El 29 de Marzo de 2016, frente al negocio donde trabajaba Silvia, sus hijos Marina y Andrés Destefani, colocaron una baldosa que decía: “Aquí soñó y vivió Silvia Suppo, militante peronista testigo en causas de lesa humanidad. Aquí fue asesinada el 29 de marzo de 2010. Verdad y Justicia. Baldosas por la Memoria”.
En cada lucha y movilización por el aniversario del Golpe cívico militar, Jorge Julio López y Silvia Suppo están presentes en el grito de decenas de miles que exigen memoria, verdad y justicia. Tienen en común haber sido sobrevivientes del terrorismo de Estado y que sus testimonios fueron claves para enjuiciar a genocidas. Pero no pudieron presenciar las tardías condenas.
Silvia Suppo fue asesinada en la mañana del 29 de marzo de 2010 en su local comercial de Rafaela (Santa Fe). Era militante política, víctima de delitos de lesa humanidad y testigo clave en los juicios a los represores de la última dictadura en esa provincia.
A pocas horas de los hechos, el gobierno provincial de Hermes Binner declaró que el asesinato de Silvia había sido consecuencia de un robo común, garantizando un manto de silencio e impunidad.
Sus hijos continúan exigiendo que se investigue el móvil político del crimen de Silvia y reclamando que se condene a los policías que participaron en la “investigación” por la cantidad de irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción como torturas y ocultamiento de pruebas.
Fallo histórico: los delitos sexuales son de lesa humanidad
Meses antes ser asesinada, Silvia había declarado como testigo en el juicio que concluyó con el primer exjuez federal de la Argentina condenado por crímenes de lesa humanidad, Víctor Brusa. El mismo fue funcionario judicial durante la dictadura y luego, ya en el período constitucional, promovido a juez. Durante el proceso, Silvia manifestó sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones.
Suppo fue secuestrada a los 18 años el 24 de mayo de 1977, horas antes habían secuestrado a su hermano y en enero a su compañero Reynaldo Hattemer en la puerta de una Iglesia. La trasladaron primero a la seccional 4° de la Policía en Santa Fe y de ahí al centro clandestino de detención “La Casita”.
En ese lugar, Silvia fue torturada y violada en varias ocasiones, luego fue derivada a la Guardia de Infantería Reforzada como presa legal y, al constatar su embarazo, le practicaron un aborto en un consultorio privado. Su carcelera era María Eva Aebi quien se hizo pasar por la hermana y el genocida Farina, como su marido.
Silvia tenía que volver a declarar en la “Megacausa Rafaela” que valientemente impulsó. Sus hijos Marina y Andrés Destéfani continuaron la querella representados por el equipo jurídico de HIJOS Santa Fe, en el juicio a los ex policías María Eva Aebi -ex sargenta primera-, Ricardo Ferreyra -comisario inspector retirado-, Juan Perizzotti -comisario mayor retirado- y Oscar Farina -comisario inspector retirado- por delitos de lesa humanidad cometidos a siete víctimas.
El 8 de octubre de 2018, finalmente el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en un inédito fallo en la provincia, condenó a los acusados del secuestro de Jorge Destéfani, Hugo Suppo, Ricardo Díaz y Graciela Rabellino, quienes sobrevivieron; de la desaparición forzada de Reinaldo Alberto Hattemer y del asesinato de Rubén Luis Carignano. Respecto a Silvia, se los condenó por Privación Ilegal de la Libertad, tormentos agravados por ser la víctima perseguida política, violaciones reiteradas (3 hechos) y aborto forzado, siendo considerado como un delito autónomo dentro de los crímenes del terrorismo de Estado.
Marina, hija de Silvia, expresó a este diario: “La condena para nosotros es un triunfo porque lo veníamos trabajando como querellantes en la causa y fue fundamental en ese sentido el asesoramiento y el testimonio que recibimos de parte de Susana Chiarotti que es abogada y militante feminista muy importante,y Lucila Puyol que es una referente feminista de la provincia”.
La visibilización de la violencia específica contra las mujeres en los Centros Clandestinos de Detención, es producto de una gran tarea llevada adelante gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, abogadas y abogados querellantes contra los genocidas e investigadoras. Pero sobre todo, a las sobrevivientes que lo contaron como es el caso de Silvia Suppo.
En el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, la abogada y diputada porteña Myriam Bregman, querellante en varias de estas causas, señaló que “la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado” también debía considerarse como constitutiva de ese plan, que orquestaron las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de 1976. Pese a ello, recién en 2010 se consiguió que esos crímenes fueran reconocidos como tales en un puñado de casos, lo que muestra hasta qué grado se perpetúa desde el Estado la violencia machista.
El Poder Judicial tardó más de 20 años en incorporar muchos de estos testimonios e inscribirlos como delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica, hizo su voto de silencio. Y muchos de los 400 hijos e hijas apropiados, continúan sin tener derecho a su identidad.
A nueve años, exigimos justicia por Silvia, reafirmamos el compromiso inquebrantable de pelear cada día por el juicio y castigo, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas y mantener la lucha en las calles para que el Estado entregue los archivos de la represión en su totalidad. | 
