Una nueva arista se abre en el escándalo de corrupción de tráfico de influencias en torno a la Corte de Apelaciones de Rancagua, al que se le ha llamado el “desastre de Rancagua”. Esta vez debido a la denuncia del Fiscal Adjunto de Zona, Sergio Moya, en contra de su superior, el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
Sergio Moya presentó un detallado informe a la Unidad de Asesorías Jurídicas de la Fiscalía Nacional solicitando el traslado de la investigación a otra fiscalía. Cosa que fue acogida por le Fiscal Nacional, Jorge Abott, quien traspaso a la Fiscalía Metropolitana Sur las indagatorias por presunta corrupción de 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Según señala el informe Moya acusa a Emiliano Arias de 4 delitos. Según declaraciones de Moya la denuncia trata la obstrucción a la justicia por la cual Arias habría demorado innecesariamente la formalización de uno de los ministros investigados Emiliano Elgueta, quien pasaría a ser el primer Ministro de Corte de Apelaciones en ser formalizado.
Otro de los hechos denunciados por Moya es la influencia en el Caso Caval, en particular sobre el acusado Herman Chadwick y las consecuencias que podría traer un juicio oral al gobierno recién entrante de Piñera, de modo que Arias le planteó cerrar esta arista, e incluso intentó cerrarla mediante un juicio abreviado y con penos menores a las legales.
Así mismo denuncia el ocultamiento de información respecto una investigación en contra del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos, ascendientes a la suma de $3.500 millones de pesos. No solo esto, según señala Moya, Arias le habría señalado que se reuniese con el abogado de Soto, Luis Hermosilla, y que prestara atención a sus requerimientos; también ocurrió que Moya incautó una serie de computadores y especies electrónicas de Soto, sin embargo Arias le ordenó devolverlos, cosa que Moya finalmente desobedeció.
Por último denuncia la violación de secreto debido a que una base de datos de la Fiscalía habría terminado en manos de un particular que residía en Puerto Montt y según las indagatorias la extracción de esa información habría sido orden de Arias.
Motivo de lo anterior el Fiscal Nacional además determinó la realización de una reunión extraordinaria de fiscales para definir la persecución penal sobre Arias, por los hechos denunciados.
Con esto no hace más que profundizarse uno de los casos más polémicos que ha enfrentado la justicia destapando el trafico de influencias, un entramado entre negocios, empresarios, políticos, jueces, fiscales y abogados. | 
