La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institutional (Correpi) y dirigente de Poder Puplar, María del Carmen Verdú, participó este jueves de una nueva audiencia pública en Diputados en el marco del debate del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil presentado por el macrismo.
La abogada, de dilatada trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, fue convocada por la banca de la diputada Nathalia González Seligra del PTS-FIT.
Las definiciones de Verdú “Quiero agradecer a la diputada Nathalia González Seligra del Frente de Izquierda la posibilidad de estar aquí para exponer cuál es la posición de Correpi frente a este proyecto. Una posición que no hemos elaborado en la torre de marfil de la academia ni en despachos oficiales, sino a partir de la experiencia de tener más de dos décadas de militancia antirrepresiva”.
“Hoy es 25 de abril. Hace exactamente 28 años, a muy poquitas cuadras de aquí, agonizaba un pibe de 17 años de Aldo Bonzi después de haber sido detenido ilegalmente y torturado por la Policía Federal. Walter Bulacio iba a morir al día siguiente. Pero lo ocurrido esa noche, una semana antes entre el estadio Obras Sanitarias y la comisaría 35 iba a poner en primera plana las razzias, el sistema de detenciones arbitrarias y, muy particularmente, la forma en que estas herramientas represivas se aplican sobre niños, niñas y adolescentes”.
“Este congreso no fue ajeno al impacto de que, por primera vez en democracia, decenas de miles de jóvenes, de estudiantes, de chicos y chicas trabajadores y trabajadoras salieran a las calles para visibilizar esa represión sistemática, a través de las fuerzas estatales, sobre toda esa juventud empobrecida”.
“La respuesta que dio esta casa frente a ese reclamo fue formal e insuficiente. Apenas una tibia reforma a través de la Ley 23.950, la herramienta específica de la averiguación de antecedentes sin tocar los códigos de faltas ni los códigos contravencionales ni los edictos policiales, todavía vigentes en aquel momento en la Ciudad de Buenos Aires, hoy Código Contravencional de la Ciudad”.
“Convirtieron en ley una facultad policial a puro olfato que hasta ese momento estaba contenida nada más que en un decreto ley de la dictadura. Lo mismo hicieron los otros dos poderes del Estado. El Poder Ejecutivo derogó el Memo 40, la herramienta puramente policial que desde 1965 utilizaban en secreto para no despertar de noche a los jueces y juezas de menores ni a los fiscales ni a los defensores del fuero, liberándolos directamente a criterio del funcionario policial a cargo de la dependencia”.
“Y el Poder Judicial lo único que hizo, a través de una acordada (en ese momento tenían el ejercicio del Patronato de Menores por la ley 10.903) fue recordarle a la Policía Federal cuáles eran las normas entonces vigentes en materia de detención de menores”.
“Por cierto, desde el 18 de septiembre del año 2003 se sucedieron muchos gobiernos en nuestro país. Pero ninguno cumplió la parte más importante de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio que, precisamente, condenaba al Estado argentino a derogar, sin vueltas, sin matices, sin medias tintas todo el sistema de detenciones arbitrarias, con particular énfasis además en la situación de los niños, niñas y adolescentes”.
“Con el proyecto que hoy estamos aquí discutiendo estamos en una situación muy similar. Aunque en lo formal proclame el superior interés del niño, la niña o el adolescente, su implementación real va dirigida a una mayor criminalización, a más cárcel de esos pibes y esas pibas que son los mismos que se quedan sin escuelas porque las cierran o porque no consiguen vacantes”.
“Aunque el proyecto diga que la privación de libertad es la última ratio del sistema, el eufemismo de las sanciones socioeducativas y disciplinarias esconde la formulación previa. Para el poder son delincuentes potenciales. Es que el límite entre pibe o piba vulnerable y aquel en conflicto con la ley penal lo siguen poniendo los responsables de las dos situaciones”.
“A diario vemos cómo empeoran las condiciones de vida de la mayoría de nuestros chicos y chicas. Vemos cómo las políticas oficiales las y los arrojan a la calle por miles para buscar el sustento que debería estar garantizado por ese mismo Estado. Un estado que, encima, en la Ciudad de Buenos Aires, gasta esa plata no en darles de comer sino en poner cierres electrónicos a los contenedores para que queden excluidos hasta de la basura”.
“En Correpi contamos a diario sus cuerpos y anotamos sus nombres, porque la mayoría de las personas asesinadas por el gatillo fácil en los barrios o muertas en lugares de detención por la tortura u otros métodos son, a lo sumo, adolescentes”.
“A pesar del muro de silencio y de naturalización, tenemos registrados en nuestro archivo de casos centenares de niños, de niñas, de adolescentes de menos de 17 años muertos en lugares de detención. Muchos, como Germán Medina (Instituto Roca, 2007) ni siquiera tenía una imputación penal, estaba ahí para cuidarlo, para protegerlo a la espera de que la Sennaf le diera una plaza para un tratamiento que necesitaba, psicoterapéutico y psiquiátrico”.
“Ni hablar de las comisarías, donde la excusa oficial cuando hay algún reclamo es ’parecía mayor de edad, no nos dimos cuenta que tenía menos de 18 años’. Así pasó, por ejemplo, en Morón con Sergio Durán”.
“Y si no encuentran la muerte, estos pibes y estas pibas presos lo seguro es que van a ser violentados y violentadas física, psíquica y sexualmente. Así lo denuncian a diario los trabajadores y trabajadoras no carcelarios del sistema”.
“Este es un proyecto que, necesariamente, tenemos que mirar en contexto. En esta Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se promueve la punibilidad y la cárcel de niños y niñas de quince años, el Gobierno de la Ciudad se propone construir una megacárcel en Castañares y Bonorino, con el pomposo nombre de Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socioeducativa. Claro, de paso van a desafectar los actuales institutos, el San Martín, el Roca, el ex Inchausti, etcétera; que ya han sido transferidos de Nación a Ciudad. Y así van a combinar un fabuloso negocio inmobiliario con el mayor punitivismo”.
“Este es un proyecto que nos exige responder la pregunta de por qué la única respuesta que el Estado da a los pibes y pibas de los barrios es la respuesta represiva, la respuesta criminalizadora, a través de la militarización, del hostigamiento, del verdugo constante, de las detenciones arbitrarias y del crecimiento exponencial de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención que bajo de esta gestión de gobierno han llegado al récord absoluto de una muerte cada 21 horas”.
“Es un proyecto que llega a este Congreso Nacional al mismo tiempo que el del Código Penal. Y no es casualidad que vengan de la mano un proyecto que busca mayor carcelación y mayor punibilidad de niños y niñas y otro que busca consagrar normativamente la impunidad exante de cualquier funcionario de una fuerza de seguridad que dispare por la espalda a esos mismos chicos y chicas vulnerables y desarmados”.
“La convalidación legislativa de la Doctrina Chocobar que propone el artículo 34 del proyecto de Código Penal es el complemento lógico de este proyecto de Régimen Penal Juvenil. Quieren terminar no con la pobreza infantil, quieren terminar con el piberío pobre”.
“La orden de las fuerzas de seguridad de disparar contra cualquiera, en cualquier circunstancia, con confianza en que jueces y fiscales van a cerrar las causas con tanta rapidez como suenan los disparos, nos dice también que los pibes y pibas que logren esquivar esos balazos tendrán como última alternativa la criminalización y el encierro”.
“Todo este debate sobre la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes trata, en realidad, de cómo exterminarlos en el mayor número y al menor costo posible. Y que los que queden vivos queden bien disciplinados, que sirvan de mano de obra esclava para el negocio de la criminalidad policial en los barrios y que tengan también claro que, si se rebelan, si se llegan a atrever a decir que no, viene la bala o les puede pasar como a Luciano Arruga”.
“Son chivos expiatorios de la gran crisis. Trabajo esclavo, reclutamiento policial, soldaditos narco, consumidores consumidos, muertos vivos de la acumulación financiera”.
“Este proyecto forma parte de la campaña electoral, en la que el gobierno de Cambiemos, imposibilitado como está de mostrar cualquier otro logro proselitista, eligió la demagogia punitivista como su principal herramienta. Ponen todas las expectativas electorales en el ’voto bala’ y el ’voto cárcel’. Es el eje central de su campaña electoral y cargan contra nuestros niños y niñas al mismo tiempo que hipotecan su futuro y el de todos y todas a largo plazo con el Fondo Monetario Internacional”.
“Nos quieren imponer un falso debate, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de esos miles de jóvenes asesinados por el aparato represivo estatal. No quieren que se vea que, mientras vivamos en este sistema clasista, niños, niñas y adolescentes seguirán muriendo por el gatillo fácil, seguirán desapareciendo en los barrios o serán brutalizados, torturados y asesinados en los reformatorios, que seguirán siendo eso aunque les pongan un cartelito que diga ’Centro de Reeducación y Reinserción’ o cosa parecida”.
“Y, por supuesto, mientras los encierren y las encierren en esas cárceles especiales, mientras las balas sigan silbando, ellos y ellas van a seguir siendo pobres”. |
