Luego de más de 50 días de paralización y protestas, la comunidad de Fuerabambas, ubicada en la provincia de Cotabambas - Apurímac, continúa en pie de lucha contra la empresa minera MMG Las Bambas y contra el Gobierno de Martín Vizcarra. Los comuneros exigen que se respeten los acuerdos establecidos desde un inicio con la empresa minera. Desde las 00:00 horas del miércoles, los dirigentes de 38 comunidades campesinas del distrito de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, iniciaron una huelga indefinida.
Esta lucha, que ha conmovido al país entero y que ha despertado la solidaridad de muchos sectores sociales, viene siendo reprimida brutalmente por el ejecutivo y criminalizada por un poder judicial que una vez más demuestra estar del lado de los intereses de las mineras, por esa razón los líderes de las comunidades afectadas y sus asesores legales hoy están presos.
Cabe mencionar que las primeras acciones de protesta, que tienen en los campesinos a sus principales protagonistas, se iniciaron en 2015, cuando la empresa minera empezó a realizar modificaciones sustantivas a los acuerdos iniciales sin que se realice el proceso de consulta a los campesinos de la zona. Esto llevó a que se dé el incumpliendo de la construcción de un mineroducto para transportar el mineral, siendo reemplazado por la construcción de una carretera que no sólo contaminaría el medio ambiente, sino que también afectaría las tierras de cultivo de los agricultores. Al parecer, la empresa habría optado por esta decisión para abaratar los costos de producción e incrementar así su tasa de ganancia.
Foto archivo (La República)
Ante estas medidas, las comunidades afectadas por la construcción de la carretera y por el paso de los convoyes de transporte de minerales, deciden llevar adelante las acciones de fuerza que se han prolongado hasta la actualidad. El territorio en el que se construyó esta carretera, de más de 39 hectáreas de longitud y que es utilizada por la empresa minera como medio de transporte del mineral, es aun propiedad de las comunidades campesinas (en ello se sostienen los reclamos de los comuneros), sin embargo, la empresa con la complicidad del gobierno y del poder judicial, aducen que estos son territorios nacionales y por tanto públicos, lo cual le daría el derecho al Estado para otorgarle su usufructo a los inversionistas privados, quienes incluso se niegan a otorgar una compensación a los afectados por los terrenos ocupados.
La empresa minera, empoderada por el apoyo del presidente Vizcarra, de los principales medios de comunicación y del conjunto de las instituciones del Estado, se ha negado categóricamente a dialogar con los campesinos de las zonas afectadas, lo cual ha conllevado al endurecimiento de las protestas, frente a ello el poder judicial ha respondido con la criminalización de las protestas; es así que los representantes legales y los dirigentes de las comunidades que venían llevando adelante las luchas fueron detenidos cuando intentaron un diálogo con el Estado, acusándolos de ser “cabecillas de una organización criminal”.
En ese entender, los representantes de los poderes estatales no tuvieron mejor idea que modificar el artículo 200 del código penal, para que la toma de una carretera sea considerada como un delito, al cual le correspondería una pena de 15 años de cárcel. Así pues, una vez más queda evidenciado el verdadero papel del Estado, el cual no es otro que convertirse en fiel servidor de las empresas privadas, avalando sus decisiones y respondiendo a la justa protesta social con violencia, represión policial y criminalización.
En este escenario se hace necesario rodear de la más amplia solidaridad la lucha que hoy libran los pobladores de la provincia de Cotabambas en Apurímac y bregar para que los trabajadores urbanos, quienes también vienen siendo agredidos por las políticas de ajuste del gobierno, se vinculen a las luchas de los campesinos construyendo en la práctica instancias de auto organización obrero-populares que actúen independientemente de las instituciones del Estado y de los patrones. |
