Este viernes el Tribunal de San Martín condenó a prisión perpetua al único imputado por uno de los militantes desaparecidos. Hablamos con familiares de las víctimas, personalidades de derechos humanos y una de las abogadas querellantes.
La sala del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín estaba repleta. Este viernes concurrieron hasta zona norte del Gran Buenos Aires familiares de las víctimas y sobrevivientes de la represión contra los militantes del MTP que intentaron tomar el Regimiento La Tablada. Ocurrió el 23 y 24 de enero de 1989, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Hubo desaparecidos, fusilados y un encubrimiento atroz por parte del Estado.
Treinta años después se discutió en un juicio las responsabilidades de los militare, dos de ellos rompieron el pacto de silencio; lo que colaboró para condenar a prisión perpetua al exmilitar Alfredo Arrillaga, por el crimen y desaparición del militante José Alejandro Díaz.
También asistieron a escuchar la sentencia organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos: Comisión de Derechos Humanos de zona norte, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CeProDH, el CELS. Además, estuvieron personalidades como Nora Cortiñas, la madre de José Luis Cabezas, Thelma Jara de Cabezas, Madres de Plaza de Mayo, entre otras.
"Lástima que no esté vivo Alfonsín para escuchar esta sentencia”
Nora Cortiñas opinó que fue un fallo justo. "Esto es obra de la perseverancia de este pueblo. Seguimos luchando para que no haya impunidad. No vamos a perdonar, no vamos a olvidar y no nos vamos a reconciliar jamás. Queda claro que vamos a seguir peleando para que vayan todos a la cárcel. Los crímenes que se cometieron en este país son muy graves. Lástima que no esté vivo Alfonsín para escuchar esta sentencia”. Así finalizó Norita, señalando al responsable de la masacre y el encubrimiento.
Daniel, el hijo de José Díaz, contó que llegó de Nicaragua para unirse a los querellantes. "Desde el 5 de diciembre estoy en el país, junto a los compañeros de la Tablada y los abogados para llevar adelante el juicio de mi padre, que es uno de los desaparecidos. Tenemos tres más, Francisco Provenzano, Carlos Samojedny e Iván Ruiz, que salió junto a mi padre. Sé que llegará justicia a la familia de él y de todos los compañeros”, afirmó.
A la hija de Francisco Provenzano, se la vio muy emocionada luego de escuchar el fallo. Para Irene “la sentencia es una victoria, estar acá es una victoria. Que lo hayan declarado a Arrillaga coautor también es una victoria, y que no lo hayan condenado sólo por estar ahí, sino que fue parte de las órdenes de la ejecución de José Díaz. Lo que se demostró en el juicio nos va a permitir, además, ir por más imputaciones y enjuiciar a quienes asesinaron a los compañeros”.
"En el juicio se pudo demostrar que Arrillaga tuvo en su poder parte del aparato del Estado. También se demostró la complicidad judicial, que se tiene que seguir investigando. Todo el encubrimiento judicial es parte de haber puesto el aparato del Estado al servicio de la represión y la desaparición de los compañeros", finalizó Irene.
Leandro Sánchez es hijo de Roberto Sánchez y primo de Iván Ruiz, militantes del MTP. Para él este fallo es lo que esperaron durante 30 años, “quiero mencionar a mi tía, que hoy vive en Nicaragua, que siempre luchó por encontrar a mi primo (continúa desparecido) y pidiendo justicia por su hermano, mi viejo”.
También estuvo presente el reportero gráfico Eduardo Longoni, quien pudo registrar con su cámara, aquel 23 de enero, lo que ocurría dentro del cuartel. Su registro fue muy valioso como prueba para desmentir la versión oficial. “Muchas veces nuestras fotografías se nos van de las manos, les pertenecen a la gente, le pertenece al pueblo. En este caso les pertenecen a ustedes, que con la sapiencia de los abogados pudieron llevar este juicio. Hoy todos respiramos un poco mejor”, dijo Longoni durante el acto que se realizó luego de conocerse la sentencia.
Foto * Eduardo Longoni
La diputada Myriam Bregman, abogada querellante en juicios de lesa humanidad, envió un saludo y felicitó a la abogada Liliana Mazea y "a todos los que en estos treinta años demostraron que la única manera de conseguir, aunque sea un poco de justicia, es con lucha y perseverancia”.
Matías Aufieri, integrante del CeProDH también expresó su satisfacción por la sentencia y agregó “Arrillaga fue condenado como coautor del delito de homicidio a prisión perpetua. También estaba imputado el militar Mayor Jorge Eduardo Varando, quien falleció antes de la iniciación del juicio. Varando fue uno de los que durante las jornadas del 19 y 20 del 2001 asesinó a uno de los manifestantes (Gustavo Benedetto). Trabajaba como seguridad del HSBC”.
Una anomalía: militares rompieron el pacto de silencio
Una de las abogadas querellantes, Liliana Mazea, al finalizar la lectura del fallo nos contó cómo llegaron a obtener esta sentencia. “Este primer juicio vino precedido por una ardua lucha contra la prescripción que invoca la defensa, sosteniendo que era un crimen común y por lo tanto le correspondía aplicar la prescripción de la acción por el transcurso del tiempo”.
Y por esto mismo sostuvo que al escuchar la sentencia del Tribunal, que rechazó la prescripción pedida por la defensa, sintió satisfacción. "Luego de estar nueve años discutiendo en la Corte y en Casación, si estos crímenes de Estado eran prescriptibles o no, escuchar que los jueces del Tribunal lo rechazaban, fue una gran satisfacción”.
Liliana Mazea, quien compartió la querella junto a Pablo Llonto y Eduardo Lombardi, opina que este juicio permite, además, que se puedan iniciar otros juicios por las víctimas desaparecidas, por las ejecuciones extrajudiciales, y los tormentos aplicados a los sobrevivientes y los ejecutados.
Después de haber participado como querellante en decenas de juicios de lesa humanidad, donde los genocidas sostuvieron el pacto de silencio, Liliana Mazea se encontró con algo inédito. “En este juicio un miembro del Ejército, presentado como testigo por la defensa, sostuvo que en su primera declaración mintió, presionado por sus superiores. Le ordenaron que encubriera la desaparición de Díaz”.
Mazea agregó “he participado en decenas de juicio de lesa humanidad, y nunca un militar confesó. Que en este juicio uno de ellos rompiera el pacto de silencio, fue toda una sorpresa. El sargento retirado, César Ariel Quiroga, testigo de la defensa, declaró que pocos días después de recuperado el Regimiento de la Tablada, fue llevado al juzgado de Morón que dirigía Gerardo Larrambebere, donde por entonces era secretario Alberto Nisman".
"Allí firmó un acta con la versión oficial: dos militantes que salieron con vida (Díaz y Ruiz) mataron a Esquivel, un militar que estaba en el cuartel, y que después se dieron a la fuga”.
“No fue así. Iván Ruiz y José Díaz fueron separados de los demás detenidos, llevados al fondo del cuartel y torturados, lo han dicho testigos. Luego un coche blanco los retiró y sus cuerpos no aparecieron”.
Quiroga confesó que firmó una declaración falsa y mostró el acta que llevaba la firma del fallecido fiscal Nisman.
No fue el único, José Almada, un exsargento del Ejército, “fue otro de los testigos que sostuvo que vio cómo los torturaban”, relató Mazea y agregó “hubo otros testigos de la defensa que entraron en contradicción y quedó demostrado que mentían en el armado político y judicial, de encubrir las desapariciones forzadas”.
El exgeneral Alfredo Manuel Arrillaga, quien estuvo a cargo del operativo criminal para recuperar el Regimiento La Tablada, fue el único militar en el banquillo de los acusados.
Mazea se refirió al alegato de Arrillaga. “Hizo un discurso soberbio, arrogante. Postura que tuvo durante todo el juicio. Se defendió todo el tiempo a pesar que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad. Una de ellas es por los crímenes de la “noche de las corbatas” donde secuestraron y desaparecieron abogados en Mar del Plata. También tiene condenas por haber participado en centros clandestinos de Mar del Plata. Él es un hombre ligado a los tormentos, desapariciones y asesinatos como sucedió en el cuartel de La Tablada después de que los militares lo recuperarán”.
La abogada Liliana Mazea, concluyó “que el Tribunal rechace la prescripción permite seguir indagando responsabilidades por todas las víctimas. En los fundamentos de la sentencia, los jueces explicarán cómo entiende que fueron los hechos, ya que se pronunciaron en contra de que fue un crimen de Estado”.
