La familia de Lucía, la niña de 11 años que fue violada y a la que se le negó una interrupción legal del embarazo (ILE), denunció penalmente a la directora del Hospital Eva Perón, Elisabeth Ávila, por haber trascendido desde la institución los datos de la niña. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Criminal de la II Nominación y fue acompañada por Cladem, Andhes y las organizaciones que integran el colectivo Ni Una Menos. También solicitaron que se investigue al personal del nosocomio por violación del secreto profesional y al médico tocoginecólogo de Neuquén, Jorge Maciel, por violación del secreto profesional y a la privacidad.
Los datos de Lucía, como se denominó a la niña para protegerla, fueron utilizados por los grupos antiderechos que se oponían a la realización de una ILE. A tal punto llegó la difusión, que el arzobispo Carlos Sánchez mandaba audios vía Whatsapp difundiendo el nombre de la niña. Por esto hecho también se denunció a una de las voceras de los grupos antiderechos, la abogada María Teresa Mockevich, por violación de privacidad y encubrimiento. Mockevich, ligada a la candidata de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, había declarado que "la niña pesaba más de 50 kilos, no era tan pequeña. Lo ideal sería que si no quería criar está la Ley de Adopción", defendiendo la maternidad forzada.
Cabe recordar que el 11 de marzo, Mockevich dio a conocer el apellido de Lucía en diferentes medios de comunicación. “He tenido acceso a la información que está contenida en la historia clínica. Me ha sido facilitada por alguien que tiene acceso. No podría revelarte quién fue porque sería poner en riesgo a alguien que nos reveló el contenido”, declaró al diario Página 12. “¿Por qué accedió a un documento privado y personalísimo, y además le dio difusión violando la privacidad y confidencialidad de Lucía?”, plantearon las denunciantes.
“Las conductas de Mockevich y Maciel demuestran a todas luces la violación de los derechos humanos de Lucía. Sus actitudes entran no solo en contradicción con las leyes nacionales sino con las convenciones internacionales de derechos humanos que resguardan los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescente, como la Convención Belem do Pará, la Convención contra todas formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos de los Niños”, señalaron a través de un comunicado.
Mientras tanto, las organizaciones de mujeres sostienen el reclamo responsabilizando al gobierno de Juan Manzur por haber sometido a la maternidad forzada a un niña de 11 años. Responsabilidad que se extiende a la ministra de Salud Rossana Chahla y al secretario Gustavo Vigliocco. |
