No tengo datos extraoficiales, ni carpetas que lleguen a mi despacho, ni D’Alessio que me ladre. Tengo lo que cualquiera puede ver, además de lo que he obtenido preguntando y militando en años, en causas relacionadas a las libertades democráticas, y como diputada de una banca puesta siempre al servicio de estas peleas. Haciendo todas estas aclaraciones, los números igual son asombrosos, las historias muy truculentas y los sótanos donde funciona el entramado de inteligencia ilegal, muy amplios.
Viajando un instante en el tiempo, a la llegada del gobierno constitucional, vemos que comienza a recorrer el país la imagen del flamante presidente Raúl Alfonsín, acompañado de su custodia, claro. Varios ex detenidos desaparecidos reconocen a uno de ellos: era Raúl Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, un agente de inteligencia perteneciente al Batallón 601, infiltrado en la universidad incluso antes de la dictadura, desde que era miembro de la Triple A. Con el organismo que integro, el CeProDH, fuimos parte de las querellas que en Neuquén lo llevaron a juicio y consiguieron condena por delitos de lesa humanidad.
Pero no nos vamos a ir tan lejos. Según Página/12 del 22/02/2015, el propio Ministerio de Defensa informó que aún quedaban en actividad 1403 agentes de inteligencia del Ejército, los famosos y temibles “PCI” (Personal Civil de Inteligencia). ¿Cuáles serían las hipótesis de conflicto que se manejaban en aquel 2015 bajo el comando de Milani para mantener a esos herederos del famoso Batallón Nº 601? Raramente se pueda explicar. El 601 continuó actuando bajo los gobiernos constitucionales y sus agentes -que se habían insertado en la vida política y gremial- siguieron allí, tanto que uno de ellos llegó a dirigir la CGT; sí, la Confederación General de Trabajadores. Gerardo Martínez “fue” PCI del Batallón de Inteligencia Nº 601 en el período 1976/1983. Actuaba bajo el seudónimo de Gabriel Antonio Mansilla. Lo denunciamos, pero la causa fue convenientemente archivada. Vuestra Señoría nos calificó como “excursionistas de pesca”. Todo para poder asegurar la impunidad de este pez demasiado gordo.
Hace unas semanas fue indagado, por el juez Sergio Torres, el agente secreto de la Policía Federal Alejandro Américo Balbuena. El juez (con la anuencia del fiscal Carlos Stornelli) lo llamó a declarar cinco años después de que lo querelláramos con un conjunto de organizaciones. Balbuena se hizo pasar por periodista de un medio alternativo hasta que en mayo de 2013 una interna sacó a la luz su condición de agente de Inteligencia de la Policía Federal Argentina, de buchón infiltrado. Durante once años, “entrevistó” a referentes sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos. Y conocía en detalle los movimientos de las organizaciones. A muchos de ellos los acompañamos a declarar en esa causa hace varios años ya.
Balbuena es uno más de los “plumas” de la Federal. Esa fuerza cuenta con más de mil espías ilegales amparados por el Estado. La tarea de Balbuena y los mil espías estuvo amparada por decretos que reglamentaron la “Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, durante la dictadura de Onganía en 1967. Hasta el día hoy nadie se atrevió a tocarla. Cuando en 2013 sacamos el caso a la luz, la Policía Federal le abrió un sumario interno a Balbuena donde no se investigó prácticamente nada, salvo a nosotros, los denunciantes.
Algunos de estos mil agentes han tenido un nefasto rol protagónico en causas con enorme trascendencia política. Miriam Lewin y Horacio Lutzky describen en su libro “Iosi” la historia del infiltrado José Alberto Pérez (Iosi). Pérez fue infiltrado en la comunidad judía, según le dijeron sus jefes, con el objetivo de descubrir “conspiraciones secretas”, incluyendo el mítico “Plan Andinia”. Para eso estudió hebreo, religión y hasta se casó con una mujer judía, pero eso se lo ocultó a sus jefes. Por esa vía, habría pasado a sus superiores de la Federal información que pudo haber sido utilizada para cometer el atentado.
Con Nicolás del Caño hemos presentado reiteradamente un proyecto de ley para eliminar toda esa normativa que ampara el espionaje ilegal y la disolución de ese Cuerpo de Informaciones, pero fue severamente cajoneado.
A esta altura, ya podemos hacer una cuenta rápida: unos 1.400 del Ejército, más unos 1.000 de la Federal, ya vamos por 2400 personas dedicadas al espionaje a la población, sin contar la AFI (ex SIDE) y los llamados “inorgánicos”.
Durante huelga de 2016, los docentes de Suteba Tigre, reunidos en asamblea, echaron a un tipo sospechoso. El hombre huyó y se subió a una camioneta que, investigando, supimos era de su padre, quien figura en la misma lista de espías que Balbuena. Aparentemente este hijo (aunque sí un hermano) no formaba parte del cuerpo, pero parece que la práctica del buchonaje se imita. Tampoco en el caso logramos que se investigue a pesar de realizar la denuncia penal.
El jefe directo de Balbuena en la División Análisis del cuerpo de espías, el Comisario Inspector Alejandro Oscar Sánchez que había sido mandado a investigar en el marco del caso Balbuena, fue ascendido en enero de 2017 por Patricia Bullrich a la Dirección Antiterrorista de la Federal.
El “Proyecto X” de la Gendarmería Nacional era llevado adelante en “centros de reunión de información”, había “análisis de medios”, etc. El mismo vocabulario que encontramos en la DIPPBA de la Policía Bonaerense o en cualquier otro cuerpo de la dictadura. Cuántos lo integran es difícil saberlo porque funciona dentro de las propias dependencias de la GNA.
En 2014 el conflicto de los trabajadores de la empresa LEAR, fue reprimido en múltiples oportunidades. Sergio Berni se encontraba al mando de la represión e infiltró en la protesta al coronel (R) del arma de Caballería Roberto Ángel Galeano, quien estuvo en las Malvinas con Mohamed Alí Seineldín. Además fue jefe de Inteligencia del III Cuerpo de Ejército de Córdoba y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Lo denunciamos junto con el famoso “gendarme carancho” que, a fines del año pasado, volvió a declarar para desmentir su primera declaración diciendo que lo habían hecho mentir y que, efectivamente, es verdad que las órdenes en el operativo en la autopista Panamericana contra los manifestantes, las daba el agente infiltrado.
Cuando hicimos la denuncia Horacio Verbitsky publicó que el por aquel entonces jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, era un agente de la DEA. Nuevamente esas relaciones se evidenciaron con el caso Nisman, donde se vio la relación obscena del espionaje local con las agencias extranjeras, lo mismo que aparece ahora en el caso D’Alessio que instruye el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quién hizo mención a esta relación con agencias de EE.UU. en su exposición en el Congreso de la Nación.
El CELS llevó a juicio al Almirante Godoy y a otros marinos por tener un servicio de espionaje que funcionaba en la estructura de la Armada, que supo tener al temible “SIN” (Servicio de Inteligencia Naval) en la dictadura, con un lugar reservado en la ESMA para realizar sus propias sesiones de torturas a los detenidos.
Podríamos relatar el rol de Stiuso y la SIDE en la causa por la desaparición de Julio López. El propio juez Ramos Padilla puso como ejemplo esa causa para demostrar cómo el espionaje ilegal no se usa para llegar a la verdad, sino para esconderla. Podríamos recordar cómo con los fondos de esa agencia se pagaron las coimas para conseguir la aprobación de la antiobrera “Ley Banelco” durante el gobierno de De la Rúa. Podríamos relatar cómo la familia de Raúl Alejandro Tarifeño se enteró de que él era un infiltrado del Batallón 601 -y no un abnegado militante de izquierda- el día que llegó a su casa la carta de retiro. Podríamos hablar de Ciro James y el Fino Palacios. Podríamos recordar que César Milani ingresó en el Ejército en febrero de 1975 y a la Escuela de Inteligencia en 1982 para pasar luego al Batallón 601. Espías, sobran.
Esto no intenta ser una radiografía de todos los cuerpos de servicios existentes ni la historia de la infiltración, solo resaltar algunos hechos a través de las denuncias que hemos hecho con los organismos de Derechos Humanos y mi partido. Dar cuenta de la profunda protección política de todos los gobiernos con que han contado y con que cuentan. Es apenas una minúscula pero rotunda prueba de que además de los carpetazos, las extorsiones y todo el accionar mafioso que sacó a la luz el caso D’Alessio, uno de sus roles fundamentales es espiar a organizaciones de izquierda y a los que luchan, lo que no excluye que llegado el caso, los usen para perseguir a todo tipo de opositores políticos, o como parte del manejo de negocios empresariales.
Nuestra historia en la justicia no tiene un mejor final. Es más bien una historia de fracasos, de causas que se enlentecen ad infinitum, que se mandan a archivar. Siempre nos faltan cinco para el peso, como dice el dicho popular. No hemos conseguido siquiera que se instruya seriamente la denuncia que hicimos por el espionaje a la familia de Santiago Maldonado.
La justicia protege, encubre y como demuestra el caso D’Alessio, consume el espionaje ilegal. Lo fomenta y no lo combate porque son enormes los intereses políticos y económicos que entrelazan a empresarios poderosos con el personal político que dirige los hilos del Estado. Estado, claro, al servicio de esos mismos intereses económicos.
¿Cuántos son? ¿Dónde hay otro D’Alessio infiltrado? ¿Y los plumas?
Cuando todo esto sale a la luz, creo que hasta desde un punto vista económico es difícil que el gobierno que está llevando el país a la catástrofe pueda explicarle a la sociedad por qué hay que mantener a estas redes de inteligencia. Niegan y recortan pensiones a discapacitados, pero ¿gastan dinero en esto?
Que no nos inventen que están al servicio de combatir el narcotráfico o la trata de personas, porque eso ya se ha demostrado como una farsa, algo que nadie puede sostener seriamente cuando es la propia DEA y la Embajada de Estados Unidos la que opera junto a los servicios. Evidentemente rechazamos la existencia de estos organismos que solo luchan contra el contra pueblo trabajador. | 
