La Fiscalía les atribuyó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones agravadas, falsedad ideológica de instrumento público y allanamiento ilegal, en concurso real a los seis oficiales del Comando Radioeléctrico involucrados pero, a pesar de los mismos, los fiscales María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández no vieron presentes las condiciones para pedir la prisión preventiva y el juez Pablo Busaniche dictó su libertad.
Desoyendo la preocupación que manifestaron las víctimas y sus familiares antes de la audiencia por amenazas recibidas, los imputados fueron obligados a cumplir medidas alternativas a la prisión preventiva que van desde no portar armas, no acercarse los denunciantes y 30.000 pesos de fianza para cada policía involucrado. Además, claro está, de no abandonar el país y presentarse cada 30 días en el MPA.
Durante el transcurso de la mañana y la audiencia imputativa, en las afueras de tribunales se manifestaron familiares de las víctimas, diferentes agrupaciones e integrantes del colectivo LGBTI en apoyo de Alexis y Nahuel y en reclamo de justicia por la tortura sufrida, la cual se agudizó al momento de conocerse que eran pareja los mencionados anteriormente.
Al término de la audiencia la fiscal María Laura Urquiza, en diálogo con Aire de Santa Fe, argumentó desconocer la existencia de amenazas a la familia, sentenció que el pase a disponibilidad de los efectivos es decisión única del Ministerio de Seguridad e igualó las vejaciones y torturas sufridas por las víctimas con lesiones leves sufridas por dos de los uniformados a manos de los primeros mencionados en defensa propia. | 
