El pasado 15 de marzo un fallo de la Cámara II de Seguridad Social estableció la inconstitucionalidad de la quita de pensiones no contributivas que viene llevando adelante el Gobierno nacional desde el 2016 y obliga al Estado a restituirlas. Dicho fallo fue producto del recurso de amparo presentado por la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI). A propósito de la sentencia, Varina Suleiman, abogada de REDI, y Marcelo Betti, presidente de REDI, explicaron los alcances y detalles de la resolución judicial.
Betti expuso la situación social crítica por la que atraviesan hoy las personas con discapacidad y sus familias. “Algo que caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su nivel de bajos ingresos consecuencia de la poca oferta genuina de trabajo tanto en el sector privado como en el público. Este último no cumple con la reglamentación de cupo laboral vigente que es del 4 %. Por otro lado, es un colectivo que suele tener mayores gastos que el promedio de la población porque muchas personas necesitan algún tratamiento o incurren en gastos adicionales para el cuidado de su salud", señaló.
“Esos menores ingresos y mayores gastos hacen que las personas con discapacidad sean uno de los colectivos más excluidos, vulnerados y al mismo tiempo invisibilizados por el común de la sociedad. El promedio de las personas con discapacidad está bajo la línea de pobreza, con necesidades muy significativas. En ese marco es que el Estado nacional comenzó con la quita indiscriminada de pensiones no contributivas”, continuó Betti.
Al poco tiempo de asumir, el Gobierno nacional acorde con su política de ajuste a cómo de lugar y que además recae siempre sobre los sectores más empobrecidos y en peores condiciones de la población, comenzó un proceso de recorte a las pensiones no contributivas, de las cuales son beneficiarios las personas con discapacidad.
El año pasado, al mismo tiempo que el oficialismo apuraba la aprobación del Presupuesto 2019, hecho a pedido del FMI, la agencia comandada por Michetti emitió una resolución que imponía criterios muy restrictivos para el cobro de pensiones basándose en un decreto de la época del menemismo (432/97) que, entre otras, obligaba a certificar un 76 % de discapacidad para poder ser beneficiario de esta pensión.
Por último, Betti recalcó la importancia de “acompañar con la movilización popular los fallos judiciales” para garantizar su cumplimiento.
Suleiman, por su parte, fue clara en afirmar que “las pensiones son un derecho, no un favor”. Una concepción totalmente opuesta a la que idea que quiere transmitir el Gobierno que es que el Estado hace caridad cuando otorga este tipo de pensiones. “Según nuestra Constitución el Estado debe garantizar este derecho”, agregó.
“La sentencia que hemos logrado es histórica. Declara que es inconstitucional la exigencia de pedir turno al 130 y saca a su vez una medida cautelar suspendiendo los efectos de esta resolución. Quien haya recibido una carta a documento que decía que debía iniciar ese trámite, ha quedado sin efecto”.
Y también indicó que según la sentencia es inconstitucional la resolución de la agencia que tomaba como valida el criterio del decreto menemista que obligaba a poder certificar el 76 % de la discapacidad.
“A partir de la sentencia, las personas que perdieron sus pensiones en el 2016 por los recortes masivos y arbitrarios, tienen derecho al resarcimiento de esas pensiones”.
Por último, indicó que “hay sectores económicos en el país que se han beneficiado con este modelo, como el sector financiero, el sector agropecuario, y la megamineria”. De allí, podrían salir el dinero suficiente “para las partidas presupuestarios”.
Este miércoles, Suleiman en diálogo con La Izquierda Diario, informó que "el Estado interpuso recurso extraordinario federal contra la sentencia que obligó a restituir pensiones no contributivas por discapacidad y declaró inconstitucionales varias normas".
El objetivo de la política gubernamental es recortar un 10 % de las pensiones no contributivas, que en total son $ 1.056.504 y que equivalen al 80 % de la jubilación mínima de apenas $ 10.000. Es decir, que el Gobierno quiere ahorrarse el pago de más de $ 845 millones para cumplir sus compromisos de pagos con el FMI (acuerdo que el peronismo no cuestiona y que sólo rechaza la izquierda). Entre 2019 y 2026 se pagaran U$S 226 mil millones en deuda pública, lo que equivale más de la mitad de lo que produjo la economía en promedio los últimos años. Y por supuesto, este compromiso es a costa del deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de la población, que además son los que vienen sufriendo el ajuste y padecen sus fatales consecuencias.
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