Dispuestos a tomar el cielo por asalto
Karl Marx, Carta a Ludwig Kugelmann
Se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata o, quizá sería más preciso decir, un aniversario más de la derrota del movimiento campesino más profundo en la historia de México. Si bien es cierto que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se dio una reforma agraria, esta fue muy limitada y dentro de los estándares capitalistas. Quedó muy lejos de la radicalidad del Plan de Ayala.
En 1910, las condiciones objetivas y subjetivas se habían encontrado. Las contradicciones del sistema capitalista mexicano, en el que se conjuntaban formas de propiedad tradicional (como las tierras comunales) y las modernas relaciones de producción del capital, explotaron de una forma gigantesca. Los campesinos e indígenas que conformaban el grueso de la población rural, se lanzaron a la revolución por sus más profundas reivindicaciones, entre las que destacaba la exigencia de tierra.
En el estado de Morelos, en el centro del país, los pueblos y comunidades encontraron en la figura del Emiliano Zapata la concentración de sus reclamos históricos y la intransigencia de su carácter. Un dirigente que estaba dispuesto a llevar sus demandas hasta las últimas consecuencias. La expresión política-jurídica de esto se plasmó en el famoso “Plan de Ayala”.
Para llevar acabó el Plan, se constituyó una amplío organización política-militar que tenía su base a los pueblos de Morelos y su expresión máxima en el Ejército Libertador del Sur, comandado por Zapata (nombrado general por la comunidad).
Los pueblos, en su lucha por la tierra, basaban la legitimidad de su reclamo en los títulos legales heredados de la colonia, que les daba derecho a sus tierras. Durante en porfiriato, vía las leyes de reforma, a los campesinos se les despojó de sus parcelas en provecho de los grandes latifundios, que eran propiedad tanto de mexicanos como de grandes inversionistas extranjeros.
El Plan de Ayala, en un principio trató de respetar en cierta medida la legalidad burguesa, ya que basaba varios de sus puntos en el Plan de San Luis. Sólo pretendía recuperar y expropiar las tierras que hubiesen sido obtenidas por alguna ilegalidad. No obstante, introducía innovaciones que rompía con la lógica estatal.
Por sólo mencionar un ejemplo: Las comunidades entraban en automático como propietarias de las tierras que ocupaban (según el artículo 6), pero, si algún hacendado la reclamaba como suya, este último debía mostrar el titulo correspondiente y litigarlo en los tribunales. Este cambio en la carga de la prueba es transgresor, porque atenta contra el principio sagrado de la propiedad burguesa, ya que pone por encima a la posesión, que iba a ser defendida con las armas. Al mismo tiempo, se establecía en el artículo 8 que todo hacendado que se opusiera a las disposiciones de la Revolución, iba a ser expropiado en sus propiedades para sufragar los gastos de la lucha.
En 1915, la expropiación de tierras se generalizó en todo el estado de Morelos, en la mayoría de los casos sin indemnización. Además, no sólo se repartieron los terrenos baldíos y los que fueron despojados ilegalmente por los hacendados, también se repartieron los grandes latifundios. La evolución de la lucha armada y política, permitió a las comunidades una vertiginosa evolución política, adaptando algunos de los puntos del Plan de Ayala, interpretándolo en una clave anticapitalista. Como bien afirma Adolfo Gilly:
Al revés de todos los planes y programas burgueses o reformistas, que se basaban en que el poder de decisión queda en manos del Estado, lo cual significa la continuidad jurídica del Estado burgués y de la propiedad privada capitalista, el plan zapatista coloca la iniciativa en manos de las masas. Es decir, legaliza el principio de que las masas deciden, el principio básico de toda revolución que merezca ese nombre.
Sin embargo, el Plan tenía como eje central el problema agrario. Es decir, no se ocupaba de la organización del poder político a escala nacional. Esta deficiencia sería crucial, sobre todo cuando en 1915 la División del Norte, principal brazo armado de la Revolución, fue derrotado por el general constitucionalista, Álvaro Obregón, en las batallas de Celaya. Al no contar (la dirigencia zapatista) con una claridad de cómo organizar políticamente el país luego de la guerra revolucionaria, generó un vacío de poder que llenó el constitucionalismo, con un plan nacionalista y modernizador capitalista.
El ejército constitucionalista, al vencer a la División del Norte, pudo concentrar toda su energía en la guerra en Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca con el fin de aplastar al zapatismo. En dicha campaña, se usó la táctica de tierra arrasada, la cual consiste en destruir toda la infraestructura y dejar infértil toda la tierra por donde pasará el ejército invasor, así como asesinar a toda la población de la localidad, con el objetivo de destruir las bases de apoyo del enemigo.
Si bien, los ejércitos de Carraza la aplicaron, no pudieron vencer a Zapata, quien se había replegado a las montañas.
Dada la incapacidad de vencer a Zapata (y Villa) sólo por medios militares, surgió la necesidad de una salida política. Fue cuando Obregón y Carranza deciden convocar a una constituyente (sólo con diputados adeptos al constitucionalismo), para redactar una nueva constitución.
Al principio, Carranza deseaba que se reformaran algunos artículos de la carta magna de 1857, pero ante la presión de diferentes grupos revolucionarios y la necesidad de quitar base social al zapatismo, se vio obligado a aceptar el artículo 27 constitucional, el cual establecía la propiedad originaria de la nación de las tierras y una reforma agraria. Al final, tuvo en parte el efecto deseado, dado que al incluir las demandas agrarias en la máxima norma del país, parecía darle salida a las aspiraciones de los campesinos que habían derramado su sangre en la Revolución.
No debemos olvidar que la Constitución de 1917 no fue un triunfo de las masas, como pregonaron los gobiernos posrevolucionarios (en una estrategia de apropiación de las demandas revolucionarias pero deformadas para dar legitimidad a un proyecto burgués), fue la institucionalización de la derrota del Plan de Ayala. A pesar de que haya concretado discursivamente algunas concesiones (como los derechos laborales del 127 o el reparto de tierras), el texto se quedó muy corto en cuanto a las demandas de los pueblos y no establecía ningún mecanismo para el reclamo de los derechos. Se constitucionalizaba la propiedad privada capitalista y se ofrecía garantías para su respeto incondicional. En pocas palabras, fue la victoria de una fracción de la burguesía nacional pero que necesitaba de las masas para consolidar su poder.
La derrota se concretó un 10 de abril de 1919 cuando el Caudillo del Sur fue asesinado a traición, en la hacienda de Chinameca por órdenes de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Queda llevar hasta el final y más allá la obra de Zapata, buscando un mundo sin explotados ni explotadores. |
