Desde reconocidos académicos hasta la UNICEF. Se acumula la evidencia en contra del control preventivo desde los 14 años de edad que busca implantar el gobierno de Sebastián Piñera. La medida ha recibido diversas críticas por su carácter arbitrario, ya que el criterio a la hora de realizar estos controles recae sólo en el personal de carabineros que está ejerciendo la medida, la cual ya existe y ahora busca extenderse para menores de 18 años. Frente a esto, no se puede eludir la realidad respecto del enorme cuestionamiento en que se encuentra la institución de Carabineros ante la sociedad, producto de los escandalosos casos de corrupción, robos y represión. La pregunta entonces es si se puede dejar en sus manos esta arbitraria medida contra la juventud.
Diversas voces han advertido de la discriminación que se produciría al aplicar los controles, sobretodo respecto de la clase social de los menores. Ante esto se señala cómo, de aprobarse esta reglamentación, se transgrederían tratados internacionales respecto de los derechos universales de niños y niñas, a los cuales suscribe Chile; situación que incluso podría llegar a cortes internacionales de DDHH.
La medida no es una novedad de este gobierno: la línea represiva de Chile Vamos y S. Piñera ha estado presente desde el primer día, con medidas como “Aula Segura”, dura represión a movimientos sociales como en Quintero, la lucha portuaria, de los pescadores artesanales o el brutal asesinato del comunero Camilo Catrillanca, que causó repudio a nivel internacional. Relevar que hasta el año pasado, Carabineros tuvo duros episodios de represión a estudiantes y trabajadores de la educación en liceos emblemáticos de Santiago, como el INBA o Darío Salas, hoy por hoy lo que buscan es tener acceso y libertad a cualquier espacio para controlar y reprimir a la juventud. Ante esto, el objetivo mayor que busca el gobierno y las clases dominantes es criminalizar a los jóvenes, o sea a las siguientes generaciones que podrían luchar contra la desigualdad, para acabar con las AFP, las Isapres, por una educación gratuita, etc.
Como profesores y trabajadores de la educación no podemos pasar por alto esta situación, ya que son precisamente nuestros estudiantes de la educación pública -los niños y jóvenes más vulnerables de la sociedad-, los más afectados por esta situación. Somos testigos de una terrible realidad, y es cómo precisamente son estos jóvenes, producto de su entorno social y familiar –si es que tienen quien se haga cargo de ellos- los que se ven más expuestos a estar solos en sus casas o pasar más tiempo en la calle, y son por lo tanto quienes se ven más involucrados en situaciones de este tipo o afectados por el arbitrio de la policía.
Se hace urgente y necesario, desde nuestra perspectiva en la educación, y como sujetos y actores sociales y políticos, salir a repudiar esta medida del gobierno, que ni con toda la evidencia en su contra planteada en la prensa, en opiniones de expertos y mesas de debates durante la última semana ha querido retroceder en su iniciativa. Buscan instalar un discurso represivo que divida filas también entre los estudiantes y los docentes y el resto de los trabajadores de la educación, ya que es conocido por este mismo gobierno el enorme potencial que tiene esta alianza, que ya el 2011 salió a luchar de conjunto a nivel nacional por una educación gratuita y de calidad para todos. Hoy por hoy, con medidas demagógicas buscan legitimarse, repuntar en las encuestas, y disciplinar a la sociedad a través de un golpe a la juventud y a las futuras generaciones, quienes cargan en sí toda esperanza para nuestra sociedad. |