El siguiente análisis se hace en base a antecedentes de la reforma y los anuncios del gobierno, pues el proyecto no ha sido transparentado públicamente.
Son dos los proyectos que el ejecutivo ingresó para ser tramitados en el Congreso: La reforma al sistema público de salud, centrada en la ampliación del sistema GES (ex Auge) y de la Modalidad de Libre Elección (MLE), y la reforma a las Isapres prometida hace ya ocho años.
La reforma a las Isapres se presenta para descomprimir el descontento ante los abusos de las aseguradoras privadas, conocidas por aplicar una selección adversa por riesgo a sus usuarios y trato discriminatorio por edad y género, además de las escandalosas alzas de los planes de salud, que a principio de este mes volvió a ser noticia al conocerse que cuatro de las seis Isapres abiertas subirían sus planes, alcanzando la mayor alza de los últimos ocho años.
La solución del gobierno en esta reforma pasa por mejorar la competencia, a través de un “Plan de Salud Universal” que elimine la declaración de salud y los factores de riesgo como un proyecto de sobrevivencia para re-legitimar al sistema privado, que no concibe la salud como un derecho, sino como un nicho de mercado, por lo que debe someterse a las leyes de la competencia.
El Ministro Emilio Santelices, explicó que con la reforma el gasto de bolsillo de los pacientes no superará el 20%. Lo que no dice es que según el último informe OCDE , ese es el promedio del gasto de bolsillo en Chile, y que se ubica entre los más altos, después de Estados Unidos.
Algo de historia para entender el discurso de Piñera: Libertad de elección v/s derecho a la salud
El discurso de Piñera para esta reforma se basa en la libertad de elección, el mismo concepto con el que se desmanteló la salud pública y se consagró el sistema mixto, o más bien dicho “dual” (de interacción público-privado), con el que se institucionalizó el lucro en la dictadura de Pinochet, bajo la Ley 18.469.
Este nuevo régimen también surgió bajo los principios de la “libertad de elección”, la cual siempre es de acuerdo a lo que puede elegir el bolsillo de cada paciente. En otras palabras, puedes elegir, siempre y cuando puedas pagar; ese es el fundamento en que se sostiene la salud privada.
Bajo ese concepto en 1981 nacieron las Isapres, que establecieron los principios para el desangramiento del sistema público, a través del traspaso de recursos estatales a entidades empresariales.
Luego los gobiernos de la Concertación, principalmente el de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ingresaron nuevos cambios en el sistema para regular y fiscalizar las Isapres y los aspectos más segregatorios del régimen pinochetista. Realimentaron el sistema público con más presupuesto y nuevos recursos, pero no intentaron eliminar la estructura dual establecida en dictadura y más bien la consagraron.
Para los cinco holdings que se benefician del negocio de la salud, la actual reforma es fundamental, pues busca atenuar el cuestionamiento y que este no se transforme en un peligro para su negocio. Esto se demuestra en que el grueso de la reforma a las Isapres fue propuesto por las mismas Isapres, en una “propuesta integral” que entregaron a la Superintendencia de Salud y que hoy se hace carne en un proyecto de ley.
Reforma a Fonasa y al sistema público: Más recursos a los empresarios de la salud
Pero esta reforma no sólo tiene aspectos defensivos para el mercado de la salud, sino que lo profundiza aumentando las expectativas de ingresos de los empresarios del rubro, pavimentando un escenario propicio para la compra y venta de prestaciones de salud del sistema público al privado, pues la demanda del primero supera los 14 millones de habitantes, colapsando los servicios de atención que no dan abasto, mientras los plazos de vencimiento para las listas de espera GES avanzan.
En la reforma a Fonasa y al sistema público de salud, el gobierno prometió ampliar la cobertura GES a nuevas patologías, y mayores posibilidades para acceder a la Modalidad de Libre Elección (MLE), aumentando los montos de las bonificaciones y regulando los copagos.
Aunque es innegable que estas medidas amplían la cobertura y el acceso a la salud. lo hacen sobre una base frágil que, a largo plazo, es insostenible, y se transforma en tierra en los ojos ante la profunda crisis de la salud pública
El sistema GES y la MLE son dos de los principales mecanismos de traspaso de recursos públicos al sistema privado. Con estas medidas la llave queda aún más abierta para seguir abultando la creciente y disruptiva deuda hospitalaria. Cabe recordar, que el 2017 se emitió un informe desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que demostró que desde el 2006 hasta esa fecha el traspaso por MLE creció en un 88,4%.
En 2019, el Gasto en la cartera de Salud aumentó un 5,9% respecto a 2018, alcanzando un total de 20,2% del total del Gasto Público. Dicha inversión se fundamenta bajo el yugo de proyectos como el Hospital Digital, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Plan para la Formación y Retención de Especialidades Médicas y un extra para tratamientos de fertilización.
Si bien, en el caso del Hospital Digital, es una inversión que optimizará la atención pública, los proyectos mencionados no responden a la problemática de fondo que arrastra el sistema dual de salud: las brechas estructurales. Constituidas por la carencia de especialistas e infraestructura (camas clínicas), entre otros.
Las brechas se transforman en un cauce que empuja hasta las listas de espera y desemboca en el mar de la deuda hospitalaria, que antes de llegar el 2019 sobrepasó los $800 mil millones, y que tan sólo en cinco años ha aumentado cerca de un 500%
El evidente colapso del sistema público y la presión de las GES empujan al Fonasa y los hospitales, a adquirir la prestación de salud desde el sistema privado, provocando un traspaso lineal de fondos fiscales, pues los recursos estatales no retornan al sistema público, se mantienen como utilidades para el privado, creando una llaga abierta por dónde se escapan los fondos destinados a asegurar el derecho a la salud de todos los chilenos, que van a parar al bolsillo de unos pocos empresarios.
La necesidad de eliminar las Isapres y establecer un Sistema Único de Salud
Para que se termine el abuso con la salud, las Isapres deben desaparecer, y el Estado debe dejar de financiar a los empresarios de la salud, destinando los recursos para fortalecer la salud pública en un Sistema único de salud. Acá hay dos visiones en juego que se contraponen: La salud privada sostenida por el principio de libertad de elección v/s la salud pública que vela porque esta sea un derecho.
Además, no basta con eliminar las Isapres, hay que terminar con el sistema de salud basado en el aseguramiento y develar las bases ideológicas del mandato de seguros que desde fines de los 90’ defienden Aedo y Sapelli. El sistema de seguros ve la salud como una responsabilidad exclusiva de cada individuo, donde cada uno tiene el deber de asegurarse así mismo y a su familia, y quien no pague por un seguro con la cobertura adecuada debe asumir las consecuencias, que muchas veces pueden ser fatales.
Esta corriente muestra una visión de la salud como un bien de consumo dentro de los criterios del mercado, y dice que los esfuerzos del fisco deben ir destinados al subsidio a la demanda, y con ello al traspaso de recursos al sistema privado.
En esto se fundamenta la nueva propuesta del gobierno del “nuevo seguro catastrófico”
Hoy existe una integración horizontal y vertical y son cinco conglomerados quienes manejan en negocio. Esto quiere decir que aunque sólo exista Fonasa, el financiamiento a intereses privados continuará ¿Qué hacer al respecto?
Las clínicas por prestar un servicio vital y público deben transparentar sus secretos financieros, y todas aquellas que se demuestren que han sido levantadas con recursos públicos, deberían pasar a ser propiedad pública.
Calidad de vida y la “opción” de elegir vivir sano
Durante la presentación de la reforma, el ejecutivo abordó los puntos del ámbito social que demandaban la necesidad de la medida: un acelerado envejecimiento de la población producto de una baja tasa de natalidad y un deterioro de los hábitos de vida sana que, en palabras del presidente, transformó la población en una “fábrica de enfermedades crónicas”. Dicha declaración por parte del jefe de Gobierno nos lleva a sopesar las circunstancias en las que el chileno ¿optó? por deteriorar sus hábitos de vida sana, su salud y, por extensión, su calidad de vida.
Fundación SOL, en su estudio “Los verdaderos sueldos de Chile” (2018) transparentó la realidad salarial que enfrenta más del 50% de la población chilena: en promedio, un trabajador a jornada laboral completa gana menos de $410 mil pesos líquidos, redondeando en $380 mil, o menos.
Si el punto anterior ya realza parte de la precariedad de la remuneración laboral, éste se torna aún más gris cuando comparamos los horarios de la jornada laboral chilena con la de los demás países OCDE, consolidándose en un amargo quinto lugar. Sumando, los tiempos de viaje entre el hogar y el trabajo van disminuyendo en base al estrato socioeconómico, siendo los deciles de ingreso más bajos los que pierden más de su tiempo libre en el traslado, así constata el Centro de Estudios Públicos (CEP) en su estudio “De la casa al trabajo: Análisis de un tiempo perdido”.
Si continuamos desarrollando el ejercicio, nos encontraremos con otra paradójica anécdota del sistema: legalmente, el “tiempo libre”, o de descanso, debe ser equivalente a las horas trabajadas: es decir, entre 9 y 10 horas diarias. Entonces, bajo una lógica matemática, con 24 horas al día, trabajamos en promedio 10, en el mejor de los casos se duermen ocho y del resto hacemos uso para ir y volver del trabajo a nuestra casa, abarcando un mínimo de 100 minutos perdidos durante el proceso. Entre mantenernos funcionales para trabajar y cuerdos para vivir, nos nace plantear ¿en qué momento nos alimentamos a horarios prudentes? ¿Cuánto tiempo y dinero lleva preparar comida saludable? ¿Qué debemos priorizar en una condición tan precaria?
Y esto es más alarmante aún para los funcionarios de la salud que garantizan el bienestar de todos los chilenos, pero que trabajan extenuantes jornadas de hasta 14 hrs o más.
El agotamiento físico y el alarmante aumento de las enfermedades mentales que, además de afectar el día a día de los trabajadores, también se transforma en una completa incertidumbre dentro del ambiente laboral y las remuneraciones, pues cada día administrativo, para atender problemas personales y/o enfermedades, se calcula dividiendo la remuneración fija mensual en 30, representando un descuento a fin de mes que equivale al valor diario de optar por cuidar tu salud mental y física, sin mencionar los obstáculos que se presentan cuando llega la hora de validar las licencias médicas.
Como resultado, obtendremos una sumatoria aproximada de cuatro horas y media de “tiempo libre o de descanso” para desarrollar el “cambio cultural” que Sebastián Piñera espera del programa Elige Vivir Sano, que consta de cuatro ejes fundamentales: una mejor alimentación, actividad deportiva y de mantener el contacto con la naturaleza y la familia: “Es el instrumento más poderoso para vivir una vida más extensa, de calidad, plena y feliz, junto a nuestras familias y seres queridos”, como indicó el presidente durante la presentación de la reforma a la salud.
Por lo tanto, si este sistema permitiera una elección, si existiera la posibilidad de elegir vivir sano, cada trabajador tendría que distribuir sus horas de descanso, diarias, en actividades de un programa que no contempla el agotamiento físico y mental de los trabajadores, las labores domésticas, las eventualidades del día a día, la precariedad laboral y, por sobre todo, la baja calidad de vida que mantienen, sin elección, más de la mitad de los chilenos. | 
