El gobierno de Piñera ha tenido ido avanzando en una línea represiva hacia la juventud. En esta misma tónica, se han entregado grandes sumas del presupuesto nacional a carabineros, los principales encargados de reprimir cualquier ápice de organización o movilización de la juventud, las mujeres y los trabajadores, que pueda posicionarse en contra del gobierno o sus intereses empresariales.
En este sentido, es que se le entregan mayores facultades a la institución para criminalizar y reprimir a la juventud, por ejemplo, con la ley Aula Segura, que permite la intervención policial al interior de recintos educacionales, o con la propuesta de ampliar a mayores de 14 años la edad para poder realizar controles de identidad además de poder registrar las pertenencias de a quien controlen.
No es al azar el hecho de que el gobierno invierta grandes sumas de dineros estatales en el perfeccionamiento y modernización de carabineros, aun existiendo escandalosos casos de corrupción a la interna de la institución, como lo es el Pacogate o el ultimo hallazgo de un carabinero que era integrante de una banda delictual dedicada a los robos fuera de recintos bancarios; es parte de una línea consciente de persecución hacia la juventud.
Frente a todos estos ataques que nos quiere pasar la derecha del gobierno y que se expresan más concretamente en las reformas precarizadoras y la represión policial brutal, la llamada oposición parlamentaria, el Partido Comunista y el Frente amplio, no han tomado más que un rol pasivo y conciliador siendo incluso un freno para la organización y movilización de grandes sectores de masas ante los ataques, aún dirigiendo grandes centrales que reúnen a trabajadores y estudiantes, como el Colegio de profesores, la CUT y la CONFECh, porque prefieren la vía del parlamento por encima de la organización de grandes sectores que salgan a las calles a enfrentar todas estas políticas represivas, en un intento por maquillar un sistema que únicamente nos priva de derechos y nos reprime.
Es por esto, que debemos exigir la disolución inmediata de las fuerzas especiales y que las funciones de seguridad estén en manos de la clase trabajadora y el pueblo, que velen por ésta sin intereses privados que intervengan, y esto debemos hacerlo mediante a la organización y movilización de grandes sectores de mujeres, estudiantes y trabajadores que salgan a las calles para acabar con toda la represión y precarización de este sistema. |
