Venezuela ha sido golpeada por otro importante corte de energía, con más de la mitad del país, incluyendo Caracas, afectado por un nuevo apagón en una situación que no consiguen estabilizar.
Se calcula que cerca del 60% de la infraestructura de telecomunicaciones del país está fuera de línea. El suministro de agua también se interrumpió desde la tarde el lunes 25, horas después del apagón, y hasta el momento no se ha vuelto a restablecer con normalidad. Este nuevo apagón generalizado se produce a menos de tres semanas del anterior, en que prácticamente todo el país se sumió en la oscuridad por lo que se consideró la peor falla de energía eléctrica en la historia venezolana.
El gobierno de Maduro continúa sosteniendo que se trata ataques y sabotajes al sistema eléctrico y sobre todo a la principal represa hidroeléctrica, el Guri. Nada se puede descartar en un marco de agresión del imperialismo con la avanzada golpista que ha venido sosteniendo.
Cientos de personas se desplazan a pie y esperan autobuses debido a la suspensión del servicio del Metro
Pero en medio del colapso y descalabro económico donde la principal industria del país, la petrolera, bajó prácticamente a un tercio de lo que venía produciendo unos años atrás, es muy probable también que los constantes blackout que mantienen a oscuras a buena parte del país se deban al deterioro constante de todo el parque de generación de electricidad y la falta de inversión en todo el sistema, tanto en los de generación eléctrica como en los de distribución de la energía a las ciudades y poblados del país.
Desde hace muchos años se ha venido alertando sobre esta situación, tanto los propios trabajadores como técnicos y especialistas, e incluso hasta ex funcionarios gubernamentales.
Edificios a oscuras durante el apagón en el centro de Caracas
El parque nacional de electricidad está compuesto centralmente por la generación hidroeléctrica y termoeléctrica, siendo muy baja la proporción de la generación por otros medios. Actualmente, casi un 70% de la electricidad generada en el país se realiza por el sistema hidroeléctrico y el resto por termoeléctrico, sumado a otras generaciones alternativas de menor peso. Las infraestructuras del mismo están localizadas, en su mayoría, en la región de Guayana, donde funcionan los complejos hidroeléctricos más grandes del país.
Como vemos, Venezuela es altamente dependiente de la generación hidroeléctrica, específicamente del Guri, sin nuevos desarrollos de sistemas de represamiento y generación. Además, las pocas plantas termoeléctricas que existen en el país como Tacoa o Plantacentro, están operando a bajos porcentajes de su capacidad instalada, y para rematar los sistemas de distribución están muy deteriorados por falta de mantenimiento.
Una población que ya sufre las calamidades de una catástrofe económica que se arrastra por largos años, con escasez en productos esenciales y un proceso hiperinflacionario acompañado de megadevualaciones que han reducido los ingresos de los trabajadores y sectores populares a la nada, se suma esta situación que acarrea además la falta de agua y problemas en las comunicaciones.
Locales comerciales cerrados por la falta de suministro eléctrico
Desde hace mucho tiempo en distintas regiones del país se vienen dando fuertes apagones que duran varios días. Lo nuevo es que ahora es extendido a nivel nacional.
El gobierno insiste en el sabotaje, pero calla la boca sobre el desmantelamiento de la industria petrolera en función de atender los grandes pagos de la deuda externa y la venia a la gran fuga de capitales que durante más de una década desfalcó al país. Se trata de miles de millones de dólares fugados que entre otras cosas se podrían haber utilizado para infraestructura y mantenimiento de el sistema eléctrico. Si el Gobierno dejó caer la infraestructura de la industria petrolera, la principal del país, y alentó al mismo tiempo la fuga de capitales, qué se puede esperar del mantenimiento de un sector que no le genera gran renta, como el eléctrico. Es así que hoy asistimos a estos niveles de colapso.
Distintos informes de investigaciones periodísticas y académicas aportan abundantes datos sobre el deterioro del sistema eléctrico nacional en todos estos años, así como de la cantidad enorme de recursos que en teoría sería empleados en mejoras del mismo, recursos a los que, evidentemente, no se les vio el resultado.
Los casos de corrupción en este sector son muchos, algunos de envergadura, como el prometido parque eólico de La Guajira, con una inversión de 225 millones de dólares, dinero que cayó en saco roto porque tal parque nunca se inauguró. De hecho, desde hace muchos años atrás el propio gobierno decretó la “emergencia eléctrica”, lo cual permitió dirigir más recursos hacia el sector con más laxitud de controles, así como también la militarización de sus instalaciones. Otro aspecto que llama la atención pues, si algunos de los “saboteos” que denuncia el gobierno han consistido en el incendio de algunas instalaciones, ¿cómo han ocurrido estando estas bajo custodia de las FF.AA.?
Ante este descalabro la oposición de derecha no pierde el tiempo para sacar provecho de la situación. En función de su Plan País, lo primero que saca a relucir es que la actual situación sería el producto del fracaso de las políticas de un supuesto “socialismo”, como si en Venezuela en algún momento se hayan tomado medidas en este sentido. En realidad apunta contra la propiedad pública y la gestión estatal. Enarbola que es el fracaso de las políticas en que los servicios como la luz, el gas y el agua estén en manos del Estado, y que la solución es que pase a manos privadas. El viejo argumento de la década de los noventa, cuando la ola neoliberal dio inicio a todas las privatizaciones.
El Plan País no es más que un neoliberalismo recargado, que propone simple y llanamente el remate del país para que el capital transnacional y nacional se apodere de todo lo que pueda, así como pasar los servicios públicos a estar bajo la racionalidad de la ganancia capitalista. La “entrada masiva de inversiones” y “gestión privada” de los servicios, son parte de las definiciones que plantea el plan de la derecha apoyada por el intervencionismo imperialista.
En verdad la única política progresiva es que las empresas de estos servicios sigan siendo propiedad pública, pero no gestionadas por esta casta de burócratas corruptos y antiobreros, civiles y militares, sino gestionadas directamente por los trabajadores, con control popular y de los usuarios, para que realmente estén al servicio de satisfacer las necesidades del país y del pueblo trabajador, donde grandes franjas padecen la falta de estos servicios elementales, estando en un país dotado de grandes recursos naturales de todo tipo, y viniendo de un período de altos ingresos por renta petrolera. Ni en manos de la burocracia estatal corrupta que las usan para sacar provecho y enriquecerse, ni en manos del capital privado para que estén al servicio de sus ganancias, sometiendo al pueblo con tarifazos.
Alrededor de la administración de las empresas públicas por estas castas burocráticas es que funcionan como grandes prebendas del Estado, alrededor de las cuales surgen nuevos grupos económicos, tal como lo hemos visto en el país, que nada bueno traen para el pueblo trabajador. Pero las políticas privatizadoras de la derecha no son más que para enriquecer a los de siempre, a un puñado de ricos que se aprovechan con altas tarifas en detrimento de las grandes mayorías populares, tal como vemos en otros países donde gobiernos neoliberales como el de Macri en Argentina que condena al pueblo con un alto costo de la vida.
Como ya venimos diciendo, incluso cuando el gobierno habla de sabotaje es incapaz de tomar las más elementales medidas antimperialistas. Pero oculta su gran responsabilidad está esta catástrofe donde servicios elementales como la electricidad y el agua sufren un gran deterioro y colapso.
Para saber la verdad de estos hechos, debe imponerse el derecho a tener investigaciones realmente independientes a cargo de los propios trabajadores y las comunidades, con los especialistas que estos tengan a bien requerir, sin ningún tipo de subordinación ni tutela del gobierno nacional, los militares o la Asamblea Nacional responsable del intento golpista. Solo así podrá el país tener certeza de que se le dice la verdad de lo sucedido.
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