maya, una de las candidatas a magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la terna propuesta por el presidente López Obrador, se pronunciara en contra del derecho de parejas LGTBI+ a adoptar, mostrando las contradicciones el Morena en torno a los derechos de las mujeres y la sexodiversidad.
Con la penalización del aborto, las que mueren son mujeres trabajadoras y de los sectores populares. Si no mueren, el Estado las encarcela, incluso ante abortos espontáneos. Es necesario poner un alto a esta ofensiva reaccionaria contra las mujeres. Que este 8 de Marzo se escuche bien alto el reclamo por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres.
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