Este sábado 13 de abril se ha vuelto a producir un nuevo desahucio en el barrio del Raval, uno de los más céntricos de la ciudad condal y que más está sufriendo la especulación urbanística y el aumento de los alquileres en sus viviendas.
A última hora del sábado los Mossos d’Esquadra se personaron en la rambla del Raval tras ser notificados que un grupo de personas intentaba ocupar una vivienda. El objetivo de estas personas era dar una solución habitacional a familias con menores que estaban viviendo en la calle.
Pero los Mossos, escoltados por la policía municipal de Barcelona en Comù, apareció en la artería principal del barrio para cargar contra los manifestantes que buscaban defender la vivienda, y finalmente desalojar a las familias.
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Ciutat Vella, distrito al que pertenece el barrio del Raval, denunció esa misma noche la violencia ejercida por el cuerpo policial autonómico para desalojar a los manifestantes.
En una grabación realizada por un periodista que fue testigo se puede ver como la represión de los Mossos se inició sin motivo alguno y golpeando por encima de la cintuntura.
Este dramático ejemplo, que suma nuevas familias con menores a la lista de los sin techo, no pareciera estar directamente relacionado con los aumentos de alquiler, pero eso tan solo sería una mirada superficial del asunto.
La nueva burbuja que intentan esconder
La burbuja inmobiliaria ligada al alquiler es la otra cara de la moneda de la gran burbuja pre crisis, sustentada aquella por la compra de la vivienda.
Los grandes medios y lobbies a sueldo de los fondos buitres exponen que tal burbuja no existe, que los precios desde el último trimestre se han estabilizado en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Pero nada más lejos de la realidad.
De hecho si atendemos a los datos de Analistas Financieros Internacionales (AFI), en su apartado de estudios temáticos, el precio del alquiler ha crecido en España un 25% desde el 2013.
Pero a los grandes medios y lobbies nos les gusta mostrar una visión completa del asunto, y menos cuando todavía sigue en la mente de todos y todas los casi 70 millones de euros de dinero público que la banca recibió para sanear sus bolsillos y todas las políticas de los gobiernos del PSOE y del PP para beneficio de los fondos buitre.
No interesa, y es que tener una mirada completa, sería vincular este dato de encarecimiento al dato de la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos en la última década, que se sitúa de media en un 8%. O por ejemplo, sería también tener una mirada más completa sumar a estos últimos datos el paupérrimo porcentaje de vivienda protegida, que apenas alcanzaba el 1,5% a finales del 2018.
Una situación de alarma social que además se extiende de la mano de una precarización feroz del trabajo. Ya la OCDE apuntaba a mediados del 2018 que 4 de cada 5 trabajos creados en 2017 en el Estado español eran a tiempo parcial o temporales.
Sí, la cuestión es más compleja y dramática, y no va a ser expuesta por ningún gran medio a sueldo de los mismos fondos buitres que se están lucrando desde hace ya dos décadas con un derecho fundamental como la vivienda. “·Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos”, apuntan desde el Sindicat de Llogateres
Ayuntamientos ¿de qué cambio?
En Barcelona y Madrid los ayuntamientos del cambio llegaron con la bandera de hacer frente a esta situación de vulnerabilidad extrema, pero tras cuatro años, los avances son mínimos, y en comparativa con la vorágine a la que avanza la burbuja, inexistentes.
Solo por poner un ejemplo, la Barcelona de Colau apenas ha construido un total de 800 viviendas públicas de las 8000 que tenía planeadas. Es fácil hacer el número de viviendas necesarias dado el ritmo de desahucios.
Los ayuntamientos del cambio se han demostrado simplemente gestores de los intereses de inmobiliarias, fondos buitre y bancos. No han realizado ninguna medida que toque sus beneficios, centrados en la especulación, y por lo tanto, han sido incapaces de realizar cualquier política social ligada a la vivienda.
Desalojar sin indemnización las viviendas en propiedad de la banca y los fondos buitres para construir un parque de vivienda pública se antoja cada vez más urgente. Un plan de urgencia para empezar a paliar el drama de miles de familias en el Estado español que no tienen acceso a la vivienda, o bien ven como más del 70% del sueldo que entra en el hogar se destina al pago del alquiler, entrenado de este modo en otra espiral de pobreza, como la eléctrica por impago de facturas.
Un programa de choque de este tipo no se puede realizar en el marco de las instituciones, por una especie de batería legislativa que la banca y los fondos buitres acepten. Ni los ayuntamientos están por la labor, ni lo van a permitir los poderes económicos. Una medida de este calado sólo podrá ser llevado adelante por una movilización en las calles que imponga esta medida de urgencia social por delante de cualquier beneficio privado.
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