En la frontera sur de México, miles de migrantes se encuentran varados en refugios en condiciones deplorables, mientras que el gobierno de López Obrador, mediante su política de detención de trámites de regularización y deportaciones masivas, ha convertido la zona sur del país en un área de contención de las caravanas de migrantes.
En el estado sureño de Chiapas, se encuentran al rededor de 5 847 personas sin documentación esperando que el gobierno re abra las oficinas de migración para solucionar su situación legal y así poder transitar por el territorio.
Según declaraciones del presidente López Obrador se extenderían permisos temporales de estancia y de trabajo, esto hizo que cientos de personas de diferentes nacionalidades, entre otras, cubanos, centroamericanos, africanos, etc., tuvieran como destino México para pasar hacia EEUU.
En contraste con la imagen humanitaria que quiso dar el nuevo gobierno, el Instituto Nacional de Migración (INM) detiene los trámites legales de los que quieren pasar por el territorio, a su vez que realiza deportaciones violentas.
Mientras esto ocurre, en los espacios destinados a refugios de migrantes, las condiciones de vida son de hacinamiento e insalubridad, pues estas no cuentan con la capacidad para atender a tanta población, por lo que sumado a la situación de los trámites, estos refugios funcionan más como centros de detención.
La región suroeste de México ha sido históricamente el paso de migrantes hacia Estados Unidos, sin embargo, dos semanas después de conceder las visas masivamente, el mismo Gobierno endureció la frontera, hasta que el 15 de marzo el INM cerró sus oficinas en Tapachula.
Desde entonces, los migrantes que llegan a la región se encuentran en un limbo, pues en los hechos, el gobierno mexicano está garantizando las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos y Donald Trump.
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana de Chiapas, una organización que defiende los derechos de los migrantes, denuncia que "El muro de Donald Trump está empezando en el Suchiate", río que funge como frontera entre México y Guatemala.
El mismo denuncia para la prensa local que “la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, es la cárcel migratoria más grande de Latinoamérica, pues ahí tienen a los migrantes con tortura psicológica y física. Es terrible la situación en la que se encuentran, esta sobre poblada".
Son tantos los migrantes varados en esta zona, que activistas defensores de los derechos migrantes han denunciado la falta de instalaciones para alojar y satisfacer las necesidades de los que llegan en busca de asilo. Pues el principal albergue de migrantes mantiene a poco más de dos mil personas, cuando la capacidad es apenas para 500.
Mientras tanto los empresarios de la región hipócritamente han pedido solución al gobierno federal, con declaraciones xenófobas como las del presidente de la patronal de la frontera sur, Coparmex, José Antonio Toriello, que declara:
"En enero, tras el desbordamiento de las caravanas de migrantes, la gente dejó de venir, de comprar. Hasta la segunda y tercera semana, las pérdidas por día eran de 250 millones de pesos".
La hipocresía de la clase empresarial se hace notar pues en meses anteriores fueron los mismos que veían con buenos ojos estos "permisos humanitarios" de tránsito y trabajo, pues son una fuente rica de mano de obra ultra barata y precarizada.
Mientras tanto cientos de personas continúan por su paso cada vez más peligroso por el territorio nacional, y en el sur del país miles más se enfrentan a condiciones aún mas precarias de hacinamiento y enfermedades, a pesar de las palabras del nuevo gobierno de respetar los derechos humanos de los migrantes.
Con información de El País. | 
