La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, Alicia Vence, dictó el procesamiento sin prisión preventiva para el fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello.
Fue al considerar que existen pruebas suficientes que lo vinculan a tres delitos de lesa humanidad, mientras se desempeñaba en Inteligencia de la Policía Bonaerense en la última dictadura cívico militar.
En su resolución, Vence sostuvo que hay pruebas que demuestran que Garello fue “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público; e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos, en tres hechos, todos los cuales concurren realmente entre sí”.
Para la jueza, junto a otros imputados y personal militar no identificado, Garello impulsó los procedimientos del 23 y 24 de julio de 1981, que culminaron con la detención de tres hombres y sus alojamientos en la Brigada de Investigaciones III de San Martín.
Para la jueza, Garello "deberá responder en calidad de partícipes necesario, ya que ha realizado un aporte, que si se suprimiera hipotética y mentalmente, los acontecimientos enjuiciados no se podrían haber llevado a cabo de la manera en que acontecieron“.
De acuerdo a la magistrada, dentro de la Inteligencia de la Policía Bonaerense Garello realizó un “aporte al plan sistemático e ilegal de ‘lucha contra la subversión’”.
“Es por todo esto que deberá responder como partícipe necesario por la acreditación de estos hechos, con una atribución objetiva y subjetiva por haber tenido conocimiento y voluntad en la realización de esas acciones típicas, obrando con dolo directo en todos los casos”, expresó Vence en la resolución.
Además, la jueza procesó por diferente participación en los mismos delitos a Ricardo Coronel, Guillermo Horacio Ornstein, Jorge Norberto Apa, Hugo Daniel Cammarota, Daniel Eduardo Ríos y Hugo Carlos Ramón Trasguerras.
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A Fernández Garello se le imputa haber participado del secuestro y la tortura de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor. Su historial sale a la luz en el marco de las investigaciones acerca de los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y la detención de estos tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. “De la forma relatada, Fernandez Garello, Ríos, Cammarota, Coronel y Ornstein, fueron convocados por Jorge Norberto Apa para conformar las comisiones conjuntas integradas por personal idóneo para realizar los procedimientos detallados”, concluye la jueza Vence.
Prontuario
En efecto, gracias a la información brindada por la Comisión Provincial por la Memoria, se conoce que el entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.
Asimismo, se conoce que también realizó operaciones conjuntas con el ejército en la zona norte del conurbano bonaerense, para el secuestro, tortura y asesinato en febrero de 1982, de la marplatense Ana María Martínez, militante del PST.
Entre 1978 y 1982, participó en 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado. Era un joven de poco más de veinte años que había ingresado a la policía bonaerense en 1976.
Según informó oportunamente la CPM el objetivo de estas intervenciones era el espionaje político y gremial. También intervino en el informe que implicó la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo.
Cuando Eduardo Pettigiani fue candidato a intendente de Mar del Plata en 1995, Fernández Garello fue electo concejal del PJ. Según los registros del Consejo Deliberante el entonces edil se pronunció a favor de Alfredo Astiz, durante la sesión en la que este genocida fue declarado persona no grata en el municipio de General Pueyrredón. Tras la reforma de 1998 al Código de Procedimiento Penal provincial fue elegido, finalmente, fiscal general. Desde ese cargo fue cómplice de la policía del gatillo fácil y la represión en la ciudad. | 
