El año pasado las mujeres en Argentina arrancaron a una de las cámaras el derecho a decidir. El 8 de agosto había una cita en el senado para la discusión por la legalización del aborto; en las calles había otra cita a la que respondieron millones de personas en el país sudamericano y en diversas ciudades del mundo. Sin embargo, un puñado de políticos retrógrados echó atrás la voluntad del pueblo y las mujeres argentinas que se pronunciaron en las calles a favor del derecho a decidir.
A México, no tardó en llegar la marea verde que amenazaba con convertirse en tsunami. Pero así, tan pronto como llegó la marea verde salieron Olga Sánchez, la entonces futura Secretaria de Gobernación y algunas diputadas de Morena, a hacer política afirmando que trabajarían por la despenalización del aborto en todo el país.
Incluso, al cierre de su participación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara de manera enérgica -con gritos y manoteos incluidos- sobre el aborto, la eutanasia y la regulación de drogas afirmó: “va mi vida de por medio por mis causas, por mis derechos y por los derechos de todos, porque los derechos no se ponen a consulta, sólo se reconocen”.
Las declaraciones que la señora Olga Sánchez sostuvo antes de asumir como Secretaria de Gobernación, poco tienen que ver con sus declaraciones más recientes. Ante el cuestionamiento por parte de representantes de la Iglesia católica, la millonaria secretaria reculó: “no se entiende lo que no se quiere entender, y lo que no se quiere entender es que yo estoy en contra del aborto”.
Poco extraña en realidad la declaración de la funcionaria perteneciente a la “Cuarta Transformación”, en cuya campaña electoral de 2018 se dio empuje al partido cristiano Encuentro Social; misma administración que tiene entre sus filas a la pro aborto clandestino Lilly Tellez, senadora que la semana pasada se indignó por la aparición de un “trapo” (pañuelo) verde en su escaño, “no vengan a imponerme un trapo verde, que para mí significa la muerte”dijo.
Qué sorpresa puede haber, si el mismo presidente Andrés Manuel en el marco del Día Internacional de las Mujeres sostuvo que el tema del aborto no es prioridad. Unos días después a solicitud de los reporteros para que definiera su postura respecto al aborto optó por callar.
Mientras las y los políticos del nuevo gobierno callan y maniobran ante un grave problema de salud pública, para las mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras está en juego un derecho que garantiza la vida y el acceso a la salud integral. Evidentemente para las y los políticos del gobierno, el aborto es una carta que usan a conveniencia.
¿Legalizar o despenalizar?
Ante las recientes declaraciones de Sánchez Cordero, una discusión importante se abre, cuando hablamos de aborto: ¿vamos por la legalización o la despenalización?
Al despenalizar se elimina el tipo penal del aborto en las primeras semanas de gestación, es decir, deja de reconocerse como un acto ilícito, por lo tanto se evita que las mujeres que practican un aborto sean perseguidas, procesadas y encarceladas.
Cuando hablamos de legalizar el aborto, nos referimos a dotar de un marco legal que además garantice la gratuidad y la seguridad. Más que desconocerlo como un delito, es importante que se reconozca como un derecho que el Estado debe garantizar, a través de clínicas y hospitales públicos donde se practiquen abortos seguros en todo el país, la contratación de más profesionales de la salud encargados de practicarlos, programas de planificación familiar y prevención de embarazos no deseados, mismos que necesariamente implican un aumento sustancial al presupuesto para la salud pública.
Por el contrario, con la política de austeridad para el ejercicio fiscal del presente año, se impuso un recorte en el sector salud.
La señora Olga es cuidadosa con sus palabras, habla de despenalizar, porque tiene claro que no compromete al Estado, al tiempo que le permite empalmar con sectores del feminismo y miles de mujeres que votaron por un cambio en México.
Tienen presente también que esta despenalización tendrá poco impacto en la realidad de las mujeres que en México ganan apenas lo justo para (sobre)vivir, –sólo el 3% de las mujeres ganan más de 12 mil pesos en nuestro país; el 70% del trabajo precario es sostenido por niñas y mujeres; en pleno siglo XXI las mujeres seguimos ganando entre 40% y 30% menos que nuestros compañeros por el mismo trabajo- será una minoría de mujeres las que puedan acceder a servicios privados de salud si deciden abortar.
La despenalización, así sin más, es el terreno ideal también para lucrar con un derecho elemental como lo es el aborto, y en donde el sector privado ha ganado mucho terreno sobre todo en la Ciudad de México después de que en 2007 se conquistara parcialmente la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Serán las mismas mujeres ricas y empresarias que hoy pagan el aborto clandestino, en quirófanos asépticos con atención profesional, las que sigan accediendo a éste. Mientras tanto las mujeres pobres y trabajadoras seguirán practicándolos en condiciones insalubres, poniendo en riesgo su salud y su vida.
Ante las profundas contradicciones del nuevo gobierno y sus figuras femeninas en un tema tan democrático y elemental como lo es el derecho de las mujeres a una maternidad libre y responsable, y el de todas las personas a decidir sobre nuestros cuerpos -sin la interferencia del Estado y la Iglesia-, es urgente avanzar en la organización independiente de las mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras.
Porque a nosotras ningún gobierno, por más democrático que se pinte, nos ha regalado nada. Todo lo hemos conseguido organizadas y luchando en las calles, junto a nuestros compañeros de clase y el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito para todas las mujeres y personas gestantes, no será la excepción. | 
