Con bombos y platillos, la Oficina Anticorrupción que dirige la macrista Laura Alonso -quien jamás investigó causas de corrupción contra la familia Macri-, será la responsable de garantizar el funcionamiento de una iniciativa oficial llamada “Plan Nacional Anticorrupción (2019 – 2023)”.
La decisión se publicó en la mañana de ayer miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Macri, del Jefe de Gabinete Marcos Peña y del Ministro de Justicia, Germán Garavano.
El decreto oficial 258/2019 se propone “consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas".
En los fundamentos se señala además que “la lucha contra la corrupción y el respeto por la ética republicana y la transparencia deparan indudables beneficios de toda índole para la Nación, pues generan el prestigio, la confianza y la previsibilidad que nuestro país requiere para comenzar un verdadero y sostenible desarrollo económico y social".
La nueva iniciativa oficialista contrasta con los escándalos de corrupción no investigados, como Panamá Papers, Correo Argentino u Odebrecht, por nombrar los más resonantes. Esa corrupción, que marca la era macrista, no ha sido cuestionada en estos años.
La “transparencia” había sido uno de los estandartes de Cambiemos durante su campaña presidencial de 2015. También estuvo presente en cada discurso oficial. Pero, año tras año, desde los primeros meses de la gestión amarilla, esta bandera se fue desgastando más y más.
Dado que el macrismo en este año electoral no puede hablar de logros económicos, echa mano a uno de las pocas cosas que puede mostrar como positivas.
Lo vago de los ítems del decreto y lo limitado en el tiempo (apenas 4 años) muestra que se trata de un anuncio con fines puramente electorales. Un manotazo de ahogado ante la persistente caída en las encuestas. | 
