Parece tan obvio que lo reconoció hace unos días el diario Clarín. “En la Casa Rosada admiten que difícilmente será convertido en ley este año. Aun así al oficialismo le servirá para fogonear el debate de los aspectos de la iniciativa vinculados a la seguridad, un tema que busca ubicar durante la campaña por encima de la discusión por la economía”. (21/03).
Hace pocos días un informe de la Universidad Católica confirmó que ya hay más de 12 millones de pobres. La semana pasada el Indec que hay 400.000 más desocupados que hace un año. Este martes el dólar alcanzó un nuevo récord de 43,67 pesos y el panorama económico es incierto. Lo único que baja es la imagen del gobierno.
Por eso esta semana el gobierno ha iniciado su campaña para reforzar su perfil derechista y “pelear la agenda”. El próximo jueves un plenario de comisiones de Diputados comenzará a analizar el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad. También esta semana finalmente ha ingresado al Congreso el proyecto que terminó de diseñar una comisión encabezada por Mariano Borinsky, un “peso pesado” de la Cámara de Casación Penal. Lo ayudaron en la redacción otros integrantes del Poder Judicial, con una influencia especial de la corporación de Comodoro Py que en estas semanas aparece en el ojo de la tormenta ante las revelaciones del caso D’Alessio.
Para tener una idea, en la “Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación” se encuentran varios representantes reaccionarios de esa casta judicial. Uno es Carlos Mahiques, que ganó “fama” al oponerse a la aplicación del aborto no punible a una joven de 19 años violada y tenía "discapacidad intelectual". Otro Guillermo Yacobucci, uno de los jueces que firmó la excarcelación de los ex represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta.
Ambos jueces fueron promovidos por Macri y Vidal a cargos en importantes cargos en el Poder Judicial.
Para tener otra idea, el texto de la reforma fue presentado en septiembre pasado en el Departamento de Estado y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Infobae, “funcionarios de Donald Trump elogiaron las reformas al Código Penal y ofrecieron su colaboración” (11/11/2018). Ese apoyo hay que entenderlo dentro de la política de EE.UU en la región, que busca “judicializar la política” aunque con una mirada inclinada siempre a favor de sus intereses y los gobiernos más derechistas.
¿Qué se puede esperar de una reforma pensada por estos personajes y apoyada por estos intereses?
El proyecto del gobierno tiene más de 900 artículos, que obliga a un repaso a fondo que iremos desarrollando en los próximos días, incluyendo la opinión de especialistas. Además hay que prestar atención a las posiciones de las otras fuerzas políticas. El Frente Renovador ya ha adelantado propuestas que no tienen mucho que envidiarle a las de Cambiemos. Buena parte del peronismo ha mostrado su acuerdo en cuestiones como el endurecimiento de penas, la baja de la edad de imputabilidad de menores o el aborto. Más allá de la campaña del Cambiemos, todos los partidos tradicionales saben que para gobernar en los próximos años necesitarán apelar cada vez más al poder punitivo del Estado.
El macrismo viene promocionado del nuevo Código Penal destacando el endurecimiento de penas contra el narcotráfico, la corrupción o el terrorismo. También contra delitos relacionados con la “inseguridad”. Desde La Izquierda Diario queríamos subrayar algunos de los puntos más reaccionarios del proyecto oficial.
Contra las mujeres
Como analizaba Sol Bajar en este diario, en relación al “derecho al aborto, el Código Penal de Macri retrocede cien años y criminaliza a las mujeres”.
Una de las críticas más duras vino de la Campaña Nacional por el derecho al aborto. Planteó que el proyecto “implica no solo un desconocimiento de la normativa internacional en materia de DD.HH. vigente, sino también un grave retroceso en relación con el debate social del 2018 y la media sanción de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)". Además, analizando varios artículos, denuncia que " sigue una línea punitivista e incorpora como delito la ’lesión a la persona por nacer’ (artículos 95, 96 y 97), en su forma dolosa (con intención) y culposa (sin intención)". Para la Campaña, "este nuevo ’delito’ le otorga al feto un estatus jurídico determinado, ajeno y distinto al cuerpo de la mujer o persona con capacidad de gestar, en un intento de equipararlo a una persona ya nacida”, contradiciendo así fallos que sentaron jurisprudencia.
Contra la protesta social
La “Exposición de Motivos” presentada por la comisión redactora, un documento de cerca de 250 páginas, se refiere abiertamente a “piquetes” y “agresiones en manifestaciones”. Ese contenido se traduce luego al articulado, siendo la primera vez que el Código Penal incorpora explícitamente manifestaciones sociales como elemento de un delito.
Entre ellos el artículo 208, que plantea: “Se impondrá prisión de UN (1) mes a DOS (2) años, al que, en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona, de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, siempre que no resulte un delito con pena más grave. Si los cuerpos contundentes o proyectiles estuvieran dirigidos a un miembro de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función, cargo o condición, la pena será de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión”. O sea que en este último caso ni hace falta probar que “pusiere en riesgo su integridad”.
Como analizaba en este diario Eric Soñis, del CeProDH, el gobierno busca también ampliar el delito de asociación ilícita, como parte de los “Delitos contra el orden público”. Además de los casos de “asociaciones” que se dediquen a “cometer delitos” o “disponen armas de guerra”, se le agrega un tercer caso: “agrupaciones (...) que tuvieran por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
“La acusación de “imponer ideas por la fuerza o el temor” fue repetida hasta el hartazgo por funcionarios tras represiones y masivas detenciones como las jornadas de diciembre de 2017”, analiza Soñis. E incluso una fiscal llegó a acusar con esta figura a delegados del Subte.
Además el nuevo Código aumenta las penas para los cortes de calles. Se impondrán hasta 3 años de prisión, a quien “aun sin crear un peligro común, empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un medio de transporte público” o “de un medio de transporte privado”.
Inclusive una manifestación podrá sufrir imputaciones por el delito de terrorismo, ya que este será todo delito grave que “se lleve a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo 314). La redacción fue tomada textualmente de un artículo incorporado al Código Penal en el año 2011 con la “ley anti-terrorista” aprobada por el Frente para la Victoria.
El Código incluye una venia al gatillo fácil de las fuerzas de seguridad. En el artículo 34, bajo el título de Imputabilidad, declara que no será punible aquel “miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.
Así incorpora a la legislación la “Doctrina Chocobar” que ya se aplica de hecho o por protocolo en las calles argentinas.
También la “Doctrina Pichetto” tiene su lugar en la iniciativa, con una serie de artículos que aumentan las penas para la “permanencia ilegal de inmigrantes”.
En los próximos días seguiremos analizando el “nuevo” Código Penal. Una campaña con la que el macrismo reforzará su perfil derechista, mientras mira con preocupación los números de la economía y las encuestas. | 
