El Gobierno presentó el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en el Parlamento. El plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto, comenzó a sesionar los martes y jueves, y se extenderá hasta el 9 de mayo.
El proyecto pretende que la edad de punibilidad sea a partir de los 15 años, con penas que podrían llegar hasta 15 años. La baja de edad de punibilidad no es un proyecto solo del actual gobierno. En 2009 la Cámara baja aprobó bajar de 16 a 14 años. Perdió estado parlamentario y finalmente no se aprobó.
Para analizar este proyecto, entrevistamos a Ana Almada y Elizabeth Quintero, coordinadoras del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj).
-El proyecto de ley de Cambiemos crea un nuevo Régimen Penal Juvenil, y entre sus artículos establecen la edad de punibilidad a partir de los 15 años ¿qué opinan sobre esto?
Ana: Desde el Serpaj estamos preocupados por este proyecto. Bajar la edad de punibilidad es un hecho regresivo, que incluso va en contra de tratados internacionales.
En junio del año pasado el Comité de los Derechos del Niño le recomienda al Estado argentino adoptar una ley general sobre la justicia de menores en consonancia con la convención y las normas internacionales sobre justicia de menores, en particular con la garantía que la detención se utilice como último recurso y por el menor tiempo posible. Y que de ningún modo se puede reducir la edad de punibilidad o incrementar penas.
-¿Cuáles son los principales cambios con la ley que existe hoy? El gobierno utiliza como argumento que en la actualidad rige un decreto ley de la dictadura.
Ana: No creo que una ley sea mejor que otra, porque en ellas los chicos terminan encerrados. Para mí esta ley o la otra es lo mismo, porque los lugares de encierros van a seguir siendo lugares de apremios. Hay que cambiar el paradigma, ninguna de estas leyes contempla otra propuesta que no sea el encierro.
En la localidad de Moreno, después de la muerte de docentes, la escuela está cerrada por falta de presupuesto para la reparación ¿y van a poner plata para esto?
-En el nuevo proyecto se establecen tres tipos de “sanciones”: 1) sanciones socioeducativas (programas educativos, psicológicos, etc); 2) sanciones disciplinarias; 3) sanciones privativas de la libertad de máximo 15 años. El juez puede aplicar una o más de estas sanciones, en forma simultánea o sucesiva. ¿Qué opinas sobre este tipo de sanciones?
Ely: Los chicos necesitan contención social, no sanciones. El primer efector que tiene el niño es el policía, sin embargo cuando dejan de concurrir a la escuela no hay nadie que los incorpore al sistema educativo.
Los promotores de este proyecto dicen que tienen por objetivo la reinserción social de los pibes, pero no dice qué pasó antes, cuando dejó de ir a la escuela, de tener una asistencia médica, o cuando los chicos terminan en la calle por problemas de consumo.
No hablan de las cosas previas para que el chico no llegue a una situación penal a los 15 años.
-La reforma faculta la prisión preventiva para todos los jóvenes imputados de cualquier provincia, ¿qué opina sobre esto?
Ana: Nefasto. Hace poco tiempo fuimos a visitar una institución de menores en la Provincia de Buenos Aires, Centro de Recepción, le preguntamos a un chiquito de 14 años cuál era su situación y nos contó que le dijeron que tenía para 25 años. Le preguntamos por el juez que dictó la sentencia, y por su abogado. Nunca los había visto, resulta que la Policía lo agarró y lo llevó a ese lugar.
-Todas las estadísticas dan cuenta del bajo porcentaje de menores que cometen delitos. La opinión de los expertos que predomina es que no hay ninguna vinculación entre la edad de punibilidad y la cantidad de crímenes que se cometen, ¿cuál cree que es el objetivo de este proyecto?
Ely: Porque son chicos, son los que no tienen voz y no pueden defenderse. Necesitan un enemigo público y señalar a un culpable de la situación actual. Es decir correr el foco de que la culpa no está en la militarización social o en el Estado, sino que la tienen los pobres.
-¿Qué opinan sobre los Centros Especiales de Detención (no-penitenciarios), que rigen actualmente?
Ely: Son lugares que dicen ser de protección social, aunque le cambien el nombre y le pongan centro recreativo son lugares de encierro y violencia.
Los institutos de menores están prohibidos en el país, pero siguen existiendo. Se puede visitar el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Gral. San Martín o el Manuel Belgrano y Manuel Roca ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Los edificios están en pésimas condiciones, la comida es mala.
La ley habla de fortalecer la familia, pero no hacen nada. Habría que ir por ahí para evitar que los chicos vayan presos. Esperan bajar la edad de punibilidad para encerrar a los chicos pobres.
-Ustedes trabajan cotidianamente con niños niñas y adolescentes con derechos vulnerados, ¿qué medidas alternativas propondría ustedes?
Ana: En principio una protección de los derechos de los niños. Me imagino si cada chico pudiera ir a la escuela, hicieran actividades que realmente le agrade, si es atendido correctamente en una salita médica. No necesitan una ley penal juvenil, sino contención social.
Es fundamental escuchar a los chicos. Este martes en el Congreso, durante el debate sobre este proyecto, tomaron la palabra unos chicos de la organización social Che Pibe. Los adultos le hicieron pasar un mal momento, quién coordinó el Plenario.
Además de escuchar a los pibes hay que tener en cuenta qué dicen, de qué sirve escuchar si vas a hacer otra cosa. Y sobre todo, el gobierno tiene que destinar un presupuesto para cubrir las demandas sociales de los chicos.
El Comité de los Derechos del Niño recomienda varias medidas al Gobierno, entre ellas que el Estado no recorte el presupuesto de ninguna índole destinadas a la infancia, sin embargo vimos que los presupuestos del año pasado y de este han sido recortados; piden que no reduzcan la edad de punibilidad y sin embargo pretende bajarla a 15 años; dice que no le pueden dar penas igual que los adultos, y sin embargo lo hacen; sugieren que apliquen la ley de Educación Sexual Integral, y no lo hacen.
Es decir medidas que van más allá de una ley penal juvenil, sin embargo el Gobierno va en sentido contrario a lo que recomienda el Comité.
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