Este viernes el Ministerio de Justicia de la nación presentó un expediente ante el Consejo de la Magistratura. El objetivo es buscar la remoción de Alejo Ramos Padilla, el juez federal que el pasado miércoles informó que investiga la existencia de una extendida red de espionaje ilegal.
En un comunicado, la cartera que dirige Germán Garavano informó que el objetivo es investigar “el accionar del juez”. Allí se señala que habría existido una supuesta “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados”.
La denuncia del gobierno llega a pocas horas de que el magistrado, hablando ante la Comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados, expusiera las pruebas que vinculan a Marcelo D’Alessio a periodistas, diputadas oficialistas, agencias de Inteligencia y funcionarios del Poder Judicial.
La exposición del juez dejó al desnudo un entramado de espionaje ilegal que abarca a múltiples sectores poder político, mediático, judicial y empresario. Un entramado que, como señala Myriam Bregman en este mismo medio, "está en permanente alianza con los Gobiernos capitalistas, que lo usan cada uno para sus propios objetivos".
Entre los argumentos planteados por el Ministerio se Justicia se indica la “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores". Esto no puede leerse más que como una defensa de Elisa Carrió y Paula Oliveto, las diputadas de la Coalición Cívica que resultan alcanzadas por la información encontrada en el celular de D’Alessio.
El mismo miércoles, mostrando la impunidad de la que creen gozar, esas legisladoras se burlaron en las redes sociales del informe brindado por Ramos Padilla.
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