México viene de un periodo de duros ataques a la educación pública en todos los niveles; este esquema que se operó en el sexenio de Peña Nieto, con las reformas estructurales (dónde ese incluye la reforma educativa) y el recorte al presupuesto universitario, tiene sus raíces en los escritorios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como parte de los planes de ajuste a los presupuestos de cada país, dictamen hecho en el marco de la crisis capitalista del 2008.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, los fondos extraordinarios para la educación superior pasaron de 8 mil 907 millones de pesos en 2013 a 2 mil 948 millones de pesos en 2018, una caída del 200 por ciento.
En abril del 2018 se hizo público un nuevo corte de la crisis financiera de las universidades públicas, reconociendo 10 universidades en riesgo de viabilidad financiera que adeudan 10 mil millones de pesos, estas son: la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
El proyecto educativo del país está íntimamente ligado con el rumbo económico que se nos ha impuesto desde la Casa Blanca con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y su continuidad con el T-MEC.
México tiene asignado el rol internacional de ser la gran maquiladora industrial y automotriz de los Estados Unidos; la mano de obra barata y la precarización laboral son la punta de lanza para atraer inversión privada que, por el avance en industrias como la automotriz, aeroespacial y otras, se necesita una cierta tecnificación para estos rubros.
Esto es clave tenerlo en cuenta porque es el enfoque que las universidades le dan a la educación (incluso el proyecto educativo que AMLO propone), para adaptarse a las necesidades, no de la población, sino de las grandes empresas.
Es en este marco que la 4T toma como uno de sus lemas de campaña la promesa de abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto y acceso irrestricto a las universidades (que hoy cobertura al 36% de los jóvenes en edad de cursar la universidad). Según un estudio realizado por Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el gobierno federal tendría que destinar 10,500 millones de pesos anuales para igualar la cobertura de educación media superior (57% de jóvenes en edad de cursar bachillerato), una cuestión que se ve difícil alcanzar sin tocar los intereses de los grandes empresarios.
Una austeridad republicana que recae en los trabajadores
Otro lema de campaña del gobierno federal es la supuesta “austeridad republicana” con el fin de acabar con los privilegios de la “alta burocracia”, erradicar los sueldazos de diputados, jueces y algunos altos funcionarios estatales, pero la realidad es otra. Los altos funcionarios se bajaron un porcentaje mínimo para estar en sintonía con el sueldo del presidente pero donde verdaderamente se aplicó la austeridad fue en los trabajadores de base.
Esta austeridad se recargó en la espalda de los trabajadores con miles de despidos, recortes presupuestales que impactan directamente en los centros de trabajo y - por lo menos en el sindicalismo universitario-, la negativa de ofrecer más plazas amparados en esta supuesta austeridad, además de enfrentar la continuidad de los topes salariales fijado en 3.35% para este año, una herencia del “extinto” modelo neoliberal en México.
Lejos de impulsar medidas reales para mejorar el sector educativo (o rescatar las universidades en quiebra), el pilar fuerte de la promesa del gobierno federal cae sobre la creación de 100 nuevas universidades (1 carrera por universidad), las cuales se adaptan no a las necesidades de la población, sino a la agenda que el empresariado trasnacional tiene para cada región, es el caso del Bajío donde las carreras industriales son las que impulsará el gobierno para goce de mano de obra calificada pero precaria.
A esto se le suma la intentona de darle continuidad a la reforma educativa, dejando como letanía: o la reforma de Peña o la reforma de nosotros, es decir: o la reforma educativa de la OCDE o la caricatura de abrogación del Morena, más los recortes a programas de ciencia y cultura, teniendo como resultado el despido de trabajadores de institutos como el INAH y falta de pagos como los que reclaman los trabajadores de Bellas Artes.
Nuevas luchas en el sector educativo
Los trabajadores, confiados en las expectativas en el gobierno, han sentido mayor confianza para salir a luchar por las conquistas que se perdieron en años de duros ataques. Es por eso que, muy temprano en este nuevo sexenio, se han expresado nuevas luchas obreras como las de Matamoros con 45mil huelguistas peleando por un 20% de aumento salarial.
En este mismo tenor, los trabajadores del sector educativo han decidido estallar huelgas en distintas universidades, empezando con la emblemática huelga de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que lleva más de 65 días en huelga, junto con el Colegio de Posgraduados, Chapingo, la Universidad de Sonora y el INIFAP, por un aumento salarial del 20%.
A estas huelgas en el sector universitario, se le agregaron los paros de maestros del Colegio de Ciencias y Humanidades, que junto con estudiantes en asambleas masivas acordaron paros de 72 horas en todos los planteles en demanda de un aumento salarial del 50% y mejores condiciones laborales.
En días recientes, el magisterio combativo aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizó un plantón en el San Lázaro y una movilización unitaria con normalistas y el SITUAM en huelga en repudio a la intentona de darle continuidad a la reforma educativa, que aunque supuestamente está en impasse hasta que se consulte con los maestros, mantiene en alerta a todo el gremio magisterial.
Mientras, en el Instituto Politécnico Nacional, las autoridades quieren hacer pasar lo que no pudieron en 2014 con la convocatoria al Congreso Nacional Politécnico, con la idea de imponer una “autonomía” reaccionaria que busca cambiar de apartado laboral a los trabajadores del IPN, lo que implicaría desbaratar las conquistas de los trabajadores, maniobra a la cual los estudiantes se oponen y empiezan un proceso organizativo para dar la pelea contra estas propuestas.
Es en este panorama que los trabajadores universitarios han visto, de manera muy similar a los obreros en Matamoros, la complicidad entre las autoridades y las instituciones (como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) y guiños hacia las autoridades por parte de integrantes del MORENA, como el referéndum para levantar la huelga de la UAM propuesto por diputados de Morena en la Ciudad de México.
¿Los trabajadores podemos darle un nuevo rumbo a la educación en México?
Los trabajadores que estamos al frente de la educación en todos los niveles somos quienes verdaderamente sabemos las carencias que tienen cada uno de nuestros centros de trabajo, frente al panorama actual de huelgas, paros y movilizaciones es clave que nos unamos como sector educativo.
Los sindicatos en huelga y el magisterio combativo tienen que ponerse a la cabeza de un llamado a un gran Encuentro Nacional de Lucha al que llamen a todos los sindicatos que se reclaman democráticos como la UNT, NCT y mineros, a parar en solidaridad con las huelgas universitarias.
Es necesario fortalecer estas luchas con un paro del sector educativo que frene los recortes al presupuesto y a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, en defensa de la educación pública y para garantizar el derecho a la educación de los hijos de los trabajadores y al servicio del pueblo pobre.
Esto se puede garantizar si se imponen impuestos progresivos a las grandes fortunas, el no pago de la deuda externa y que el FMI y la OCDE saquen sus manos de los programa educativos de los países pobres, pelear contra la militarización del país y que los millones invertidos en la Guardia Nacional, se destinen a la educación pública. | 
