Trabajando hace 5 años en un liceo Público Mixto me basta para comprender que el problema es estructural y que la situación de precariedad, violencia y abandono en que viven miles de jóvenes tampoco es responsabilidad directa de “las familias”, como intentan instalar los gobiernos de turno post dictadura, sino es producto de los bajos salarios y las precarias condiciones que la derecha y los partidos de la Ex concertación han forjado y agudizado.
Control de Identidad desde los 14 años con posibilidad de revisar las vestimentas y mochilas, drones en las comunas más precarias como Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Puente Alto, Conchalí, Recoleta y Santiago, sistemas de chip de vigilancia en mochilas de estudiantes de colegios privados y subvencionados, han sido la suma a la ya aprobada Ley Aula Segura por los distintos sectores del Parlamento y al rol precarizador del Estatuto Laboral Juvenil. ¿Qué más nos queda?
En el intento de justificar las medidas, el Ministro Chadwick informaba que el 29% del robo de vehículos correspondía a la participación de menores de edad, pero nunca informó la creciente baja en delitos cometidos por menores de 18 años, acumulando incluso una caída del 31% a nivel nacional. Es que, por una parte el gobierno busca reprimir a los jóvenes, y por otra defiende la libertad a los torturadores de mujeres y niños de la dictadura. El efecto, desviar el foco de los problemas sociales como la pobreza y la infancia, y colocar mayor represión para disciplinar a los jóvenes pobres.
Si escucho a mis estudiantes, los con problemas de consumo o de quienes experimentan el microtráfico, vienen de un círculo vicioso cruzado por complejas historias que traspasan generaciones dentro de sus precarias familias, o que inician por un contexto circunstancial adverso de hacinamiento, violaciones, etc. El punitivismo se ha instalado en sus vidas, donde muchos han sido expulsados de otros colegios. Aún más, los que vienen de las famosas “casas de resguardo”, como el SENAME, tienen que someterse a la política hipócrita del Estado con la niñez, encerrando a los niños, vulnerando sus derechos sin ofrecerles mecanismos reales para salir del círculo de violencia y pobreza al que han sido condenados, y donde muchas de estas casas de acogida son privadas, teniendo incluso implicancias en el negocio educativo con militantes del PPD, PS y DC.
En los colegios frente a la droga y los problemas relacionados se ataca con programas como SENDA (programa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que ya tiene la consigna “Elige vivir sin drogas”), Carabineros, OPD (SENAME), Fiscalía, prevención del delito. Y la pregunta viene de cajón. ¿Estos programas logran acabar con delitos y problemas de droga?
Mi visión es que no. Las Charlas del SENDA, donde muchas veces va a darlas la fuerza policial, el incremento de Carabineros en los lugares de estudio por el Aula Segura, las derivaciones al SENAME, las condenas a menores de edad a través de Fiscalía, las expulsiones o retiros de papeles apuntan a desechar a las y los estudiantes y no darles reales posibilidades para que se puedan desarrollar.
Pero si colocásemos el foco en ver problemáticas de sus vidas, que las y los estudiantes quieran abordar, y si éstos se transformasen en los organizadores y protagonistas de las decisiones, junto con apoderados y trabajadores de la educación, con una dirección de un colegio votada y revocable, sin duda, los tres estamentos al ser responsables del proyecto educacional, tendría repercusiones positivas. La triestamentalidad obliga a mayor reflexión y participación por parte de los estamentos, lo que implica un marco más profundo en pensar temas como las drogas, por dar un ejemplo, y podrían darse discusiones democráticas acerca de poner el centro de los problemas en las causas o en los efectos, en la voluntad de un plan de acción conjunto frente a un contexto educacional impuesto en dictadura y profundizado en los gobiernos de la Ex concertación, Derecha y Nueva Mayoría; la educación de mercado.
Si el financiamiento fuese directo y permanente en los colegios públicos, sin basarse en las matrículas, Simce, etc y si se le pusiese fin a la subvención a los colegios privados por parte del estado, para invertir ese dinero en más y mejores colegios públicos, los proyectos educativos sin duda girarían positivamente en 180 °. Está demás recordar todas las amenazas de cierres de los colegios públicos por parte de la Derecha y los partidos de la Ex Concertación, lo cual implica que los estudiantes se vean forzados a rebotar, terminando sus estudios a la rápida, o muchos desertando. Esto provoca mayor vulnerabilidad y mayor foco de abuso de drogas y de violencia.
Pero la propuesta anterior no podrá desarrollarse sin realmente mejorar las condiciones laborales de las y los apoderados y los trabajadores de la educación, de mínima subir los sueldos a un mínimo de $450.000, así como dividir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados trabajando máximo 6 horas diarias 5 días a la semana permitiría asegurar la presencia de las y los apoderados en el proceso educativo de los jóvenes, que las y los asistentes de la educación puedan participar de este proceso, y mejorar las condiciones laborales de las y los profesores con un 50/ 50 permitiría dar el tiempo para profundizar además de las clases, en los problemas educacionales trascendentales.
Como ven, La ley de Control de Identidad no es más que la mera suma a la criminalización de las y los jóvenes, y no terminar con lo de fondo, la pobreza y opresión. |
