La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Casas de Juventud y PIEEs, (Proyecto de Integración de Espacios Escolares) plataforma que aglutina al 75% del personal de los centros, ha lanzado un comunicado en el que afirman que en esta legislatura, si bien ha mejorado el reconocimiento de la actividad educativa realizada desde los diferentes espacios, esta no se ha visto acompañada de una mejora en las condiciones laborales, reivindicación que exigen desde hace ya una década.
Denuncian que su salario está congelado desde el inicio de la crisis, con lo que calculan una pérdida del poder adquisitivo del 16%. Esto es debido, a que al ser un servicio subcontratado por estas dos administraciones públicas, sus condiciones se rigen por los pliegos de condiciones que estas imponen a las empresas privadas que prestan el servicio y que les contratan.
Explican cómo, estas condiciones están basadas en el Estatal de Ocio Educativo, que es el que regula la gestión de las Casas de Juventud y PIEEs. El mismo, denuncian, “no refleja ni reconoce la labor educativa y precariza todavía más las condiciones laborales de las nuevas incorporaciones”. Esto les coloca en una categoría y sector que no corresponde con su labor real -acción educativa, sociocultural y de gestión cultural-.
A estas malas condiciones salariales se le añade un aumento constante de la actual carga de trabajo. La consideran inaguantable, al tener que realizarse con la misma plantilla existente, al no producirse nuevas incorporaciones. Todo esto, aseguran que produce que se realizan horas de trabajo en más de un centro trabajando sin descanso semanal y con horarios imposibles. Además, denuncian que algunas empresas cometen irregularidades en cuanto a horas complementarias. Estas horas deben pagarse, en caso de que exista compensación en horario debe ser elegida por el o la trabajadora y sin que afecte a la apertura del centro.
Por último denuncian que los que tendrían que vigilar y evitar que se produjeran estos abusos patronales, es decir el Área de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y la Consejería de Educación del gobierno de Aragón, “miran para otro lado” y no hacen nada. De momento no han planteado ninguna movilización concreta.
Servicio público en manos privadas
Hay que recordar que estas trabajadoras y trabajadores realizan un servicio público como es el de organizar el ocio y el tiempo libre de los jóvenes de las ciudad y las numerosas actividades extraescolares de los centros educativos.
Este diario ha podido entrevistar a una trabajadora del PIEE de un centro educativo con más de 20 años de experiencia, que por miedo a posibles represalias de su empresa prefiere permanecer en el anonimato. Ella lo deja bien claro al afirmar, que sus condiciones laborales son peores, que las de hace 20 años cuando empezó a trabajar. Afirma que: “Ahora hago más horas, porque tengo mucho más trabajo. Hay días que estoy mañana y tarde en el centro y aun así no llega a poder hacer todo como me gustaría”. Denuncia que: “La administración, así como las familias, se deben dar cuenta del importante papel que jugamos como dinamizadoras del ocio y el tiempo libre de sus hijos e hijas. Además de numeras charlas, que fomentan la solidaridad, la crítica y conciencia social durante la jornada lectiva”.
Ningún servicio público que sirva para hacer negocio privado
El caso de este servicio es un ejemplo más, de cómo las empresas privadas están cada vez más presentes en sectores públicos fundamentales como la educación o la sanidad. A este podríamos añadir los servicios de limpieza, administración, mantenimiento, hostelería y otras muchas actividades que están siendo subcontratadas por la administración pública.
Como vemos en este caso, y denunciamos constantemente en este diario, esta subcontratación solo supone una degradación del servicio y además un empeoramiento constante de las condiciones laborarles y salariales de las personas que prestan el mismo.
Por eso exigimos que ningún servicio público este subcontratado y por ello todos los que lo estén deber ser incorporados, así como sus trabajadores y trabajadoras, a la gestión pública. Ni siquiera los “gobiernos del cambio”, como el de ZEC en el Ayuntamiento de Zaragoza, que prometió la remunicipalización en campaña hace 4 años lo han llevado a cabo. De hecho, como hemos denunciado en este artículo, es el que gestiona las casas de juventud. | 
