En noviembre más de 200 jóvenes activistas por el clima de todo Estados Unidos ocuparon las oficinas de Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de los Representantes de EEUU. Más de 100 de ellos fueron arrestados. Luego, en enero, otros 100 más fueron detenidos ocupando las oficinas del senador neoyorkino Chuck Schumer. ¿Su demanda? La creación de un “Green New Deal”. Igual que los activistas que se sentaron fuera de la Casa Blanca bajo la presidencia de Obama contra el oleoducto de Keystone XL y aquellos que se resistieron a la construcción del Oleoducto de Acceso a Dakota en Standing Rock, estos defensores del medio ambiente han tenido éxito al atraer la atención nacional a su causa.
Un Green New Deal (GND), dicen los activistas, apartaría al país de los combustibles fósiles para orientarlo hacia energías 100% renovables en un plazo de 12 años. Esta es la fecha límite para evitar cambios climáticos catastróficos alrededor de todo el globo, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) [1]. Al mismo tiempo sostienen que el plan crearía millones de puestos de trabajo en empresas renovables, reduciendo la pobreza y la inequidad. La declaración de los organizadores también exige que los demócratas rechacen aceptar cualquier contribución a la campaña por parte de compañías de combustibles fósiles.
La propuesta del GND parece haber generado agitación -una encuesta recientemente realizada por la Yale University muestra que el 81% de los americanos, incluyendo una mayoría de demócratas, republicanos e independientes, respaldan la idea-. [2] Sin embargo, hasta ahora la gran parte de los políticos del Partido Demócrata han reaccionado fríamente ante la situación. Tan solo unos pocos de los aspirantes a la presidencia del Partido de Demócrata en 2020 han salido a defender la idea, incluyendo a Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Corey Booker. Todavía la mayoría del establishment del partido es reacia a firmar. Menos de 50 representantes demócratas en la Cámara de Representantes y ninguno de la dirección, han dado muestras de apoyo al GND. Un Comité Selecto para el Green New Deal fue creado tan solo unos días después de que los demócratas tomaran control de la Cámara en enero, pero este fue inmediatamente privado de cualquier poder de citación.
Alexandria Ocasio-Cortez es la figura más reconocida del GND. La representante de Nueva York quien se define a sí misma como “socialista democrática”, tomó el eslogan durante su campaña a las primarias y jugó un rol muy importante en impulsarla hacia la victoria. Ocasio-Cortez describió el GND como algo:
“Similar en escala a los esfuerzos de movilización en la Segunda Guerra Mundial o el Plan Marshall. Requerirá la inversión de billones de dólares y la creación de millones de puestos de trabajo con salarios elevados. Debemos invertir de nuevo en desarrollo, manufacturas y distribución de energía, pero esta vez energía verde. Lo que estamos tratando de lograr no es tan solo salvar nuestro planeta de la devastación del cambio climático, sino que también sacará de la pobreza a millones de americanos.” [3]
El capitalismo apunta hacia toda vida sobre la Tierra
Los activistas por el medio ambiente que apoyan el GND están en lo cierto al ligar la crisis climática a la del desempleo, el subempleo o los bajos salarios- son dos caras de la misma moneda. La causa de ambos es el capitalismo. El calentamiento global, la acidificación de los océanos, del aire y la contaminación del agua, la deforestación, las especies en extinción, todos son resultado de un sistema que antepone los beneficios al bienestar de las personas. La necesidad del capitalismo de producir cada vez un mayor número de mercancías es fundamentalmente incompatible con la sostenibilidad ecológica. De manera similar, el estancamiento o la caída de los salarios y la masa de trabajadores desempleados subempleados -lo que Marx denomina el ejército industrial de reserva- es necesario para asegurar el beneficio y la continuación de acumulación de capital.
Los combustibles fósiles, así como todos los recursos de la Tierra que pueden ser usados como materias primas, están “provistos (a los capitalistas) por naturaleza gratuita”, señalaba Marx. Los capitalistas nunca compensarán al planeta por todo aquello que roban de la tierra o los daños que causan al agua, el suelo o la atmósfera. Pueden arrendar la tierra para perforarla, pero la cantidad de petróleo, gas o carbón que ellos pueden extraer depende únicamente de la cantidad de reservas bajo ella. Por consiguiente, existe un poderoso incentivo inherente al capitalismo para continuar la extracción y prácticamente ninguno para eliminarla gradualmente. Mientras tanto, se invierten billones de dólares para extraer combustibles fósiles que están todavía bajo tierra, y estas inversiones solo se recuperan si el combustible se extrae con éxito. Incluso al borde de una catástrofe que amenaza a una gran parte de la vida en la Tierra, la lógica del capitalismo lleva a continuar la explotación y la quema de combustibles fósiles.
Evidentemente, la destrucción del medio ambiente no es enteramente única del capitalismo. Otras sociedades han arruinado hábitats y acabado con sus especies. Numerosas sociedades pre-capitalistas, a través de la deforestación, la sobreexplotación agrícola u otras prácticas dañinas para el medio, contribuyeron a la desertificación de sus tierras y, en última instancia, a la descomposición de sus sociedades. Friedrich Engels describe cómo, al destruir sus bosques, los hombres de “Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y otras regiones sentaron las bases para la actual aridez de esas tierras.” [4] Pero hasta la dominación del capitalismo, ninguna otra sociedad había sido capaz de alterar radicalmente el sistema de la Tierra en su totalidad, desde los océanos hasta la atmosfera pasando por todos los seres vivos. Y en menos de un siglo, miles de millones de personas, millones de especies y centenares de miles de hábitats estarán en grave peligro, impidiendo una total reorganización de nuestra sociedad y nuestro sistema de producción.
La crisis climática se acerca al momento crítico
No puede haber ninguna duda de que se necesita una acción inmediata y drástica para combatir la emergencia medio ambiental ante la que nos encontramos. Los fenómenos climatológicos extremos de los últimos años son prueba de ello. Desde los Acuerdos de París de 2015, hemos visto un huracán devastador que mató a 5000 personas en Puerto Rico [5] y dejó a gran parte de la isla sin energía durante casi un año. Hemos sido testigos de severas sequías e incendios sin precedentes en el Oeste Americano, y masivas inundaciones en las dos Carolinas que acabaron con la vida de docenas de personas. Y esto tan en los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud [6] informa de que, si las tendencias actuales continúan, debido al calentamiento global se podrían alcanzar un cuarto de millón de muertes más al año entre 2030 y 2050- según una aproximación conservadora.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación y los numerosos acuerdos internacionales para disminuir la emisión de gases invernadero, todo apunta a una crisis climática que más que mejorar, se profundiza. De hecho, en 2018 las emisiones aumentaron un 2,7%, siendo el segundo año consecutivo de crecimiento. Los Estados Unidos establecieron un nuevo récord de producción de crudo el año pasado, con una media de 10.88 millones de barriles al día, lo cual lo convierte en el mayor productor de petróleo, superando así a Rusia y Arabia Saudí. La producción estadounidense de gas se disparó más del 10% respecto al año anterior y también alcanzó cifras récord, como consecuencia del descubrimiento de nuevas fuentes de gas natural y el desarrollo de nuevas tecnologías de fracking. China e India -donde se incrementa la producción de manufacturas destinadas a Occidente- ambas alcanzaron nuevas máximas de emisión de carbón y planean abrir docenas de plantas energéticas a carbón en los próximos años.
Como señalaba el informe del año pasado elaborado por el IPCC, las emisiones deberían haberse reducido en 45% para el año 2030 -en menos de 12 años- para evitar sobrepasar el umbral crítico de los 1.5 grados centígrados de calentamiento, a partir del cual la escasez de alimentos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos climatológicos extremos serían generalizados. Ante tal escenario no hay espacio para respuestas graduales o parciales. Por este motivo, los jóvenes activistas han rechazado las soluciones basadas en el mercado encerradas en el establishment medio ambiental, como por ejemplo una mayor regulación, impuestos sobre el carbón o el comercio de emisiones. Estas estrategias no tienen ninguna oportunidad de reducir las emisiones en el tiempo necesario para evitar la catástrofe de decenas de millones de personas. No obstante ¿podría un GND ofrecer una alternativa?
¿Es el New Deal original un modelo a seguir?
El New Deal original fue implementado durante un periodo de crisis capitalista como nunca antes se había visto antes o desde entonces en Estados Unidos. El historiador Jefferson Cowie señala que después del Crack de Wall Street en 1929
“5000 quiebras bancarias; 7 mil millones en activos de los depositantes; cientos de miles de familia perdieron sus casas; los granjeros se quedaron paralizados por la carga que suponían la caída en picado de los precios, las sequías y las deudas; agencias locales y estatales de prestaciones sociales se quedaron sin recursos; y el Producto Interior Bruto bajó a la mitad. La agricultura, ya en depresión para la mayor parte de la década, se marchitó como el algodón azotado por la sequía. En la Nueva York de Roosevelt, el paro alcanzó el 30% y entre un cuarto y un tercio del resto del país permanecía inactiva.” [7]
Al mismo tiempo, el malestar laboral incrementaba. En 1933 más de 1 millón de trabajadores estadounidenses fueron a la huelga, cuadruplicando el número del año anterior. En 1934 el número aumentó a 1.4 millones de trabajadores. El número de miembros del Partido Comunista de Estados Unidos creció a más de 65.000 militantes. A su vez, se producía en Europa un auge del movimiento comunista e irrumpía una crisis revolucionaria en Alemania y España. Si la burguesía norteamericana deseaba prevenir la radicalización del conjunto del movimiento obrero, debería hacer mayores concesiones.
Las políticas keynesianas que asociamos con el New Deal y la administración de Roosevelt, incluyendo el establecimiento de un programa de Seguridad Social que ofrecía subsidios por desempleo, prestaciones de jubilación y compensaciones por discapacidad, fueron creadas en este contexto. Para incentivar la demanda de consumo durante la profunda crisis económica, se requería la creación de puestos de trabajo y los obreros necesitaban el reconocimiento del derecho a huelga y organización para poder aumentar los salarios. La Ley Wagner y los programas de empleo como la Administración del Progreso de Obras sirvieron tanto para combatir la radicalización obrera como para restaurar la capacidad de la clase obrera de consumir productos básicos. Sin embargo, en última instancia, el programa keynesiano fue insuficiente para abordar la crisis. En 1938, el desempleo volvió a aumentar, alcanzando los 10 millones de personas en todo el país. Sólo una nueva guerra mundial, y la destrucción masiva de capital que la acompañó, podría restaurar los beneficios de los capitalistas y marcar el comienzo de un nuevo período de auge en el país.
Durante la Segunda Guerra Mundial la economía estadounidense se sometía a la producción central del War Production Board (WPB). Por ejemplo, el 22 de febrero de 1942, la producción automovilística cesó en los Estados Unidos. De la noche a la mañana, toda esta potencia industrial pasó a construir tanques y aviones. A día de hoy, el sector automovilístico dice que necesitaría décadas para sustituir los combustibles fósiles. Estas son décadas que simplemente no tenemos. Necesitamos cambiar inmediata y radicalmente la producción y someterla a control social. Todas las capacidades productivas del sector del automóvil han de ser puestas al servicio de la creación de transporte público no-contaminante, por ejemplo.
Todos los informes del IPCC dicen que necesitamos “cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedente en todos los aspectos de la sociedad”. Sin embargo, en la historia sí que hay precedentes de este tipo de cambios. Más allá de la economía de guerra en la década de 1940, también podemos observar a la Unión Soviética durante el Plan Quinquenal. Después de la Revolución de Octubre que liberó al país del yugo capitalista, un país mayoritariamente agrícola, fue capaz de enviar al primer hombre al espacio en menos de 40 años.
La lucha contra el cambio climático requiere una intrusión similar en la propiedad privada y el libre mercado. Por supuesto, la planificación durante la Segunda Guerra Mundial era necesaria para que los capitalistas americanos pudieran vencer a sus competidores alemanes. Las industrias sometidas a la planificación permanecieron en forma de propiedad privada y los beneficios de la guerra fueron para los capitalistas. Para combatir el cambio climático el tipo de planificación que necesitamos debe ser hecha por la clase trabajadora. Esto significa que los trabajadores de todos los sectores de la economía decidan conjuntamente qué necesitan y cómo pueden contribuir a ello. Representa trabajadores escogiendo a sus representantes, quienes coordinarán la economía a nivel local, regional, continental y mundial. Este tipo de economía está al servicio de las necesidades de la mayoría en lugar de producir beneficios tan solo para unos pocos.
¿Quién paga y quién se beneficia del GND?
Ocasio-Cortez juntamente con el Senador Jeff Markley y otros demócratas, han introducido recientemente una resolución congresual de apoyo a un Green New Deal. El plan es, hasta ahora, poco concreto en detalles sobre cómo se financiaría e implementaría. Aun así, contiene propuestas que merece la pena examinar. El GND, sostiene, permitiría a los Estados Unidos una transición hacia el 100% de energías renovables en un plazo de 10 años y mantendría los combustibles fósiles bajo tierra. El plan construiría una red eléctrica eficiente en todo el país basada en energías renovables. Actualizaría todos los edificios existentes para maximizar la eficiencia energética. Además, crearía un sistema ferroviario de alta velocidad y asequible, así como transportes públicos, entre otras propuestas para reducir las emisiones de dióxido de carbono. La resolución también contiene propuestas para crear “millones de empleos de calidad bien remunerados” y provisionar reparaciones por injusticias históricas contra “las comunidades vulnerables y en primera línea” como la gente de color, las mujeres y las poblaciones indígenas.
Ciertamente, las iniciativas descritas en la resolución -y muchas más- serán necesarias para enfrentar el cambio climático. Una economía basada en los combustibles fósiles no es compatible con el futuro de la humanidad. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta importante: ¿quién va a controlar la nueva infraestructura “ecológica”? ¿Va el GND a desafiar las relaciones de producción existentes o en su lugar va a llevarnos a nueva era de capitalismo “ecológico”? El plan de Ocasio-Cortez también “proveerá oportunidades [!]… de propiedad pública” y “la mayoría de la financiación del Plan provendrá del gobierno federal”, en ningún lugar estipula que las nuevas estructuras de energías renovables serán de propiedad pública. No hay ninguna mención a la nacionalización de las empresas de combustibles fósiles o de los monopolios existentes como Duke, Dominion, Exelon y demás. Por el contrario, señala la creación de compañías público-privadas en el sector ecológico y subsidios estatales para empresas privadas en el sector industrial de las energías renovables. En otras palabras, la población financiará la creación de unos nuevos programas corporativos de prestaciones sociales, pero esta vez beneficiando al 1% “ecológico”.
Kate Aronoff, escribiendo a favor del GND en el diario digital Intercept, reiteraba la idea de que la financiación pública podría ser utilizada para incentivar a las empresas para convertirse en ecológicas:
“De la misma forma que reducir la producción de combustibles fósiles y aumentar las energías renovables será, por supuesto, una parte considerable de cualquier Green New Deal, también lo será invertir en investigación, desarrollo y capacidad de producción para conseguir que esos sectores especialmente difíciles de “descarbonicen”, como las aerolíneas y el acero, dejen de utilizar combustibles fósiles durante las próximas décadas, tal y como lo señala la propuesta de Ocasio-Cortez. Esto último requiere de un proceso todavía en gran parte experimental llamado electrólisis, el cual podría ser subvencionado a través de las inversiones dirigidas.” [8]
Según Aronoff, las corporaciones podrían convencerse del paso al lado ecológico si la financiación de las inversiones ofrecidas para desarrollar la tecnología fuera sostenida por el contribuyente. En otras palabras, las mismas corporaciones que poseen miles de millones de dólares y que son responsables de nuestra crisis ecológica serían las encargadas de sacarnos de la crisis a través del desarrollo de infraestructuras sostenibles en nuestro país, y recibirían generosas subvenciones públicas para hacerlo. Los mayores enemigos de nuestro planeta se convertirían de repente en sus salvadores.
Los defensores del GND tacharán esta consideración de inapropiada. Después de todo, también están pidiendo la propiedad cooperativa, las asociaciones público-privadas e incluso algunas empresas de propiedad pública. Pero, ¿cuándo han sido las cooperativas capaces de competir con las multinacionales, con capital virtualmente ilimitado a su disposición para mejorar la productividad y la eficiencia? De hecho, ¿no ha ocurrido ya este patrón en el que las grandes empresas superan a las cooperativas -junto con las pequeñas y medianas empresas- en prácticamente todas las industrias?
La revista New Left Review, otro partidario del GND, Robert Pollin, también propone como solución la inversión pública en empresas privadas:
“La característica principal del Green New Deal debe ser un programa mundial que invierta entre el 1,5 y el 2% del PIB mundial cada año para elevar los estándares de eficiencia energética y ampliar el suministro de energía renovable limpia (...) Los gobiernos tendrán que desplegar una combinación de herramientas para implementar la política, incluido el apoyo a la investigación y el desarrollo, un trato fiscal preferencial para las inversiones en energía limpia y acuerdos de mercado estables a largo plazo mediante contratos de adquisición por parte de los gobiernos. Las políticas industriales de energía limpia también deben incluir normas de emisión para los servicios públicos y el transporte, y la regulación de los precios tanto de los combustibles fósiles como de la energía limpia (…) No obstante, las inversiones en energía limpia crearán nuevas e importantes oportunidades para formas alternativas de propiedad, incluidas diversas combinaciones de propiedad pública, privada y cooperativa en menor escala.” [9]
De hecho, ofrecer subsidios públicos a las empresas privadas del sector de las energías renovables no es una idea nueva. El fabricante de automóviles eléctricos Tesla, que Aronoff admite que es un ejemplo de inversión verde que salió mal, ha recibido miles de millones en subsidios federales desde su lanzamiento. El diario LA Times estima que casi 5.000 millones de dólares en fondos públicos ya han sido dirigidos hacia la compañía automovilística y sus empresas relacionadas, SolarCity y SpaceX, a través de "subvenciones, exenciones fiscales, construcción de fábricas, préstamos con descuento y créditos ambientales, que Tesla puede vender". Como todas las formas de inversión gubernamental en el sector privado, el objetivo es socializar el riesgo (o "costes de puesta en marcha", por utilizar el término de la industria) mientras se privatizan los beneficios. El director ejecutivo Elon Musk, cuyo valor ya se estima en 20.000 millones de dólares, tiene previsto aumentar su patrimonio en otros 55.800 millones de dólares si la empresa cumple sus objetivos establecidos. Mientras tanto, Tesla recientemente despidió al 7% de su fuerza laboral -más de 3.000 trabajadores- en un esfuerzo por mantener la rentabilidad. La compañía siempre ha sido incondicionalmente antisindical, incluso despidiendo a varios trabajadores por intentar sindicalizar las plantas de Tesla.
Tesla está lejos de ser el único ejemplo de una empresa que recibe apoyo público para proyectos "verdes". La gran compañía de energía NRG recibió cientos de millones en préstamos federales y subvenciones en efectivo para sus proyectos de energía solar, al mismo tiempo que continuaba obteniendo la gran mayoría de la energía para sus plantas de energía a partir de combustibles fósiles como el gas natural, el petróleo e incluso el carbón. Incluso empresas como Google han aprovechado las oportunidades de apoyo federal a proyectos de energía verde. El New York Times informa que el gigante de Silicon Valley ha construido una planta solar y un parque eólico "en parte para obtener exenciones fiscales federales que puede utilizar para compensar sus beneficios de la publicidad en la Web". [10] Los beneficiarios de estos incentivos incluyen no sólo a los propios proveedores de energía, sino también a sus inversores, a menudo bancos de Wall Street como Goldman Sachs y Morgan Stanley.
Además, el plan del GND no incluye ninguna propuesta que garantice que las empresas de combustibles fósiles paguen por la destrucción que han causado. Se estima que el coste de los daños ambientales causados por las industrias del petróleo, el carbón y el gas asciende a 700.000 millones de dólares anuales, cifra que no hará sino aumentar a medida que empeoren los efectos del calentamiento global. De hecho, el plan dejaría la puerta abierta a los mayores contaminadores del mundo -empresas como ExxonMobil, Shell y BP- para recibir subsidios públicos para la transición a la producción de energía verde. Mientras tanto, aquellos que realmente pagan por las décadas de contaminación y degradación ambiental de estas compañías y otras continúan siendo comunidades pobres y comunidades de color, comunidades como Flint, Michigan o Standing Rock, Dakota del Norte.
Los jóvenes que hoy creen en el Green New Deal tienen razón al exigir el fin de la extracción de combustibles fósiles y la transición más rápida posible a la energía renovable. Pero en lugar de crear nuevas megacorporaciones "verdes", deberíamos exigir un sector energético que sea 100% de propiedad pública, gestionado y supervisado íntegramente por comités de consumidores y trabajadores. Sólo bajo estas condiciones las empresas energéticas serían capaces de actuar verdaderamente para el interés público, es decir, producir y distribuir energía de la manera más ecológicamente responsable, a la vez que gratuita para la clase trabajadora y las comunidades pobres. Una industria energética de propiedad estatal y gestionada democráticamente también demostraría las posibilidades de una economía completamente planificada y abriría la puerta a nacionalizaciones en otros sectores, como la industria de la salud, el sistema de educación superior y el sistema de transporte.
Las asociaciones público-privadas nunca pueden representar una alternativa ecológicamente sostenible, ya que mientras el motivo del beneficio siga siendo operativo, las preocupaciones ecológicas y de salud se sacrificarán en beneficio de los resultados de la empresa. Basta recordar que la noruega Statoil, la mayor compañía petrolera del país, y una de las más grandes del mundo, es una empresa público-privada. Lejos de reducir la producción de petróleo ante la actual emergencia climática, Statoil ha incrementado constantemente su producción en los últimos años, emitiendo miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Mientras tanto, la compañía ha continuado asegurando altos rendimientos a sus accionistas mientras que su CEO gana un salario anual de un millón de dólares.
Todos los mecanismos propuestos por el GND y sus partidarios como Pollin y Aronoff, si bien añaden una intervención estatal a la ecuación, siguen dependiendo de los mecanismos de mercado para efectuar una transición a la energía renovable. Como demuestran los intentos anteriores, la propia dinámica del capitalismo y su afán de lucro destruye todo lo que se interpone en su camino, incluido el planeta. Para tener un sistema de producción y distribución que sea compatible con la supervivencia de la humanidad, la fuerza motriz de la economía debe alejarse radicalmente de la búsqueda de beneficios.
La demanda de los jóvenes activistas del GND de empleos garantizados con un salario digno para todos los que quieren trabajar es una demanda altamente progresista y debería ser aceptada por todos los socialistas. Pero la lógica del capitalismo dicta que, frente a las nuevas tecnologías y a la creciente competencia entre empresas, los beneficios sólo pueden mantenerse si se elimina la mano de obra "excedentaria". Por eso todas las empresas insisten en el derecho de despedir a sus empleados a voluntad. Una garantía de empleo, entonces, no puede ser implementada simplemente creando nuevos centros de trabajo en todo el país, como sugieren los defensores del GND. Más bien, debemos exigir la reducción de la jornada laboral y la distribución de las horas de trabajo entre los empleados y los desempleados. Las empresas como Tesla que despiden a sus trabajadores en nombre de la rentabilidad deben ser nacionalizadas inmediatamente.
Por supuesto, estas demandas desafían directamente el marco capitalista. Esa es la cuestión. Un programa para combatir la crisis climática y sacar a millones de trabajadores y pobres de la pobreza, la deuda y la miseria requiere que miremos más allá de las "posibilidades" que ofrece el capitalismo. Necesitamos un control democrático de nuestra economía ahora mismo. El cambio climático fortalecerá las tendencias inherentes del capitalismo hacia la barbarie. Simplemente no hay tiempo para poner nuestras esperanzas en pequeñas reformas y soluciones "basadas en el mercado" que no logran nada. De hecho, son precisamente los capitalistas "verdes" como Musk quienes dirigen la mayor parte de su atención a llegar a Marte. El capitalismo se ha convertido en una bomba de tiempo que amenaza a la gran mayoría de la población del planeta. La gente trabajadora puede salvar el planeta y a nosotros mismos, ¡pero tenemos que actuar con rapidez!
Mientras escribimos estas líneas, los estudiantes de Australia y Europa han estado en huelga. Con el lema #FightForFuture, se niegan a ir a clase una vez por semana para exigir a sus gobiernos que tomen medidas sobre el clima. Estos jóvenes están mostrando el camino a seguir. La clase obrera necesita usar su imparable poder social para dirigir la lucha por nuestro futuro.
Traducción: Pablo Acedo
* Artículo publicado originalmente en la revista Left Voice de Estados Unidos. |
