Ya ha pasado más de un año desde que del gobierno de Bachelet se planteó la posibilidad de legislar el aborto terapéutico bajo 3 causales: violación, Inviabilidad de feto (es decir que el feto no tenga proyección de vida posterior el parto) y riesgo de muerte de la mujer.
Tras la denuncia que se realizo días atrás en el Hospital de Calama en contra de una mujer de 25 años, podemos darnos cuenta que las tres causales propuestas desde la Nueva Mayoria en torno al aborto son insuficiente para la realidad de las más de 100 mil mujeres que al año deciden abortar.
Distintas han sido las repercusiones que este hecho ha generado, desde las palabras de la ministra Pascual quien afirmó horas atrás que "estas situaciones son las que hacen necesario que tengamos un debate serio, con altura de miras y tomando en cuenta las recomendaciones que diversos órganos internacionales ha recomendado a nuestro país”, hasta la postura que hoy toma el Ministerio de Salud. Esta la ha expresado la ministra Carmen Castillo quien planteó que “estamos como Ministerio de Salud reforzando la confidencialidad por sobre la denuncia. Eso está dentro de las instrucciones que se han dado en 2009, y que se reiteraron el año pasado”.
Hoy sabemos que más del 70% de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto. Más de cien mil mujeres anualmente se los practican en condiciones de clandestinidad y riesgo total de perder la vida y ser encarceladas cuando son pobres quienes los realizan, puesto que cabe señalar que las mujeres acomodadas también practican abortos y son parte importante de esta elevada cifra. Sin embargo, éstas a diferencias de quienes son parte de la clase trabajadora y pobre de nuestro país, no corren riesgos mayores ya que pueden acceder a realizarlo en clínicas privadas (como lo dejó entrever a principios de año la ex Ministra Elia Molina) debido a su posicionamiento socio-económico que les permite contar con profesionales médicos y con la posibilidad de encubrir sus abortos con enfermedades tales como el apendicitis. Esto deja de manifiesto el carácter de clase de esta problemática.
El Colegio Médico expresa por su parte que “lamenta lo ocurrido en Calama y afirma que esto refleja el dilema que enfrentan a diario los facultativos de nuestro país al tener que dirimir entre los principios éticos y la ambigua legislación vigente”.
¿Acaso con la propuesta de la Nueva Mayoría se garantizará que un equipo médico esté dispuesto a realizar con confidencialidad y más aun de buena forma y buenos tratos un aborto? Porque cabe señalar que el proyecto levantado desde el oficialismo deja abierto a la “objeción de conciencia” de los profesionales tal decisión. Como lo vimos estos días tras el caso de la mujer denunciada en Calama, no hubo ningún resguardo de confidencialidad ni menos de resguardo de la mujer en cuestión.
El proyecto de la Nueva Mayoría se muestra insuficiente porque las mujeres no solo piensan o se realizan un aborto al haber sido violadas o porque el feto no tenga proyección de vida tras el parto. Miles de estas abortan porque no quieren tener más hijos y porque las condiciones para ser madre en esta sociedad son enormemente precarias y desiguales para las mujeres pobres y trabajadoras. ¿Acaso una mujer trabajadora puede vivir con los 210.000 pesos mensuales -que es el sueldo mínimo en nuestro país- y que además el mismo Gobierno ha legitimado? ¿Puede una mujer ser madre y trabajar tranquila, si hoy, en su espacio laboral no se garantiza una sala cuna para el cuidado adecuado de sus hijos? ¿Puede una mujer pobre ser madre tranquila si debe pasar más horas de la jornada en fábricas intentado aumentar su ingreso económico para mantener un hogar que muchas veces asume sola, y que además debe llegar a trabajar en las labores domésticas? Pues no, y si lo hace -como miles de las mujeres que lo hacemos- es en condiciones de precariedad enorme, de cansancio que al final de la jornada termina empujándonos a enfermedades, desaliento y frustraciones, porque ni siquiera existen espacios garantizado de ocio para nosotras, ni menos condiciones laborales que favorezcan una maternidad adecuada.
El debate del aborto sigue y seguirá abriendo nuevos escenarios para la discusión y la vida de las mujeres en nuestro país, organizaciones feministas y de mujeres ya se organizan para mañana realizar una manifestación afuera del Ministerio de Salud tras lo ocurrido. ¿Qué queda por hacer? Si la iglesia y distintos sectores de la Derecha también ya han salido a manifestarse en las calles en contra de la posibilidad que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, como lo vimos el día lunes en la Plaza de la Constitución en Santiago, y el Gobierno sigue reforzando su postura de legislación de un aborto terapéutico.
Hoy la necesidad de un aborto legal, seguro, libre y gratuito se presenta como una alternativa real a dar respuesta a la problemática del aborto en nuestro país, hacer caso omiso a experiencias como la que vivió la joven de Calama, y las otras tantas miles de mujeres que deciden abortar en nuestro país, es seguir empujando a que cientos de mujeres sean encarceladas y mueran incluso. | 
