Este martes en la Cámara de Diputados comenzaron las audiencias públicas sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil. Además de los representantes del gobierno, asistieron funcionarios judiciales, abogados, referentes sociales y especialistas en la materia.
El primero en exponer ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto, fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares, que participó de la comisión redactora que trabajó en el borrador del texto. Casares pidió a los diputados que acompañen el proyecto “para cambiar la realidad del actual sistema”.
En tanto, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, mostró como un avance que la norma contemple la creación de una justicia especializada y que los menores no puedan ser encarcelados en comisaría sino en institutos especializados.
Benítez remarcó que la prisión será el último de los recursos. Cinismo. La decisión de condenar a los menores seguirá en manos de los mismos jueces que criminalizan el aborto, absuelven policías de gatillo fácil, entre otras decisiones jurídicas.
Entre los oradores invitados al debate estuvo Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, quien advirtió que “las discusiones deben ser profundas y responsables porque las definiciones que ustedes tomen en los próximos días tendrán un fuerte impacto en la vida de los adolescentes. Los contextos electorales les exigen aún mayor rigurosidad en estos debates”.
Las voces más duras contra el proyecto presentado por Poder Ejecutivo Nacional llegaron desde las organizaciones sociales.
Estela Rojas de Niñez y Territorio, durante su ponencia se refirió a la participación juvenil en los delitos “las cifras desmienten la estrategia comunicacional que se quiere posicionar en la contienda electoral. ¿Realmente quien es ese pibe que nos muestran como enemigo? son hijos e hijas de familias sin trabajo".
Mientras Noelia Saavedra de Casa Pueblo afirmó "estamos ante una clara estrategia electoralista que pone en evidencia el propósito de este gobierno con los jóvenes más pobres". Además, agregó que “en un país donde se produce comida para millones, nuestros pibes y pibas no tienen un plato y eso es la verdadera inseguridad. No necesitamos medidas de represión necesitamos contención".
Victoria Lucena, coordinadora del programa Casa Esquina Libertad Jóvenes de Pie enfatizó “nosotros no estamos de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad, que es más un marketing político, que una solución para los problemas de las pibas y pibes”. Agregó que este proyecto pretende condenar “a los mismos que se encuentran en situación de pobreza y de marginalidad extrema”.
En tanto Silvia Guemurema, doctora en Ciencias Sociales y Coordinadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes sostuvo "El presupuesto debe acompañar a la ley. El rubro de promoción social ha bajado al 1 %, mientras que en seguridad pasó al 6 %. Si el presupuesto no acompaña, la protección no se va a cumplir".
Proyecto del gobierno
La Reforma del Régimen Penal Juvenil presentado por el gobierno baja la edad de puniblidad a 15 años, para delitos que tengan pena máxima de prisión de 15 años o más.
Los voceros del gobierno pretenden mostrar como un avance que en el actual proyecto los jóvenes entre 15 y 18 años, condenados a la privación de su libertad, sean alojados en un Centro Especial, y si allí alcanzan la mayoría de edad, no serán trasladados a una cárcel para adultos, como sucede en la actualidad.
Además, la reforma que impulsa el gobierno, faculta la prisión preventiva para todos los jóvenes imputados de cualquier provincia, que podrá ser un año prorrogable por un año más. En la actualidad rige el decreto de la dictadura que no establece normas sobre la prisión preventiva, por lo que queda a criterio de las leyes provinciales habitarlas o no.
Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires los jóvenes pueden estar detenidos sin condena por 180 días prorrogables por otros 180. Un año en total. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires son de 90 días improrrogables.
Como sostienen los especialistas que se oponen al proyecto de Cambiemos, todas las estadísticas dan cuenta del bajo porcentaje de menores que cometen delitos. Lo cual demuestra que el gobierno lo utiliza como demagogia punitivista para su campaña electoral.
El gobierno nacional y los sectores de la oposición que defienden estas reformas son los mismos que votan los planes de ajuste que dicta el FMI, que afectan derechos básicos como educación y salud.
Estos planes llevan al aumento de la desocupación, el trabajo precario, donde los jóvenes son los más afectados. | 
