El pasado miércoles 6 de marzo, el CNE se reunió a las 16:00 horas para designar al administrador de la Universidad del Pacífico, luego de que la misma institución aceptara esta medida y el cierre definitivo de la universidad, aunque las y los estudiantes acusan que no han sido parte de ninguna decisión y que ahora muchos y muchas están a la deriva sin poder obtener sus papeles para convalidar ramos en las instituciones que los y las recibirán.
A pesar del rumor de que el MINEDUC propondría a María Loreto Ried, quien llevó a cabo el cierre de la U. del Mar, institución que dejó cientos de trabajadoras y trabajadores sin trabajo, que re ubicó alumnos en otras instituciones y fusionó sedes en la lógica mercantil de la educación, la reunión del pasado miércoles no llegó a puerto con el nombramiento del administrador de cierre, probablemente debido a los inconvenientes que provoca la ausencia del rector de la institución.
Además de postergar la designación del administrador de cierre, alumnas y alumnos que participaron de la reunión con el MINEDUC, declararon que no pueden continuar sus estudios en las instituciones que hicieron convenio con el Ministerio por la falta de documentación para convalidar ramos. Esto lleva a que cientos de estudiantes no puedan continuar sus estudios y no tengan certeza de cuándo podrán retomarlos.
La lógica que atraviesa esta quiebra, que se suma a algunas otras, está determinada por la mercantilización en la educación universitaria. La respuesta del Ministerio lo demuestra. En lugar de exigir que el Estado se haga cargo del plantel educativo debido a su pésima administración y a la fuga de su rector para proteger los miles de puestos de trabajo de funcionarias/os y docentes y para asegurar una educación de calidad a sus estudiantes, el Ministerio propone que la institución sea administrada como una empresa para cerrarla definitivamente.
La realidad que hoy viven cientos de estudiantes de la U. del Pacífico comienza a hacerse común, podemos ver el ejemplo de la U. del Mar, la U. Arcis y la Iberoamericana. Planteles educativos de administración privada que se declaran en quiebra sin importarles los trabajos ni estudios de la comunidad que forma parte de ellos. Y el Ministerio y el gobierno solo cumplen un rol de agentes visores del proceso, entregando la universidad a lógicas empresariales como las de María Loreto Ried, quien se encargó del cierre de la Mina San José, luego del rescate de los 33 mineros.
Para frenar esta situación deplorable del trabajo y estudio de miles, el Estado debe hacerse responsable económicamente por todas aquellas universidades privadas que se pruebe que lucren, que se declaren en quiebra o que sus comunidades así lo decidan. Además, el Estado debe velar por el fortalecimiento de la educación pública a través del financiamiento basal y no a la demanda (voucher) con educación gratuita universal para todas y todos, ya que la beca de gratuidad del gobierno de Bachelet solo ha desmantelado las universidades públicas y no responde en nada a la necesidad de educación universal y gratuita para todas y todos. | 
