Carlos Rolero Santurian, a cargo de la fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires, imputó a 43 padres de alumnos de colegios secundarios que participaron de varias de las tomas de establecimientos educativos durante el año pasado.
Según el fiscal, los padres “son responsables”, ya que “tenían conocimiento de la conducta que realizaban sus hijos y no hicieron nada para impedirlo cuando debían hacerlo”. De resultar culpables deberán afrontar "multas de hasta 10 mil pesos o realizar “trabajos de utilidad pública”.
El Gobierno porteño, en manos de Horario Rodriguez Larreta, saludó la ofensiva judicial. No es para menos, ya que fue la propia Procuración de la Ciudad de la Ciudad la que presentó la denuncia judicial. Su respuesta a la crítica situación educativa, producto de la desinversión estatal, es una ofensiva judicial que busca castigar a quienes defienden la educación pública.
En esa línea se expresó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que sostuvo que “tiene que quedar en claro que los actos tienen consecuencias: esto es también educar en valores. Vamos a seguir aplicando el protocolo ante cada caso de toma".
Larreta y Acuña buscan sentar un precedente de graves consecuencias para todos los miembros de la comunidad educativa que rechazan el ajuste y reclaman mejoras. | 
