"Profesionales de la violencia", "intransigentes", "pseudoestudantes", "ultras", "radicales", son algunos de los calificativos empleados en los reportes policiales y de espionaje político contra integrantes del movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga de la UNAM, en la cronología del CISEN.

El archivo de 60 cuartillas, que hoy es público, relata el transcurso de algunos de los acontecimientos más importantes en los que participaron estudiantes o autoridades de la Universidad, según la mirada de los grupos de espionaje y policiales del gobierno de Ernesto Zedillo. Los informes señalan el alcance de las movilizaciones, mítines, acciones de protesta y convocatorias del CGH, con otros sectores de la población y organizaciones sociales al interior del país.

También precisa de los diálogos y acercamientos del movimiento estudiantil o grupos de estudiantes o escuelas con otras universidades del país, sindicatos, normales rurales, movimientos sociales, maestros y población en general. El CISEN detalla la realización de distintos operativos realizados contra los estudiantes por parte del Estado Mayor presidencial y cuerpos policiales, con la intención de dispersar o azuzar sus protestas frente a instituciones de gobierno o sedes legislativas.

Este espionaje da cuenta casi día a día del ascenso de la represión, la intimidación, el acoso policial y otras acciones del gobierno en constante golpe para debilitar este movimiento, al mismo tiempo que señala y aumenta la criminalización contra estudiantes señalados en particular, por su nombre o apodo. Con esta criminalización, a partir del mes de mayo de 1999 y hasta el término de la huelga, el gobierno concentra su atención en lo que llama el "ala radical", identificada, catalogada y señalada por escuelas, grupos, nombres o planteamientos políticos.

Meses más tarde, detalla las acciones porriles empleadas por la Rectoría contra los planteles en huelga y los integrantes del CGH, como las tomas de Acatlán, orquestadas por Núñez Castañeda y la Rectoría. Con estos archivos se hace evidente que el gobierno se mantuvo dentro del movimiento estudiantil y en muchas escuelas en todo momento y que el CISEN actuó como agente paramilitar de "inteligencia", hasta febrero del 2000 para derrotar la lucha por la gratuidad universitaria.

Sin embargo, los archivos públicos no incluyen los informes de la persecución contra el CGH a partir del 2 de febrero y durante la ocupación militar del 6 de febrero del 2000, así como años posteriores, donde es sabido que Juan Ramón de la Fuente mantuvo el ataque contra los miles de estudiantes que participaron en esta lucha, implementando miles de sanciones contra exhuelguistas, ante el Tribunal Universitario.

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