Hace 15 años que trabaja en una de las fiscalías que habitan Comodoro Py. Intervino en la causa de Once, convencido de la responsabilidad del Estado y de la empresa en el accidente que costó 51 vidas. El juez Bonadio lo apartó de la misma. Actuó también en causas como las de Time Warp y Odebrecht.
Es autor de varios libros, el último se llama Injusticia. Afirma que el sistema jurídico está colonizado por grandes potencias.
“Se ve en los cursos, en los posgrados, las capacitaciones y en todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el terrorismo, la corrupción como delito trasnacional” afirma Delgado. Y agrega “los textos con los que trabajan los jueces y las instituciones, en general no es masa crítica de nuestras universidades o de la región. Son textos de universidades norteamericanas; o de asociaciones que no se sabe quiénes son, pero cuya expertiz son norteamericanas”.
La Izquierda Diario diálogo con Federico Delgado sobre diversas cuestiones que atañen al Poder Judicial, tan en boga por estos tiempos. A continuación la entrevista completa.
Una de las primeras cosas que hay que ubicar sobre el proyecto del Código Penal, es que fue presentado en el Departamento de Estado y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Con qué objetivo crees que se presenta una reforma de este tipo en otro país?
La intervención de potencias extranjeras en países en desarrollo, no solo es en lo económico. Hay un trabajo que viene dosificado, pero que tiende a ajustar nuestro sistema legal a las potencias centrales.
Hemos incorporado la Ley Antiterrorista, figuras como la del arrepentido, vamos camino al decomiso de bienes. Todos mecanismos, que más allá de que sean buenos o malos, eficaces o ineficaces, no tienen que ver con nuestra cultura jurídica. Nuestra cultura jurídica es más bien un matrimonio imposible. Una Constitución que imitó la de Estados Unidos, después, todo lo que pone en movimiento la Constitución, lo copiamos de Francia y son sistemas incompatibles.
Así vivimos hasta los años ’80 principios de los ’90. Luego, con las reformas neoliberales en materia económica, lo jurídico se va acercando cada vez más a modelos norteamericanos.
Sobre lo que decís, que las leyes y teorías jurídicas sobre delitos como la corrupción están diseñados por potencias como Estados Unidos, Borinsky señaló que para el nuevo Código Penal, tomó de Brasil la figura de la "delación premiada". Es decir lo que ordenó Estados Unidos.
De algún modo se mercantiliza la verdad. Nosotros tenemos un cuerpo de burócratas que es la Justicia que va a investigar todos los delitos y va a descubrir la verdad en todos los delitos. Es el piso que nos pone la ley.
Con el paso de los años, como la Justicia fracasa, empezamos a importar instituciones de otras culturas jurídicas. Que son un mecanismo contractual que termina mercantilizando la verdad. Son contratos, podes ponerle el nombre de arrepentido, juicio abreviado, juicio a prueba. Miles de forma que a veces son palabras spanglish, pero en verdad son la impotencia del Estado.
Como no puede investigar los delitos dice “a vos que violaste la ley decime que hiciste, y te doy algo a cambio”. Entonces conviven esas dos lógicas, la de 1853 en adelante, que tiene esa impronta iluminista, y esta lógica anglosajona que tiene que ver con contractualizar cada vez más las relaciones sociales.
Termina siendo que el conocimiento de un delito sea el resultado de un pacto entre el que violó la ley y el Estado.
Entre los 900 artículos que incorpora el anteproyecto incluye particulares. En los artículos que hacen referencia a la interrupción del embarazo, no sólo mantienen criminalizado el derecho al aborto sino que además incorpora el delito de “lesión a la persona por nacer”, dando al feto un estatus jurídico. Esto, entiendo, tiene sus antecedentes en el Código Civil donde se discutió cuándo comienza la vida. ¿Qué te parece que se otorgue un estatus jurídico al feto?
En mi opinión el gran problema es mezclar la teología con la ley. O hacemos un régimen teocrático o uno laico. A mí me parece que los derechos son laicos.
La ley, por definición, es universal, se aplica a todas las personas más allá de sus creencias, y por lo tanto debe ser laica.
Se supone que hay una discusión y el Parlamento dice “la vida comienza acá”. Entonces no es cuestión biológica sino que se establece en términos legales, se toma una decisión y se define de un modo, que vida para la ley significa eso. El resultado es un punto de vista autoritario.
En la “Exposición de Motivos”, presentada por la comisión redactora, se refiere a “piquetes” y “agresiones en manifestaciones”. Luego se traduce en el articulado, siendo la primera vez que el Código Penal incorpora explícitamente manifestaciones sociales como elemento de un delito. ¿Qué opinas sobre esto?
Viene desde el neoliberalismo. A mí no me parece sano reprimir, en los términos del Código Penal, el ejercicio de derecho a peticionar a las autoridades. Pero también explica la impotencia de los regímenes del siglo XXI, que no pueden crear instituciones políticas para el bien común.
Uno puede rastrear en todo Occidente donde se ve que en épocas de crisis orgánicas, en términos de Gramsci, el Código Penal se endurece muchísimo. Porque lo que no puede procesar la institucionalidad a través de los mecanismos de la democracia burguesa, propios del liberalismo político, empieza a trabajarlo con el Código Penal.
En países como el nuestro es todavía más difícil, porque la sedimentación que ha tenido la democracia es diferente a los modelos, si estos existen, de poliarquías occidentales. En Argentina las calles y las plazas son constitutivas de la acción política y hacen a nuestra historia.
No conozco el detalle del nuevo proyecto y menos si va a salir así, pero lo primero que me parece que debería tener un codificador, es una lectura de las bases materiales sobre dónde van a operar esas leyes. Si esas leyes no receptan el sentido social que circula en esa sociedad, va a tener problemas de implementación bastante fuertes.
Este nuevo proyecto busca también ampliar los alcances de la figura de asociación ilícita. Ahora quedó establecido “asociación ilícita y delitos contra el orden público”.
La asociación ilícita es un delito que nació para perseguir a los anarquistas. Si te pones a rastrear los orígenes del tipo penal, surgió a comienzos del siglo XX para reprimir la protesta social. Se puede encontrar en el Código Tejedor.
También se amplían las penas en el caso de narcotráfico y además se amplían en los casos de cultivadores. ¿Sirve el aumento de penas para perseguir bandas criminales?
En principio nadie define qué es narcotráfico. Y para el derecho penal la definición del tipo penal es la parte decisiva. Lo que llega a la Justicia es la droga de los pobres, el paco. Llevo 15 años acá y no recuerdo haber intervenido en una causa por tráfico de drogas. Nunca pasamos de un kiosco en un barrio, o de tenencia por consumo personal. Transporte, exportaciones, organizaciones de distribución y de venta, en casi 20 años de fiscal no tuve ninguna.
Publicaste un libro que se llama “Injusticia”, ¿cuáles son los nudos centrales que marcas ahí del fracaso de la Justicia?
Un eje es cultural, con dos subejes. Uno es ontológico y tiene que ver con el Estado argentino, que para mí es el resultado de que tiene instituciones muy porosas e intereses muy particulares. La estatalidad supone cierta independencia de la sociedad civil. En Argentina las instituciones tienen muchos agujeros y se cuelan un montón de intereses que no son los de la ley. En Tribunales pasa lo mismo, existen los intereses de los políticos, de los empresarios, de los servicios, del amigo, el cuñado.
Además hay otro eje muy fuerte. La cultura jurídica Argentina separó la ley de la Justicia. Es decir el positivismo de cómo se enseña abogacía convierte a la ley en una herramienta que carece de vínculo con lo moral medio. Por lo tanto las relaciones judiciales no son aceptadas por la sociedad, carecen de legitimidad.
La Justicia tiene intereses que no son solo los de la ley. Tienen funcionarios que están preparados para privilegiar más el expediente que la solución del conflicto.
Y después tiene todo los problemas de infraestructura que tiene la Argentina. Me parece que a partir de estas tres patas se puede empezar a pensar cuál es la génesis de la crisis.
¿Cómo se terminaría con esta “injusticia” del Poder Judicial? La diputada Myriam Bregman plantea que, en principio, para terminar con la casta judicial, hay que establecer el juicio por jurado y la elección directa de los jueces, ¿qué opinas sobre esto?
Los juicios por jurado me parecen fantásticos, y hay que empezar por los casos de corrupción. Es interesante que los ciudadanos juzguen a sus pares y que participen de todo el proceso.
Y sobre la elección de jueces, el modo que está es un desastre. Los concursos son amañados y no siempre llegan los mejores. No soy un experto en saber cómo hay que elegirlos, pero hay que sentarse a discutirlo.
En una de las presentaciones de tu libro “Injusticia” sostuviste que la Justicia es “una fenomenal empresa comercial montada en derredor de la cuestión judicial habitada por servicios de inteligencia, políticos, empresarios, periodistas, judiciales”, ¿por qué crees que ocurre esto?
La cuestión judicial está envuelta con estos personajes que han montado una industria muy remunerativa. Para mí lo más grave es que el caso D’Alessio no es aislado; son actores informalmente institucionalizados que integran de facto el sistema de administración de Justicia.
Si recorres los pasillos de Comodoro Py, si vas a la sala de prensa te vas a encontrar con muchos colegas tuyos que los conoces, y muchos otros que no sabes quiénes son. Y si venís el lunes van a estar, y si venís el miércoles van a estar.
Cuentan con una ayuda muy importante que es la indiferencia de los sectores dirigentes que han aceptado responsabilidades institucionales para prevenirlo. Estoy pensando las instituciones que deberían lograr que la Justicia fuese un poder autónomo.
Muchos periodistas y diputados deberían pensar de qué fuentes se nutren. Hay muchas chapas que no se verifican y que rápidamente ingresan a los medios de comunicación, a los medios judiciales, y nunca se sabe si esa representación que se invoca es real o ficticia.
¿Crees que el Poder Judicial esta colonizado por los aparatos de inteligencia no solo del país, sino por el Mossad, la CIA?
Sí. Hay tres puntos de quiebre: AMIA, Nisman y los Cuadernos. Tienen muchos puntos en común y esto tiene que ver con la institucionalización porosa.
Los carpetazos van y viene, ¿te parece que deben abrirse los archivos que están en poder de los aparatos de inteligencia?
Sí, claro. ¿Por qué la democracia tiene que tener una zona de reserva? El Estado se reserva una zona, para recorrer la sociedad civil sin respetar la ley, para proteger la propia legalidad. Es la tensión que tiene estos regímenes políticos. Lo que Norberto Bobbio llama el sottogoverno.
Delgado en el final de la entrevista, sostuvo “lo peligroso es ponerle color político al caso D’Alessio. Alfonsín tuvo a Guglielminetti (exagente civil de inteligencia durante la dictadura); Menem tuvo los sobresueldos; De la Rúa los sobornos en el Senado; Duhalde a Kosteki y Santillán; durante la era k estuvo entre otros el caso del Almirante Godoy; Macri lo muestra desde que era jefe de Gobierno”.
Así, con solo algunos ejemplos, Delgado mostró el protagonismo del aparato de espionaje en el funcionamiento del Estado.
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